Díaz Cáceres y González Montes de Oca fueron considerados coautores de homicidio doblemente agravado. Un caso de gatillo fácil en la provincia de Manzur.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Martes 5 de octubre de 2021 15:15
A las 15 comenzó la lectura de la condena a los policías que dispararon por la espalda y asesinaron a Facundo Ferreira en Tucumán. Los policías Mauro Gabriel Díaz Cáceres y Nicolás Javier González Montes de Oca fueron condenados a prisión perpetua por el crimen del niño de 12 años ocurrido el 8 de marzo de 2018. Además se dictó la prisión preventiva para ambos por el término de seis meses o hasta que la condena quede firme.
El tribunal de la Sala I de la Cámara Conclusional -integrado por Wendy Adela Kassar, María Fernanda Bahler y Emilio Páez de la Torre- consideró a ambos coautores de homicidio, doblemente agravado por alevosía y por el ejercicio abusivo de la función de los miembros de la fuerzas de seguridad, agravado por el uso de armas de fuego e incumplimiento de deberes de funcionario público.
El tribunal rechazó hacer lugar a una investigación por encubrimiento a Diego Darío Lescano. El entonces oficial principal, hoy subcomisario, fue señalado por la querella como quien dirigió las maniobras para alterar la escena del crimen.
Gatillo fácil en la Tucumán de Manzur
Desde un primer momento hubo un respaldo del Gobierno de Juan Manzur a la versión policial de un enfrentamiento donde los menores iniciaron los disparos y los uniformados actuaron en defensa propia. El ministro de Seguridad provincial Claudio Maley fue el vocero de esta versión que contrastaba con los testimonios y las primeras pruebas, afirmando que “no se trató de un caso de gatillo fácil, ya que los agentes actuaron contra un claro ataque y contra una agresión; como es su deber y obligación”. Maley coincidió en los mismos términos con la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que habló en los medios de menores armados y disparando, volviendo a su “doctrina Chocobar” para justificar la violencia policial.
Los ministros de Macri y Manzur fueron desmentidos por las imágenes de las cámaras de seguridad, donde se ve cómo los policías manipularon la escena del crimen mientras Facundo agonizaba sin ser asistido. Durante el juicio se mostraron las pruebas de que los policías dieron aviso a la justicia una hora y media después y el niño fue ingresado a un hospital con un nombre falso y como mayor de edad. Los peritajes confirmaron que los tiros habían provenido del lado de los policías (Díaz Cáceres realizó seis tiros y Montes de Oca tres) y fueron realizados a corta distancia.
Con todas esos hechos sobre la mesa, Manzur nunca se pronunció públicamente sobre el caso pero los abogados de los policías continuaron siendo pagados por el Gobierno. El juez Maggio -nombrado por Manzur pese a ser abogado de genocidas- negó las prisiones preventivas, por lo que Díaz Cáceres continuó cumpliendo otras funciones en el 911 y Montes de Oca solo fue detenido tras robar una cartera. En febrero del 2020, Malvina Ferreira, tía de Facundo, denunció: “el gobernador nos quiere hacer callar con casas, poniéndonos una panadería” y durante el juicio Mercedes, la abuela de Facundo, ratificó ese ofrecimiento durante una reunión con Maley.
