Matrimonio Igualitario. Congreso de Yucatán rehúsa reaprobar matrimonio igualitario

La propuesta fue presentada el día de antier por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para modificar el Artículo 94 de la Constitución Yucateca, la cual dice:

“El matrimonio es una institución por medio del cual se establece la unión jurídica de un hombre y una mujer […] con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada. […] El concubinato es la unión de un hombre y una mujer, quienes libres de matrimonio, viven como esposos y pueden generar una familia, en los términos que fije la ley”.

Esta redacción cuasi-medieval fue patrocinada por la Red Pro Yucatán, una organización de extrema derecha que en 2009 obtuvo 9,700 firmas para que se modificara la ley y restringiera el matrimonio exclusivamente a las parejas heterosexuales. Actualmente, la Red Pro Yucatán es integrante de la asociación antiderechos Frente Nacional por la Familia; en su página web se declaran abiertamente en contra de “la ideología de género” y el aborto, incluso haciendo un burdo intento de imitar a sus homólogos argentinos colocando una bandera celeste con la leyenda de “salvemos las dos vidas”.

En su momento, el argumento que utilizaron los diputados yucatecos para aprobar dicha medida reaccionaria fue que “todavía no hay condiciones adecuadas en la entidad y en la sociedad yucateca para permitir enlaces entre gente del mismo sexo”. Actualmente, si una pareja del mismo sexo desea casarse en Yucatán, debe recurrir a un amparo para que intervenga la ley federal; así lo han hecho cerca de 100 parejas que fueron rechazadas de contraer matrimonio frente al registro civil yucateco.

La medida fue aprobada en 2009 por unanimidad de los diputados del PAN, PRI, Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) con la sola excepción de una diputada del PRD. Hoy, una década más tarde, se pretendió dar marcha atrás a esta situación, pero la Mesa Directiva del Congreso de Yucatán —integrada por los priístas Enrique Castillo Ruz (presidente de la mesa) y Lila Frías Castillo (secretaria) y los panistas Rosa Adriana Díaz Lizama (vicepresidente) y Víctor Sánchez Roca (secretario)— dictaminó que la sesión votaría “en secreto”, es decir, a puerta cerrada para que “diputadas y diputados puedan manifestar sin ningún tipo de presión social y en total libertad su voto sobre la iniciativa”, razón por la cual se pidió la retirada de medios de comunicación que pudieran evidenciar qué legisladores votaban a favor y en contra.

Esta situación no puede evitar reminisencias de las posturas expuestas en el congreso de Nuevo León, que aprobó una reforma al artículo 1° de su constitución estatal para penalizar el aborto. En ambos casos se ve un ataque a los derechos de las mujeres y la comunidad sexodiversa propiciados por organizaciones religiosas y de derecha, con el Frente Nacional por la Familia a la cabeza de estas iniciativas.

Frente a la organización de la derecha a escala nacional, que ataca los derechos de los sectores sociales más vulnerables, es necesaria la organización y alianza de la comunidad sexodiversa y el movimiento de mujeres, siendo miles en las calles quienes exijan una separación efectiva entre la Iglesia y el Estado y en defensa de sus derechos, como ya lo han demostrado las mujeres que encabezan las huelgas del SITUAM y del movimiento 20/32 en Matamoros, donde han sido ellas las que han estado al frente de la organización y sostenimiento de los paros, codo a codo con sus compañeros, y que en el caso de Matamoros, han logrado que se cumplan sus demandas.

Bajo esa perspectiva es que desde La Izquierda Diario México creemos que puede darse marcha atrás a los ataques de la derecha.