En el detalle de los anuncios del gobierno provincial sobre las obras que se realizarán en el próximo año, se desprende que se destinarán $2 mil millones a infraestructura carcelaria.
Domingo 14 de mayo de 2017 00:00
Foto: Diario Los Andes
En su discurso en la Asamblea Legislativa, el gobernador Cornejo se dedicó a destacar los “logros” de su gestión y reforzar su discurso represivo, anunciando su proyecto de Ley para obligar a trabajar a las personas privadas de su libertad, que finalmente fue aprobado en la Legislatura provincial esta semana.
Si bien el gobernador no había realizado grandes anuncios en cuanto a las obras públicas que emprenderá el gobierno provincial (a excepción de la construcción de una cárcel federal), en el detalle de las obras en ejecución y proyectadas para el próximo año, que se entregó a la prensa; se destinarán dos mil millones de pesos en infraestructura carcelaria. Mientas que, de las finanzas provinciales saldrán tan solo 215 millones para “Infraestructura Social Básica”, que incluye la refacción y construcción de escuelas.
El discurso de austeridad y “estado eficiente” del gobierno provincial, evidentemente es para los trabajadores y trabajadoras estatales, pero el gobierno no escatima en gastos a la hora de reforzar un sistema carcelario, que está colapsado por las políticas de mano dura impulsadas por la UCR en la provincia (Mendoza es la provincia con mayor cantidad de personas privadas de su libertad por habitante).
Según los datos del propio gobierno, se destinarán 1167 pesos por cada habitante al sistema represivo del estado y tan solo 114 pesos a mejorar y construir nuevas escuelas.
Escuelas colapsadas y cárceles nuevas
Las intensas lluvias que colapsaron Mendoza durante Abril, dejaron al descubierto la colapsada infraestructura de muchas escuelas. Según denunciaron los trabajadores y trabajadoras de la educación, alrededor de 50 escuelas debieron suspender sus clases por roturas y daños durante las tormentas. Pese al discurso del gobernador, contra los docentes de que “hacen paros financiados por el Estado” y de exigirles que “docentes y alumnos deben estar en las aulas”, en muchas escuelas de la provincia hubo más días de clases “perdidos” por problemas edilicios que por las medidas de fuerza de los docentes por su salario.
La situación del sistema educativo provincial es, en muchos lugares, de colapso. Para ocultarlo, desde el gobierno provincial insisten en estigmatizar a los docentes, imponiendo el Ítem Aula, que descuenta una parte importante del sueldo a los trabajadores y trabajadoras de la educación que no asistan a clase, cuando es el propio estado el que muchas veces no garantiza que haya clases.
Según los datos del propio gobierno, se destinarán $1167 por cada habitante al sistema represivo del estado y tan solo $114 a mejorar y construir nuevas escuelas
Incluso, el gobernador debió reconocer en varias oportunidades que el salario de las maestras “es malo”. Sin embargo, lo reconoció como parte de su discurso de “austeridad”, sobre el que se monta el ajuste que emprendió. Más allá de esto, desde la sanción de la Ley de Emergencia en Seguridad (apoyada tanto por legisladores y legisladoras oficialistas, como por el PJ), se destinaron $150 millones en “mejoramiento y refacción de dependencias policiales”, $250 millones en incorporar “tecnología” policial y $1000 millones destinados al Ministerio de Seguridad.
En el mismo informe donde se detallan estas “inversiones” en “seguridad”, se informó que en el mismo periodo se destinaron $53,4 millones en refacciones en 360 escuelas y 23,5 millones en ampliación y construcción en 5 edificios escolares. Para lo que queda del 2017, el gobierno tiene previsto invertir 46 millones de pesos más y otros 24 millones de pesos en los primeros cuatro meses del 2018. Además el gobierno anunció que lleva 13 millones invertidos en equipamiento para escuelas. Estos números contrastan fuertemente con los 125 millones asignados para refacciones y ampliaciones de unidades penitenciarias, los 35 millones para la terminación de una Colonia Penal en San Rafael y los 1.440.000.000 para la construcción de la nueva Cárcel Almafuerte.
Esta ultima “obra” merece un párrafo aparte, ya que el financiamiento de la misma es producto de un crédito adquirido por la provincia. El gobierno de Cornejo, al igual que el de Macri a nivel nacional, ha avanzado en un endeudamiento histórico de la provincia, con el aval del PJ, siendo el Frente de Izquierda la única oposición en la Legislatura Provincial.
