La iniciativa tiene el objetivo de que la población se pronuncie sobre los beneficios que la Provincia otorga a propiedades de la Iglesia, incluyendo algunas con fines de lucro.
Martes 3 de septiembre de 2019 21:11
Este martes la legisladora Laura Vilches, del PTS-FIT, presentó un proyecto en la Unicameral para realizar una consulta popular el mismo día de las elecciones generales del 27 de octubre. En la misma se preguntaría a los electores si están “de acuerdo en que la Iglesia Católica de Córdoba continúe percibiendo privilegios impositivos otorgados por el Gobierno de la Provincia de Córdoba”.
El año pasado, Vilches presentó en la legislatura datos proporcionados por la Dirección de Rentas sobre las 2.141 propiedades de la Iglesia Católica y de otros cultos que son eximidas del impuesto inmobiliario, de acuerdo al Código Tributario Provincial. En el informe se destacaba que al menos 68 son destinadas a actividades lucrativas como supermercados, playas de estacionamiento, locales comerciales y hoteles. Esto contradice lo expresado en el Código Tributario, que especifica que solo pueden estar exentas aquellas propiedades destinadas al culto o a actividades sin fines de lucro.
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Posteriormente, la Dirección de Rentas rectificó la información brindada, ya que algunos de los inmuebles donde se desarrollaban actividades lucrativas habían sido vendidos o ya no contaban con exenciones. Entre estos 34 inmuebles mal informados se encontraba el Hotel Sol de Piedra, en la manzana contigua al Arzobispado, que no tiene ningún beneficio de exenciones tributarias, así como otros inmuebles de casas particulares. A criterio de la provincia, los restantes inmuebles están “correctamente” eximidos a pesar de que sostienen actividades con fines lucrativos como el supermercado Buenos días, playas de estacionamiento o locales comerciales. La valuación fiscal (no de mercado) total de los mismos suma más de dos mil millones de pesos.
En la actualidad, con una crisis económica que golpea a la clase trabajadora y los sectores populares, el debate sobre el financiamiento estatal a los distintos cultos se actualiza con mayor urgencia. En el primer trimestre de 2019 el desempleo alcanzó a casi 2 millones de personas con una tasa de 10,1 %. La semana pasada el Ministerio de Producción y Trabajo publicó que se perdieron 172 mil puestos de trabajo registrados en un año. Con el impacto de la devaluación de las últimas semanas, algunos analistas estiman que la inflación podría llegar al 50 % a fin de año, con lo cual los salarios perderían alrededor del 25 % del poder adquisitivo.
Respecto a la presentación del proyecto, Vilches destacó: “Queremos llevar al debate público este mecanismo de absorción de los recursos del Estado que deberían estar puestos al servicio de sostener la educación, la salud, la vivienda o la asistencia social sin la intermediación de organizaciones religiosas que se arrogan la potestad de la realización de un ‘bien común’. Una prerrogativa bastante cuestionable, por otro lado, si se tienen en cuenta las innumerables denuncias de pedofilia que han sido probadas en la justicia, las campañas contra derechos elementales como el derecho a decidir de las mujeres o el derecho a la identidad, o inclusive la colaboración estrecha que prestaron a la última dictadura militar. Consideramos vital avanzar en la efectiva separación de la Iglesia y el Estado a partir de esta medida parcial que atiende a eliminar los privilegios económicos con los que cuenta dicha institución”.
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