UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO. Continúa la pelea por los derechos de las mujeres y la expropiación de Madygraf

En la tarde del martes 12 de octubre, sesionó el Consejo del Instituto de Ciencias (ICI) de la Universidad Nacional de General Sarmiento. En la misma, la consejera Micaela Ríos de la Juventud del PTS en el Frente de Izquierda y la agrupación Pan y Rosas declaró que: “Hoy presentamos el proyecto de resolución para que el viaje al Encuentro Nacional de Mujeres sea institucionalizado, es decir que este contemplado en el presupuesto anual de la universidad. La votación que salió del Consejo del ICI es favorable solo a los artículos 1° y 2°, es decir ’Declarar al Encuentro Nacional de Mujeres un evento de interés social y público’ y ’Hacer pública la convocatoria al XXXI Encuentro Nacional de Mujeres, a realizarse en la localidad de Rosario, los días 8,9 y 10 de Octubre’”, siendo que este proyecto lo presentamos el 29 de septiembre pasado.

Quedó en evidencia de que cuando se trata de dar “financiamiento” a la organización de las mujeres y que la universidad ponga a disposición mayores recursos de calidad para el viaje a los encuentros, se cayó el doble discurso a la gestión kirchnerista de la UNGS. "Mirá te pongo este ejemplo, hace poco vino Axel Kicillof a la universidad y habló de ’universidad de los trabajadores’, pero cuando se trata de poner recursos materiales de verdad ahí el ’progresismo’ se les termina", sostuvo Micaela.

La consejera estudiantil también sostuvo que "así que a las mujeres que se organizaron para viajar a Rosario junto a mas de 70 mil mujeres, les digo que la pelea continúa. Impondremos nuestras demandas con la organización democrática y la movilización para volver a ser miles en las calles, en el marco de la violencia de género que sufrimos a diario”.

Por otra, parte la reunión de Consejo de Instituto resolvió dar apoyo a la campaña por la expropiación de la fábrica Madrygraf (ex Donnelley). Ante ello, Micaela nos comentó que “hoy dimos un paso importante porque el Consejo del ICI votó por unanimidad apoyar la campaña por la expropiación de Madygraf. Vemos como un apoyo destacado de nuestra intervención haber logrado este pronunciamiento en un país donde hay un ajuste en marcha que ataca las condiciones de vida del pueblo trabajador. En ese sentido, damos nuestro apoyo a los y las trabajadoras de Madygraf en el camino de pelear por la expropiación definitiva para ninguna famila quede en la calle”.

A continuación reproducimos el proyecto que solicita la institucionalización del viaje al Encuentro Nacional de Mujeres:

Los Polvorines, 29 de Septiembre de 2016

VISTO:

Que los días 8, 9 y 10 de octubre se estará realizando el XXXI Encuentro Nacional de Mujeres en la localidad de Rosario, provincia de Santa Fe, evento que debe ser considerado de interés público y social, fomentando la participación de la comunidad educativa.

CONSIDERANDO:

Que el Encuentro Nacional de Mujeres (en adelante, ENM) es un evento de alcance nacional que se viene desarrollando ininterrumpidamente desde hace más de treinta años, convirtiéndose en una experiencia inédita a escala internacional.

Que el ENM, es un encuentro al que asisten miles de mujeres a lo largo y ancho del país, en el que la modalidad de participación se realiza a través de la coordinación de casi 70 temáticas distintas, este año los talleres que se dictarán para que cada asistente pueda elegir en cual participar incluyen temáticas como “Mujeres, trata y explotación”, “Mujeres y Derechos Humanos”, “Personas transgénero, transexuales, travestis”, entre tantos otros.[1]

Que en el ENM las mujeres que participan reconocen en otras mujeres las problemáticas cotidianas propias y se dotan de diversas estrategias para reclamar por sus derechos, en el marco de la socialización de las experiencias y del enriquecimiento personal y colectivo que se desprenden de ellas.

Que dicho espacio adopta un compromiso social frente a las múltiples formas de violencia contra las mujeres.

Que la violencia de género es un hecho lamentable de la realidad de nuestro país. Según los datos aportados por la ONG “La Casa del Encuentro”, se registraron en el último año 275 casos de femicidios, a razón de una muerte cada 30hs.

Que como respuesta social a esta aberrante situación, desde el año 2015 se empezó a realizar la movilización conocida con el nombre de #NiUnaMenos en todo el país, visibilizando esta problemática.

Que en el último año se han promulgado múltiples leyes reconociendo el derecho al goce de una licencia laboral en caso de violencia de género, como en las provincias de Córdoba, Río Negro y CABA, o los municipios de Guaymallén y Mendoza, en la provincia homónima.

Que además de la violencia física y psicológica, existe una larga cadena de violencia hacia las mujeres de las que los femicidios son sólo el último eslabón.

Que se contabilizan en el territorio nacional más de 600 mujeres y niñas desaparecidas cada año, víctimas de las redes de trata y prostitución, con casos resonantes como el de Marita Verón, y que mediante distintos mecanismos configuran un negociado con la vida de miles de mujeres. Según un estudio de la Escuela Nacional de Trabajo Social, dependiente de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual constituye el tercer negocio ilícito a escala mundial con ganancias anuales que superan los 32.000 millones de dólares.

