En pocos meses la máxima instancia del Poder Judicial dictó varias sentencias a favor del gran empresariado. En una de ellas atacó directamente la organización de los trabajadores del Subte.
Mirta Pacheco @mirtapacheco1
Sábado 23 de junio de 2018
En marzo de este año la Corte Suprema dictó un fallo que anula la personería gremial del sindicato de los trabajadores del subte (AGTSyP). Esta sentencia cobró relevancia porque el sindicato, mayoritario entre los trabajadores, venía tomando medidas de fuerza exigiendo poder discutir paritarias. Hay que recordar que la UTA había firmado el 15% de aumento exigido por el Gobierno. Esto ocurrió antes de que le estallara la crisis económica, acuerdo con el FMI mediante.
En esa oportunidad fueron los “supremos” Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, los firmantes del fallo que favorecía a la burocracia sindical de la UTA, a Metrovías y al Gobierno de la Ciudad.
Como la AGTSyP cuenta con la inscripción gremial, un fallo en primera instancia del juzgado en lo Contencioso y Administrativo y Tributario N° 2, reconoció recientemente que ese sindicato tenía la potestad para discutir paritarias. Sin embargo el mismo fallo, en un claro intento por limitar el derecho a huelga, le ordenaba al sindicato que mientras estuvieran en pie las discusiones no podía realizar medidas de fuerza.
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En el mes de abril, la CSJ volvía a arremeter contra los trabajadores. Se trató, en esa oportunidad, de un fallo que relativizó la figura de locación de servicio. La resolución del máximo tribunal dejaba sin efecto una sentencia de la Sala VII de la Cámara Laboral que había declarado la existencia de fraude laboral en la contratación de un médico neurocirujano del Hospital Alemán.
La institución hospitalaria había negado la relación de dependencia existente con el médico, que facturaba por su trabajo. Una relación que, valga la aclaración, se había extendido por años.
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Este fallo atacaba los derechos de los trabajadores. En este caso lo hacía cuestionando un tipo de relación laboral que se ha extendido ampliamente en el país. Bajo la figura de monotributista se encuentran alrededor de 1.500.000 personas. Una parte enorme son trabajadores en relación de dependencia a las que las mismas patronales les imponen esa condición para flexibilizar la relación.
Pero, no hay dos sin tres
Este viernes 22 otra sentencia volvió a dejar a la luz el ADN de quienes detentan el poder de emitir fallos que afectan la vida de millones.
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Esta vez cuestionó la indemnización integral a un trabajador que sufrió un “accidente laboral” en el 2011. Trabajando en una enfardadora de papel, la prensa le ocasionó una herida, que más tarde se engangrenó y obligó a la amputación del pie.
La instancia anterior, la Cámara Laboral, aseguró que la ART no cumplió con sus deberes de seguridad y prevención. Pero los ministros de la Corte -basándose en informes de los médicos del centro de salud que atendieron al operario- opinaron que la responsabilidad de la pérdida del miembro inferior era del trabajador. Bajo esa premisa negaron la indemnización integral reclamada por él.
Este fallo fue firmado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda con el voto en disidencia de Horacio Rosatti. El mismo es directamente funcional a la política de Cambiemos de limitar lo que Macri y su gobierno llaman “la industria del juicio” en referencia a los justos reclamos obreros contra la desidia patronal.
Esa avanzada constituye parte del paquete de la reforma laboral que pretenden imponer. Reforma por la cual bregan tanto los grandes empresarios como el Fondo Monetario Internacional.
Tres fallos, en 6 meses, que atentan contra la libre organización y los derechos laborales de los trabajadores. Como vemos, la Corte Suprema imparte “justicia” de clase. Esa a la que pertenece y para la cual gobierna Cambiemos.
