PERSECUCIÓN CONTRA DOCENTES. Convocatoria del Sute contra las persecuciones a docentes de Mendoza

Ya es nacional el trascendido sobre la sanción que se le impuso a la vicedirectora de la Escuela Blanco Encalada de Junín, a raíz del escándalo que hicieron un grupo de familias por el uso del lenguaje inclusivo por parte de la docente.

Fue trasladada preventivamente por la DGE a otra dependencia, y en un antecedente gravísimo, se tomaron las mismas “precauciones” y “prevenciones” que hubiera requerido un caso de violencia o abuso contra un niño o niña.

No es de extrañar. Estos grupos de fanáticos e intolerantes son capaces de sostener que es peor “violar la fe” que a una niña. Este fue el tenor de la resolución de la DGE en Mendoza. Una docente ha sido perseguida por sostener su visión sobre la necesidad del lenguaje inclusivo, de la mano de la ESI, y de prácticas pedagógicas distintas. Este traslado surge del director de Educación Primaria de la provincia, Sergio Márquez y Hugo Martín, delegado regional de la DGE en la zona Este. Ni siquiera intervino la Junta de Disciplina, que es el órgano que debiera disponerlo.

Este es nivel de autoritarismo de un gobierno que pretende naturalizar el miedo y la censura. Ya lo hicieron con Paola Vignoni, quien fue removida de su cargo por criticar la política educativa y el Operativo de Evaluación externa “Aprender” o el caso de Ricardo Ermili, el supervisor que fue cesanteado por criticar al gobernador Cornejo en sus redes sociales.

La rutina del acta todos los días en las escuelas pretenden amedrentar y callar las voces críticas y disonantes.

Así se ataca y vulnera un derecho elemental: el derecho a la libertad de expresión. El accionar patotero de estas familias, con el visto bueno de la DGE y la DOAITE es repudiable. Toda persona tiene derecho a la información y a ser parte de una comunidad donde circulen ideas y sean respetadas las distintas visiones y perspectivas. Toda persona tiene derecho de libre expresión. Toda persona tiene derecho al acceso a la Educación Sexual Integral, garantizada por ley nacional N° 26150, que establece la educación con perspectiva de género y respeto a la diversidad.

Sin embargo tampoco se ha garantizado el mínimo derecho a defensa y, cuando miembros del sindicato se acercaron a acompañar a la docente, también fueron agredidos y patoteados.

Y peor aún, cuando se ejerce el constitucional derecho a la protesta, aparece el artículo 194, de un decreto de la dictadura de Onganía. Tres miembros del Secretariado Provincial del SUTE, Alejandra Castelli, Martín Dalmau y Pablo Massutti, han sido procesados por participar en un plenario masivo, frente a la Subsecretaría de Trabajo el año pasado. El colmo de la arbitrariedad, es que de 200 personas, estas tres causas surgen de tomar imágenes de las redes sociales. Estos procesamientos ya causaron expresiones de repudio en Mendoza y en todo el país de sindicatos, personalidades políticas y de derechos humanos.

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Estamos ante un escenario donde hay docentes imputados por protestar por su salario, castigados por criticar medidas de gobierno, perseguidos por defender la educación superior y una docente trasladada “preventivamente” por decir “TODES”.

En el marco del ajuste que están viviendo las escuelas, donde se han recortado hasta las meriendas de les niñes, el gobierno quiere disciplinar y mantener su política de orden.

En este marco la convocatoria será un paso importante para coordinar acciones contra estas medidas autoritarias, represivas y arbitrarias.