Tras la polémica por las propuestas de la comisión de DD.HH. de dejar sin efecto el secreto de la comisión Valech y reemplazar Carabineros, se resolvió que estas medidas no sean incluidas en la normativa que regulará el órgano constituyente, pero tampoco se avanzó en juicio y castigo contra los represores de ayer y hoy. La lógica del empate que favorece tanto a la derecha. Lo mismo sucedió con la reforma a Carabineros que fue desechada.
Gabriel Muñoz Licenciado en Historia
Sábado 4 de septiembre de 2021
No habrá comisión de pueblos originarios
Mediante un comunicado que viralizó Margarita Vargas, constituyente Kawéskar, los constituyentes de escaños reservados indígenas denunciaron las decisiones que se llevaron a la Comisión de Reglamento de la Convención.
Se trata de la invisibilización de los derechos colectivos de los pueblos y naciones originarias los que se abordarán en una comisión temática junto a los derechos económicos sociales y culturales.
Los convencionales de los pueblos originarios señalan que la rebaja del estatus de los pueblos originarios socava los principios de libre determinación y la "plurinacionalidad" que abogan en el discurso varios convencionales, para esto, proponen una Comisión de derechos de Pueblos Originarios y plurinacionalidad, que resguarde los derechos de los pueblos y su transversalidad.
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Los Derechos Humanos también tuvieron su polémica durante la semana
La comisión que si se reunió fue la de Derechos Humanos. En ella los convencionales debían marcar los límites que se propone la propia comisión. Ante esto comenzaron las presiones del régimen de los 30 años. El ex presidente Ricardo Lagos (PS), por medio de una carta firmada, se dirigió a la mesa directiva de la convención constitucional, rechazando la propuesta de la comisión de DDHH para levantar el secreto del informe Valech.
Justicia a medida de lo posible: Ricardo Lagos a favor del pacto de silencio en el informe Valech
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Levantar el secreto del informe Valech en ningún caso significa exponer a las víctimas. El anonimato se debe mantener para quienes sufrieron tales vejámenes de parte de agentes del Estado de Chile. Es prioritario conocer los nombres de todos los responsables de estos crímenes de lesa humanidad, con el fin de emprender una iniciativa real por su juicio y castigo, apuntando a terminar de una vez por todas con una impunidad que ha durado décadas.
Para que acaben los pactos de silencio de civiles y militares, urge una gran movilización por la libertad inmediata a los presos políticos de la rebelión y por el juicio y castigo para los autores políticos y materiales de las violaciones de los Derechos Humanos de ayer y hoy.
La propuesta de la comisión de DDHH de la Convención Constituyente deberá ser revisada por el pleno de la instancia que hace algunos días recibió una carta de algunos de los integrantes de la Comisión Valech, manifestando su oposición a levantar el secreto, argumentando que “afectaría la fe pública y defraudaría a las propias víctimas” que entregaron su testimonio bajo la condición de silencio establecida en la norma que creó la instancia durante la administración de Ricardo Lagos.
De conjunto, hay un peligro latente de que la Convención Constitucional mantenga el secreto que resguarda la impunidad de los torturadores y asesinos del régimen de Pinochet. Si le sumamos la exclusión de los pueblos originarios, se muestra claramente que la Convención se está transformando en un organismo de mantenimiento del régimen político chileno y no una instancia democrática que represente a los sectores reales de la sociedad.
Es urgente exigir a los convencionales que se diga basta a la impunidad y que se declaré en favor de las víctimas de la Dictadura y de la represión de Estado del gobierno de Piñera, que también ha dejado una estela de agresiones, violaciones y asesinatos de parte de Carabineros contra jóvenes, trabajadores y luchadores del pueblo Mapuche.
A una semana de otra conmemoración del golpe de Estado en Chile y para que acaben los pactos de silencio de civiles y militares, urge una gran movilización por la libertad inmediata a los presos políticos de la rebelión y por el juicio y castigo para los autores políticos y materiales de las violaciones de los Derechos Humanos de ayer y hoy.
Sólo con la fuerza de la organización plasmada en las calles por familiares, organizaciones de derechos humanos, sociales y sectores de la izquierda podemos conquistar las demandas por justicia, verdad y no repetición.
Gabriel Muñoz
Licenciado en Historia
