Padres y familiares de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 responden a los informes oficiales y de cara al informe que dará el presidente López Obrador el próximo 3 de julio.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Jueves 27 de junio
Durante la conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en acompañamiento del abogado Vidulfo Rosales y un representante del Centro, presentaron 3 puntos claves frente a la nueva información sobre el caso así como sus exigencias ante las recientes declaraciones del presidente López Obrador y en visperas del nuevo informe que se emitirá el próximo 3 de julio.
El primer punto refirió a la demanda de los padres de que se integren cerca de 800 folios que se encuentran a manos del Ejército, los cuales, a pesar de que AMLO asegura que ya se han entregado, la Secretaría de Gobernación solo hizo llegar 15 al centro CEPRODH. Aún así, esta información limitada muestra indicios importantes para la investigación, como los mensajes de un equipo Blackberry intervenido por la Drug Enforcement Administration (DEA) en donde se evidencia la connivencia entre grupos del narcotráfico con el Batallón 27 de Iguala y se reafirma la necesidad de que sea presentada la información completa e íntegra de los mencionados folios.
Así mismo, plantearon que la responsabilidad hacia el Ejército "no es una necedad ni por intereses políticos" sino que hay un precedente de las irregularidades antes y después de la Noche de Iguala, citando el caso de infiltración a la Normal Rural Isidro Burgos y la presencia de militares vestidos de civiles la noche del 26 de septiembre de 2014, realizando operaciones de “búsqueda y recuperación de información”.
La historia del ejército mexicano está signada por su participación en brutales hechos represivos al servicio de caciques, terratenientes y la cúpula política, por ello los cuestionamientos a las Fuerzas Armadas no son algo nuevo ni exclusivo de este caso.
En lo que refiere al segundo punto clave, los padres de los normalistas informaron que fueron notificados de que la Fiscalía General de la República tiene en su poder 5 haplotipos (conjunto de marcadores genéticos o variaciones del ADN estrechamente relacionados presentes en un cromosoma) para iniciar un análisis de identificación mitocondrial de 5 muestras.
Frente a esto, los familiares fueron alertados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de que la prueba que tendría que realizarse debe ser un análisis nuclear y que anteriormente la prueba mitocondrial fue realizada para identificar a uno de los normalistas y dicha prueba arrojó un falso-positivo.
Referente al tercer punto, el representante del CEPRODH mencionó que hay un testigo de identidad reservada, el cual es el único que expuso que ingresaron 25 de los 43 normalistas al Batallón 27 posterior a ser desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
Con esta nueva información, los padres no dudan que haya posibilidades de que el gobierno busque cerrar el caso de manera no contundente, dándoles así "un carpetazo", por lo que también su exigencia va a reincorporar al GIEI a la investigación y que se deje de fuera al Ejército, así como el cese al hostigamiento al abogado Vidulfo Rosales y a los propios padres por parte del gobierno de AMLO.
