El juez Luis Salas, condenó a tres años de prisión en suspenso a un policía tras la detención ilegal de cuatro personas ocurrida en el año 2007.
Alan Gerónimo @Gero_chamorro
Jueves 13 de abril de 2017 12:35
El ex policía Pablo Romero fue sentenciado a tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación por el delito de privación ilegal de la libertad agravada por su condición de funcionario público en abuso de sus funciones. Tras diez años de juicio en el día de ayer se llego al veredicto final.
Los hechos
El sitio fiscales.gob.ar cuenta que en la madrugada del 28 de febrero del año 2007 cuatro trabajadores de una empresa de limpieza terminaron su jornada laboral y, tras retirar de un cajero automático su sueldo, fueron a un bar a tomar una cerveza. Después de unas horas, y dado que en el lugar ya no expendían más bebidas alcohólicas porque se estaba sirviendo el desayuno, los cuatro se retiraron a un pool en las inmediaciones del shopping Abasto.
Ya entrado el mediodía, los cuatro partieron por la calle Agüero en dirección a Corrientes para regresar a sus hogares. Al llegar a la boca de la estación Carlos Gardel del subte B, los tres hombres notaron un tumulto y vieron a su amigo con una herida en la cabeza, quien aseguró que se la causó una persona (el imputado Romero, que se encontraba de civil y fuera de servicio) después de que él le pidiera fuego para prender un cigarrillo. Tras el incidente, Romero salió corriendo en dirección a Agüero seguido por los cuatro trabajadores, y entró al shopping por un acceso de personal de seguridad, en donde había un policía parado en la puerta.
Mientras los cuatro trabajadores le pedían al agente que fuese a buscar al agresor, llegó al lugar un patrullero de la Comisaría 9° que llevó detenidos a tres de ellos, mientras una ambulancia transportó al herido al hospital Ramos Mejía para curar su lastimadura y luego depositarlo en la misma dependencia policial que sus tres compañeros. Allí, los cuatro permanecieron incomunicados y fueron trasladados al día siguiente a la Unidad 28 del Centro de Detención Judicial en el Palacio de Tribunales, donde permanecieron un día más. Al tercer día, las víctimas aseguran haber sido trasladadas a una cárcel cuya ubicación no recuerdan, y donde fueron liberados 72 horas después de su detención.
La mentira policial
Romero declaró que se encontraba fumando en la boca del subte cuando los cuatro hombres junto a una quinta persona sin identificar quisieron robarle su mochila con un arma blanca. Según su relato, tras repeler la agresión, huyó hasta la entrada del Abasto al momento en el que un móvil policial circulaba por la zona.
La fiscal general Cuñarro pudo probar que se trató en realidad de un caso de privación ilegal de la libertad agravada por abuso de funciones de un oficial de la Policía Federal, hoy en la Metropolitana. Para ello, comenzó su alegato señalando que Romero agredió de civil con un arma a una persona, les imputó a los cuatro falsamente un delito, se hizo cargo de un procedimiento policial, y que aún en el supuesto caso de haber sido víctima de un delito, no dio intervención a otra fuerza de seguridad ni entregó el arma que usó para defenderse.
La representante del Ministerio Público Fiscal encontró como agravantes el obrar abusivo, los días de detención de los cuatro jóvenes y los descuentos laborales que sufrieron por ello, los dos años que duró el proceso, el trato recibido y la falta de arrepentimiento por parte de Romero. En su alegato, también señaló que el imputado utilizó a sus propios compañeros de fuerza, móviles policiales y del SAME y personal médico para encubrir su actuar delictivo.
La fiscal pudo señalar que el alegato del agresor carecía de sustento ya que nunca se constató que había una quinta persona, ni la existencia de un arma blanca.
Además los peritos demostraron que la herida sufrida en uno de los trabajadores fue producto del arma reglamentaria portada por Romero lo que podría haber ocasionado un disparo accidental en una zona altamente poblada como lo son las inmediaciones de las calles del Abasto.
Causas armadas
Ya dimos cuenta el accionar policial en el armado de causas. Asi lo puede contar Claudio Castro en la entrevista realizada por este mismo diario, donde cuenta crudamente como la maldita policía bonaerense lo acusa falsamente de asesinar un capitán de la policía en el año 2014.
Otro de los casos ya reconocidos es el caso de Fernando Carrera que se hizo película. Enrique Piñeyro realizó el documental “El Rati Horror Show” donde demuestra como en el año 2005 la Policía Federal intento de inculparlo del asesinato de a dos mujeres y un niño. La policía le disparo 25 balazos de los cuales se pudo sobreponer y tras años de estar encarcelado injustamente en el año 2016 fue absuelto.
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El armado de causas como los casos de gatillo fácil por parte del aparato represivo estatal no son responsabilidad de una sola persona, no es "un loquito suelto", es toda una institución junto al poder judicial que avala y encubre el accionar policial. Son miles las causas armadas, y el Estado con la nueva modificación de la ejecución de la pena o la ley de flagrancias seguirá avalando sistemáticamente este modus operandi.
La Coordinadora Contra la Violencia Institucional (Correpi) informa que en lo que va del 2017 cada 25 horas un pibe es asesinado en los barrios por las fuerzas represivas.
