Nacional. Congreso, partidos políticos tradicionales y gobierno por el suelo: ¿es legítimo un “proceso constituyente” desde estas instituciones?

Ya prácticamente nadie de la población del país apoya a Sebastián Piñera, quien cuenta con la aprobación de un paupérrimo 6%, mientras el 82% rechaza su gestión, según la última encuesta publicada por el Centro de Estudios Públicos (CEP). Los cuestionamientos a su figura venían desde antes del estallido social, y se expresaban también en la desaprobación hacia sus principales “reformas estructurales”, pero tras la rebelión popular el repudio hacia su persona se acrecentó de manera considerable.

La última encuesta CEP, además de arrojar un histórico rechazo a Piñera, dejó en evidencia el paupérrimo apoyo que tienen las principales instituciones del Estado por parte de la población, algo que refleja la profunda crisis que enfrenta el régimen heredado de la dictadura y el cuestionamiento por parte de la aplastante mayoría del país.

¿Cuánta confianza tienen las personas hacia las siguientes instituciones? En el caso de Carabineros solo tiene un 17%; las Fuerzas Armadas un 24%; la Policía de Investigaciones un 25%; la Iglesia Católica un 14%; la Iglesia Evangélica un 17%. Por su parte, el gobierno tiene un 5% de confianza; el Congreso, un 5%; los partidos políticos del régimen, un 2%; tribunales de justicia, 8%.

Ante la pregunta, “Con qué frecuencia cree usted que los carabineros violaron los derechos humanos durante la crisis que comenzó en octubre de 2019”, el 64% de las y los encuestados manifestó que “muy frecuentemente/frecuentemente”, mientras que el 24% señaló “a veces”.

Sobre las razones del estallido social se encuentran: “la alta desigualdad de ingresos” (38%), seguido por “las bajas pensiones” (16%) y “el alto costo de la vida” (16%).

En cuanto a la creación de una “nueva Constitución”, el 67% expresó que la aprueba y un 13% la rechaza. En este mismo ítem, el 56% plantea que esta “nueva Carta Fundamental” “probablemente ayude a resolver los problema”.

Si las principales instituciones del régimen, como el Congreso, los partidos políticos tradicionales, o el propio gobierno, no tienen legitimidad ante la población y poseen una aprobación que está por el suelo, cabe preguntarse ¿por qué un “proceso constituyente” liderado y propuesto desde estas instituciones sería beneficioso para el conjunto del pueblo trabajador, sectores popualares, juventud, mujeres, pueblo mapuche?

Ya han pasado dos meses desde que se firmó el “Acuerdo por la paz y la Nueva Constitución” desde la UDI hasta los principales partidos del Frente Amplio, y lo que vemos hoy en día es toda una operación desde el régimen por desviar el cuestionamiento abierto el 18 de octubre, a través del “proceso constituyente”, una política que busca, principalmente, mantener intacta la herencia heredada de la dictadura y contener todo tipo de cuestionamiento más profundo al Chile capitalista y neoliberal de los “30 años”.

En el caso de Chile Vamos la mayoría de los parlamentarios de la UDI y RN están articulando la campaña por mantener la Constitución impuesta en dictadura, y respecto a la “oposición” los partidos de la ex Concertación, el Partido Comunista y el Frente Amplio alistan sus propios comandos electorales de cara al plebiscito de abril, como el que anunciaron las juventudes del PC y el Partido Humanista.

Si bien, desde el régimen quieren hacernos creer que la población decidirá sobre los problemas estructurales del país y cómo resolverlos, que será una participación real por medio del plebiscito de abril, lo cierto es que la propuesta de “proceso constituyente” es un acuerdo que unifica a la derecha y ex Concertación, a la cual se subordina el PC, el Frente Amplio y los sectores “díscolos” que se salieron de esta última coalición, pero que mantienen la ilusión de poder “incidir” e “izquierdizar” el proceso constitucional. Conocida es la principal herramienta de este engaño, como son los 2/3 y el poder de veto que entrega a la derecha y sectores pro empresariales, para impedir que se discuta y resuelva sobre cualquier temática que ponga en riesgo sus negocios y al régimen de la dictadura; tan así que en el plebiscito de abril se elegirá entre una convención constitucional con mitad parlamentarios cuestionados y mitad “representantes de la ciudadanía”, o una convención donde el 100% sean “representantes electos” por las personas, pero no podremos votar sobre si queremos o no que se ejerza la trampa de los 2/3, o si estamos de acuerdo o no con que se prohíba modificar los tratados internacionales vigentes, algo que ya acordaron los partidos del régimen para asegurar que los tratados de libre comercio por los que Chile está sujeto a los grandes monopolios transnacionales y los intereses del imperialismo, sigan intactos.

