El moyanismo anunció por twitter que denunciará a Cambiemos ante la OIT, un día después de la marcha del 21F, mientras la diputada Ocaña, en una nueva ofensiva del PRO, amplió la denuncia por lavado de dinero.
Mirta Pacheco @mirtapacheco1
Sábado 10 de febrero de 2018 00:05
Moyano sacó otra carta en su intento de parar la ofensiva del gobierno contra él, que tiene de base la intención de Cambiemos de disciplinar a las organizaciones sindicales y evitar la lucha de trabajadores, usando para eso un blanco fácil: la casta de dirigentes que se enriquecieron usando a los sindicatos para ese fin.
Esa carta, que en verdad tiene más de jugada política que de efectos reales, es la denuncia que hará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un día después de la marcha convocada contra las políticas de ajuste del gobierno. Movilización que cuenta con la adhesión de las dos CTA, de la Corriente Federal que dirige Palazzo de La Bancaria (que el viernes realizaron un paro nacional), y de dos de los triunviros de la CGT, Schmid y Acuña.
La denuncia ante la OIT será en los términos de advertir sobre “ataques arbitrarios, ilegales y violatorios de derechos y garantías constitucionales y de los convenios N° 87 y 98 de la OIT”. Estos convenios versan sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación (N° 87) y sobre la negociación colectiva (N° 98) y están en vigor desde 1960 y 1956 respectivamente.
Moyano se basa en que el macrismo quiere atacar puntos del convenio colectivo de camioneros. Incluso la marcha en un principio, fue pensada por ese punto, pero luego el líder sindical buscó ampliar la convocatoria a otros sindicatos, denunciando el ataque del gobierno a importantes sectores de la clase trabajadora.
Aunque la movida parece ser en “defensa propia”, los reclamos no dejan de tener legitimidad. Eso sí, todos los convocantes vienen negándose a realizar un paro general, como inicio de un plan de lucha para frenar todas las políticas de ajuste al pueblo trabajador que viene llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri.
Esto a pesar de la resistencia que vienen llevando adelante los trabajadores, como en el Hospital Posadas que convocaron a un encuentro de coordinación de las luchas para el 17 de este mes, al que vienen sumándose distintos sectores en lucha.
Mención aparte merecen “los gordos” y “los independientes”, que vienen siendo absolutamente dóciles y su “plan de acción” consiste en buscar todas las formas posibles de diálogo con el gobierno. Que a ellos se los deje al margen de la embestida judicial contra la corrupción sindical, habla de las verdaderas intenciones de Cambiemos.
Pero volviendo a la denuncia de Moyano ante la OIT, claro está que tiene un poder simbólico más que otra cosa, ya que la misma Carta de ese organismo tripartito (gobiernos, organizaciones sindicales y patronales) especifica que si un país miembro no acata los convenios firmados “le dirigirá una nota destacándole las deficiencias e instándole a que tome medidas para corregirlas.” Aunque esto se parece mucho a cantar re truco con un ancho falso, es cierto que para un gobierno a quien las cosas no le están saliendo nada bien y que desde que asumió tiene el slogan de “volver al mundo”, una observación del organismo de la ONU, le haría un flaco favor.
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Más denuncias contra Moyano
También esta semana se produjo otra jugada del gobierno como parte de su campaña contra las mafias sindicales, que como dijimos tiene la intención de disciplinar a los sindicatos y evitar una lucha contra sus políticas.
La diputada, que ahora responde a Cambiemos, Graciela Ocaña amplió la denuncia por vaciamiento de la obra social del sindicato de camioneros, a favor de empresas cuyos titulares son su esposa e hijos de ella. Según Ocaña hay que investigar al menos 35 millones de dólares que terminaron en esas empresas de la familia de Hugo Moyano.
Esta denuncia es una ampliación de la que iniciara la misma Ocaña en 2009 en la causa que se conoció como “la mafia de los medicamentos”.
Por aquel entonces, Bonadío –que investiga la causa y es uno de los dos jueces más recusados en la historia del Poder Judicial, el otro es el Oyarbide-, si bien procesó a varios integrantes del directorio de la obra social, deslindó de responsabilidades a Moyano.
Ahora, el gobierno a través de “la hormiguita” pidió que el juzgado intervenga la obra social, ya que según las denuncias durante los últimos 4 años viene dando pérdidas, a la vez que se vio incrementado el patrimonio de la familia Moyano.
También Moyano está denunciado por la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), por evasión impositiva y lavado de dinero, debido a movimientos financieros poco claros entre las empresas de su familia, la obra social y el correo privado OCA. Esta causa la lleva el juez Rafael Caputo. Y hay una denuncia del barra brava del Club Independiente “Bebote” Alvarez, por lo cual también está sospechado de lavado de dinero contra ese club.
Estas denuncias tienen el asidero de que los líderes sindicales (claro que el gobierno solo apunta contra sus adversarios y deja de lado a los sindicalistas que hoy se esfuerzan por agradarle al gobierno), a lo largo de los años al frente de sus sindicatos amasaron fortunas y nada tienen que ver con la vida cotidiana de los trabajadores.
Pero el gobierno, que discursivamente se basa en esa verdad, judicializa la política para ocultar por un lado que ellos mismos, empresarios millonarios, usan al Estado para su propio enriquecimiento y por otro lado para tapar su crisis.
Pero mientras estas peleas “por arriba” transcurren, por abajo son los trabajadores que en defensa de sus puestos de trabajo y sus conquistas, comienzan a ejercer una verdadera resistencia.