Que según el último informe anual de la Procuración ante la Suprema Corte de Justicia Bonaerense cada 45 minutos es denunciado un delito contra la integridad sexual de las personas, de las que más del 90% de las víctimas de algún tipo de abuso sexual o violación son mujeres o niñas/os.

Que en materias de derechos reproductivos y en el marco de políticas de salud pública, la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo no impide su realización en forma clandestina, siendo las mujeres trabajadoras o en situación de pobreza el sector más vulnerable, quienes deben acudir a procedimientos en condiciones insalubres con peligro de perder la vida o sobrevivir con graves secuelas físicas.

Que según el Ministerio de Salud la interrupción del embarazo de forma clandestina es la primera causa de muerte materna en el periodo de gestación, si bien la ilegalidad impide contar con estadísticas oficiales se estima que cada año se realizan 500.000 abortos clandestinos[2], por los que pierden la vida centenares de mujeres y unas 80.000 sufren lesiones derivadas de la inseguridad de dichos procedimientos.

Que el día 30 de junio pasado se presentó nuevamente, como desde hace nueve años, el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que en consonancia con el pleno ejercicio del derecho a la salud de las mujeres y en cumplimiento de Pactos, Convenciones y Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos[3], propone que la práctica sea realizada en el sistema de salud público, privado y de obras sociales, reconociendo la plena autonomía capacidad y el derecho de las mujeres para resolver el dilema de un embarazo no deseado y no ser sometidas a una maternidad forzada.

Que en materia de abortos no punibles, contrariando la jurisprudencia precedente que la CSJN sentó en el fallo “F.A.L. s/medida autosatisfactiva”, sigue vigente la judicialización a las mujeres como ocurrió en el caso de Belén, una joven tucumana que pasó dos años en prisión, acusada de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y la alevosía”, tras sufrir un aborto espontáneo, o más recientemente el caso de Carla en la localidad de Pilar, que encierra las mismas características.

Que en CABA, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario restableció el protocolo que regula la atención de los abortos no punibles con una interpretación restrictiva que, entre otras limitaciones, establece que los abortos no punibles en caso de violación deberán realizarse dentro del límite gestacional de doce semanas, con el estudio ecográfico correspondiente, cuando el Código Penal no fija ningún plazo, revocando así una resolución de primera instancia que había declarado inconstitucional el veto del ex jefe de gobierno, Mauricio Macri, a una ley votada por la Legislatura para regular los abortos no punibles.

Que a pesar de existir una legislación que establece la obligatoriedad de la educación sexual integral en las escuelas, su implementación es insuficiente, situación que se ve agravada con los recortes presupuestarios.

Que el estado de vaciamiento y ahogo presupuestario de la salud pública, junto a los despidos de personal en los últimos meses, redujo a su mínima expresión el alcance del programa de salud sexual y reproductiva, así como diversos programas para el acceso a los anticonceptivos genéricos que provee elEstado, e incluso se han denunciado casos de distribución de anticonceptivos vencidos en diversas localidades.

Que se estima que las mujeres perciben salarialmente un 30% menos por la misma tarea en el ámbito laboral y representan el 60% de la fuerza de trabajo en condiciones precarias de contratación. Como agravante de esta situación desigual, las mujeres trabajadoras en su mayoría realizan una “doble jornada” realizando un trabajo socialmente necesario, pero que se encuentra invisibilizado bajo la denominación “tareas domésticas”.

Que a las mencionadas problemáticas, que incluso han creado la tristemente célebre categoría de “feminización de la pobreza”, se suma la cosificación de las mujeres a través de los grandes medios de comunicación, que imponiendo un determinado estereotipo de belleza y un determinado rol que la mujer debe ocupar en la sociedad, colaboran en fortalecer la cultura desigual y la opresión milenarias hacia el sexo femenino.

Y CONSIDERANDO:

Que en el ámbito local, la Universidad Nacional de General Sarmiento, como actor social enraizado en la comunidad, no es ajena a las problemáticas que se desprenden de las desigualdades socioeconómicas y de género.
Que esta institución promueve la participación de las mujeres miembros de la comunidad académica en las instancias extracurriculares que fortalezcan su desarrollo para un mejor desenvolvimiento profesional futuro.
Que como antecedente, esta institución fomentó la participación de la comunidad educativa sumándose a la convocatoria y financiando el traslado a la última jornada #NiUnaMenos.

EL CONSEJO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Declarar al Encuentro Nacional de Mujeres un evento de interés social y público.

ARTÍCULO 2º.- Hacer pública la convocatoria al XXXI Encuentro Nacional de Mujeres, a realizarse en la localidad de Rosario, los días 8,9 y 10 de Octubre.

ARTÍCULO 3º.- Financiar el viaje de todas las docentes, no docentes o estudiantes que manifiesten interés por participar de dicho encuentro y abierto a la comunidad, ya que la UNGS promueve la integración con la sociedad en el marco de un ajuste llevado adelante por el gobierno de Macri a nivel nacional y por el FPV en las provincias que gobierna como Santa Cruz y Tierra del Fuego.

ARTÍCULO 4º.- Garantizar el alojamiento y vianda de las asistentes a dicho evento de libre acceso.

ARTÍCULO 5º.- De forma.

— -

[1] Listado completo de talleres: http://encuentrodemujeres.com.ar/wp-content/uploads/2016/05/Talleres31ENM.pdf

[2] Declaraciones del ex Ministro de Salud, Daniel Gollán: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-267232-2015-03-03.html

[3] http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=26620#.VtVoltq9KSM