Entonces, ¿es legítimo un “proceso constituyente” que emana y se propone desde las mismas instituciones que son ampliamente cuestionadas por el conjunto de la población? ¿Podremos obtener buenos resultados de una iniciativa como esta, si su base se centra en el veto de sectores minoritarios, en prohibir desde el inicio la discusión sobre problemas estructurales, en impedir que la juventud que “despertó a Chile” pueda participar, si proviene desde la “cocina parlamentaria”?

Hoy estamos en una encrucijada. Los poderosos quieren que todo el esfuerzo, sacrificio, entrega y energía con la que millones de jóvenes, mujeres y trabajadores impulsamos una de las rebeliones más importantes de la historia de Chile, sirva de moneda de cambio para relegitimar su dominación con una nueva Constitución que no derribe los pilares fundamentales del Chile neoliberal heredado de la dictadura, profundizado por la derecha y la Concertación. Quieren cambiar algo para que nada cambie. Un nuevo fraude histórico.

En la calle cuestionamos todo porque queremos decidirlo todo. Este proceso es lo contrario. Una trampa que será tutelada por los grandes empresarios y sus políticos para asegurar que los pilares de esos treinta años se mantengan en pie. Los partidos del Frente Amplio dicen que es un avance porque obligaría a discutir una "Constitución mínima” para luego poder hacer modificaciones legales. ¿Pero en qué movilización se planteó la demanda de una Constitución pactada, que deje en pie todo el entramado institucional y económico heredado de la dictadura? No es por esto que hemos dado todo en la calle. El Partido Comunista y los partidos que rompieron con el Frente Amplio apuestan a mejorar el acuerdo en el parlamento con movilizaciones de presión, pero no dicen que para eso se necesitan los votos de la derecha en el Senado, la misma que está haciendo campaña por mantener la actual constitucional.

Ahora dicen que el plebiscito es una oportunidad histórica, porque se podrá poner fin la Constitución de Pinochet. Pero no dicen que en la papeleta no está la opción de una verdadera Asamblea Constituyente sin veto de la derecha. En el plebiscito nos preguntan todo, menos lo fundamental. ¿Vamos a aceptarlo como hecho consumado porque una cocina cerrada y un parlamento totalmente ilegítimo así lo definieron? Además los estudiantes secundarios no podrán siquiera participar. ¿Cómo va a ser democrático un plebiscito así?

Es por esto que para conquistar una Asamblea Constituyente realmente libre, donde podamos discutir todo sin limitaciones; realmente soberana, en donde no haya ningún poder del Estado que esté sobre ella, sin vetos y sin la tutela; y realmente democrática, en donde puedan participar los mayores de 14 años, con representantes electos cada 20 mil electores, que sean revocables y ganen lo mismo que un trabajador calificado; no hay otro camino que enfrentar la trampa de este proceso constitucional a través de la movilización popular e imponer una salida democrática favorable a los trabajadores y el pueblo.

En un momento en donde la derecha hará campaña del terror para defender la Constitución de Pinochet, y la oposición aprovechará de hacer demagogia para embellecer la trampa de la cocina; es fundamental tener una posición independiente, que partiendo por hablar con claridad, de cara a los trabajadores y el pueblo, denuncie la trampa que significa el proceso constitucional de la cocina y plantee la necesidad de enfrentarla, utilice todas las vías para impulsar una campaña por la Asamblea Constituyente Libre y Soberana, planteando la necesidad de un plan de lucha para conquistarla.

Para esto debemos golpear donde le duele a los grandes empresarios. Nunca se nos puede olvidar que fue el 12 de noviembre, cuando se mostró la fuerza de la clase trabajadora a través de la huelga general y se unificó masivamente con la juventud y el pueblo en la protesta popular, es que temblaron los dueños del país. Si queremos triunfar, tenemos que retomar ese camino.

Llamamos a todas las organizaciones que conforman Unidad Social a ser consecuentes con su programa de Asamblea Constituyente libre y soberana y organizar un plan de lucha para conquistarla, partiendo por preparar una huelga general de cara al 8 de marzo.

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