La ley de Salud Sexual y Procreación Responsable fue aprobada hace catorce años pero sigue sin aplicarse en la provincia.
Viernes 7 de julio de 2017
El martes se reunieron representantes del Foro Tucumano por la Salud Sexual y Reproductiva –conformado por organización de mujeres, sociales y políticas– con los legisladores Fernando Valdez, Stella Maris Córdoba, Emiliano Vargas Aignasse y Luis Brodersen, quienes integran la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura.
Desde el Foro se planteó la importancia y la urgencia de tratar esta ley y lograr la adhesión de los distintos bloques que conforman el parlamento para su implementación en la provincia, siendo Tucumán es la única en el país que ni se adhiere a esta ley nacional.
Explicaron, entre distintos argumentos, que la aprobación sería un primer paso para reconocer los derechos de las mujeres, que la reproducción sexual es un derecho, una forma de poder vivir la sexualidad no meramente como reproductiva, de manera segura, previniendo enfermedades de transmisión sexual y embarazos no planificados, tomando a la maternidad como una elección.
Se plantearon los números alarmantes de embarazos no planificados que equivale a un 90% de las mujeres embarazadas, con un alta tasa de embarazo adolescente, la falta de presupuesto destinado en la provincia para proveer de insumos los sistemas públicos de salud, donde existan métodos anticonceptivos disponibles. También el incremento de enfermedades de transmisión sexual.
De entrada, los legisladores de los distintos bloques reconocieron que este proyecto no está incluido en el parlamento para su debate. Tras escuchar los planteos que realizaron desde el Foro, los legisladores Fernando Valdez (UCR) y Córdoba (PJ) plantearon su compromiso a la adhesión de esta ley y “tiraron la pelota” al bloque oficialista, pero lo cierto es que ningún bloque político viene presentando el proyecto para que sea tratado y menos dar la pelea para que se ponga en debate no sólo en la Legislatura sino en la sociedad.
Más lamentable aún fueron los dichos del legislador Brodersen (PRO) y Vargas Aignasse (el oficialista Tucumán Crece), quienes reconocieron nos estar al tanto del proyecto, luego de masivas movilizaciones en la provincia y en el país, donde miles de mujeres salen a las calles a denunciar toda violencia ejercida sobre sus cuerpos y a exigir que se implementen medidas a dichos reclamos, incluida la adhesión e implementación de la ley 25.673.
La razón principal por la que la ley no es aplicada en la provincia, la negación a que los adolescentes en las escuelas puedan educarse sobre sus cuerpos y sexualidad, puedan prevenir embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, que las mujeres puedan acceder a métodos anticonceptivos seguros, que no tengan que morir a consecuencia de un aborto clandestino, es por la injerencia que tiene la Iglesia en el poder político. Esto quedó bien claro en la reunión donde el legislador Brodersen, quién aclaró ser católico y que no había leído el proyecto, planteó que debía escucharse “las dos campanas”, es decir que piensan los grupos pro-vida dirigidos por la Iglesia. El legislador Vargas Aignasse en la misma sintonía dijo que había que hacer un estudio y que la Iglesia prohíbe la pastilla del día después.
Quedó claro cuáles son las prioridades y las campanas que tocan los bloques políticos que forman parte del parlamento. Las mujeres siguen en pie dando esta pelea.
