El Ministerio Público Fiscal quiere modificar y extender por un año los plazos legales de duración máxima de la prisión preventiva. Esto generó un fuerte rechazo de la izquierda, organismos de Derechos Humanos y abogados penalistas
Martes 19 de mayo de 2020 19:12
El jefe de los fiscales, José Gerez, defendió este martes en la Legislatura de Neuquén, un proyecto para modificar la ley y extender por un año los plazos legales de duración máxima de la prisión preventiva.
El fundamento es que la emergencia sanitaria se va a prolongar en el tiempo y por lo tanto no se podrán realizar juicios orales. Como consecuencia, se vencerán las prisiones preventivas de los imputados.
El Código Procesal de la provincia de Neuquén, indica que las prisiones preventivas no pueden durar más de un año y que, vencido ese plazo, no se podrá decretar una nueva medida de coerción privativa de la libertad.
Desde la Asociación de Pensamiento Penal del Comahue aseguran que no es la primera vez que el Ministerio Público Fiscal quiere modificar el Código Procesal Penal y busca “soluciones que atentan contra la libertad de personas que mantienen su estado de inocencia procurando la extensión de la medida más represiva que tiene el sistema penal, esto es la prisión preventiva”.
En este sentido, denuncian que “encarcelar inocentes ya es una medida excepcionalísima que tiene fines procesales específicos, y por ello tiene un plazo máximo legal que prohíbe al Estado prolongar la privación de libertad más allá del año”. Por esto, explican que aplicar “excepcionalidad” a una medida que ya es “excepcionalísima” implica “desconocer y suspender derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas de Neuquén”.
Aplicar “excepcionalidad” a una medida que ya es “excepcionalísima” implica “desconocer y suspender derechos y garantías
El Frente de Izquierda rechazó el proyecto “de privación de la libertad”. Andrés Blanco aseguró que “con la excusa de la pandemia, busca suspender todas las garantías y el derecho a la libertad e imponer una nueva reforma del código procesal penal para dar mayor poder punitivo del Estado”.
Además, denunció que la extensión de la prisión preventiva “deja a la luz la propia ineficacia de la fiscalía”. Y aseguró que hay otras alternativas: “No hay impedimentos, teniendo en cuenta la flexibilización de la cuarentena, para no realizar los juicios orales con los resguardos y protocolos necesarios”, increpó al Fiscal.
No hay impedimentos, teniendo en cuenta la flexibilización de la cuarentena, para no realizar los juicios orales con los resguardos y protocolos necesarios
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Natalia Hormazabal, aseguró que en medio de la pandemia “ la Corte Interamericana por los Derechos Humanos ha instado a los Estados a encontrar otras medidas para las personas privadas de la libertad, como alternativa a la prisión preventiva. Es evidente que esto es negado por el Ministerio Público Fiscal".
Además, denunció el grave problema sanitario de las cárceles. "Son un foco de contagio, no sólo para la población carcelaria. Y los presos y presas no se despojan de sus derechos a la salud y a la vida cuando ingresan a esos establecimientos”.
La intencionalidad de Gerez es avanzar en una nueva reforma regresiva del código procesal penal
Hormazabal aseguró que “habiendo otras alternativas posibles ante los vencimientos de las prisiones preventivas, queda en evidencia que la intencionalidad de Gerez es avanzar en una nueva reforma regresiva del código procesal penal”.
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Por otra parte, la defensora oficial Ivana Dal Bianco señaló que cuando se habla de prisión preventiva se está hablando del "encarcelamiento de personas inocentes, porque así lo son hasta que se demuestre lo contrario”. Y que “la privación de la libertad significa además, la privación de muchos derechos que van acompañados de eso. Significa que la gente esté en muchos casos en lugares con condiciones deplorables. Compartiendo cuartos, lugares muy inhóspitos, compartiendo baño, y eso quiere decir que también se afecta el derecho a la intimidad”.
La privación de la libertad significa además, la privación de muchos derechos que van acompañados de eso.
También, insistió en la aplicación de otras medidas. “Hay otras medidas alternativas, como la prisión domiciliaria, que se podría aplicar, como medidas de coerción diferentes. Pero, sin embargo, lo que se tiende a hacer es a privar uno de los principales derechos que es el derecho a la libertad”.
