Reconocer que estos actos constituyen una forma específica de violencia hacia la mujer se hace insuficiente si no se reconoce el carácter político sexual de estas agresiones y actos deshumanizantes, que llegan a la persecución de los responsables materiales, pero no de los responsables políticos de el montaje de estos aparatos represivos del Estado, ni de la violencia político sexual ejercida.
Sábado 2 de octubre de 2021
A 15 años y un día de presidio corresponde la condena de los agentes de la DINA, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Manuel Rivas Díaz y Hugo del Tránsito Hernández Valle, en calidad de autores de los delitos reiterados de secuestro calificado y aplicación de tormentos contra 10 detenidas y detenidos en el centro clandestino conocido como “ Venda Sexy”, en la comuna de Macul, entre 1974 y 1975.
La Sala presidida por la ministra María Rosa Kittsteiner e integrada por la ministra (S) Paula Merino y Paola Herrera, dictó sentencia definitiva de segunda instancia. En consecuencia, confirmaron lo resuelto por el ministro Mario Carroza en su sentencia de noviembre último, cuyo dictamen sentó precedente porque, por primera vez un tribunal aplica perspectiva de género por vejámenes sexuales y la responsabilidad agentes del Estado contra prisioneras en dictadura.
Un hecho histórico en la incorporación de la perspectiva de género en el fallo del tribunal, ya que los vejámenes sexuales fueron considerados como una forma específica de violencia hacia la mujer.
Reconocer que estos actos constituyen una forma específica de violencia hacia la mujer se hace insuficiente si no se reconoce el carácter político sexual de estas agresiones y actos deshumanizantes, que llegan a la persecución de los responsables materiales, pero no de los responsables políticos de el montaje de estos aparatos represivos del Estado, ni de la violencia político sexual ejercida.
El centro de detención "venda sexy", ubicado en macul era un centro clandestino donde se torturaba brutalmente a mujeres, predominando las agresiones sexuales, también era llamada "la discoteca" por los agentes de la DINA, en su jerga debido a que ponían un tocadiscos fuerte para ocultar el horror al que eran sometidas las militantes que fueron apresadas ahí.
Para Beatriz Bataszew, una de las demandantes, el fallo “tiene un valor importante, pero tiene limitantes. Entre las principales, que no se considera el elemento político de esta violencia. Eso significa que se juzga a quienes cometieron los actos, pero no a quienes orquestaron este instrumento de terrorismo de Estado. Es decir, no juzga a la autoridad política”. “Hay un avance en el sentido que se avanza en verdad, pero no consideramos que sea justicia un acto que se ejecuta casi medio siglo después. Si la justicia no es oportuna, no es justicia”, dice.
