Tras confirmarse que un preso de Florencio Varela tiene coronavirus, defensores oficiales de 19 distritos insisten ante la Cámara de Casación Penal para que se cumpla su resolución que dispuso prisiones domiciliarias a quienes integran grupos de riesgo. El fiscal de Casación había pedido revocar el fallo.
Lunes 20 de abril de 2020 10:58
Foto Pensamiento Penal
En la tarde de este domingo se conoció que un interno alojado en la Unidad 42 de Florencio Varela fue diagnosticado con Covid-19, por lo que defensores oficiales de los 19 distritos de las provincia insistieron ante la Cámara de Casación bonaerense para que la resolución dictada por ésta el pasado 9 de abril se haga efectiva y se proceda a otorgar la prisión domiciliaria para los presos que conforman grupos vulnerables.
Dentro de estos grupos se consideran a las personas mayores de sesenta años y con enfermedades graves como las oncológicas, pulmonares, tuberculosis, diabetes y HIV, mujeres embarazadas y con niñas/os menores de edad o con discapacidad.
El pedido de los defensores fue motivado por el hacinamiento y sobrepoblación que existe en las cárceles bonaerenses, ya que el ingreso del virus provocaría un contagio masivo y sería realmente un desastre.
El Tribunal de Casación bonaerense, con la firma del juez Víctor Violini, había hecho lugar a un habeas corpus colectivo para que durante el aislamiento social obligatorio, se conceda el arresto domiciliario a los detenidos por delitos leves y que son grupo de riesgo.
Respecto a los condenados por delitos graves que son considerados dentro de los grupos de riesgo, dispuso que cada juez analice si es viable el arresto en sus domicilios, resguardando la integridad de las víctimas.
En la resolución, Casación también determinó que los jueces de oficio estudien la situación de las personas bajo prisión preventiva (que componen más del 60 % de la población carcelaria) y con los plazos cumplidos para estar detenidos sin condena y que analicen si corresponde la prisión domiciliaria para los procesados y condenados que dentro de los próximos seis meses estén en condiciones de salir en libertad.
Vale decir que desde que la Cámara dictó la resolución, quien se ha mantenido callado y sin intervenir (como si no tuviera responsabilidad alguna en el tema) es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense que conduce Julio Alak. Es decir que el Poder Ejecutivo, por omisión, está avalando las dilaciones producidas por jueces bonaerenses.
En su planteo de ayer los defensores oficiales expresaron que el fallo de Casación bonaerense “Sólo vino a viabilizar el verdadero rol que debe cumplir el Poder Judicial para el debido resguardo de los derechos de cada persona detenida, y más aún en las actuales circunstancias excepcionales y de urgencia, que no soportarían demoras de trámites ni burocracia judicial”.
La medida contempla a 420 personas que son los de grupo de riesgo y de delitos leves, según un primer listado que aportó el Ministerio de Justicia de la provincia. Pero el grupo de riesgo es de un total de 2.300 internos.
Defensores del Foro Permanente del Colegio de Abogados se suman al pedido
Miembros del Foro Permanente de las Áreas Penales de los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, presentaron ante la Corte Suprema bonaerense su adhesión a la presentación realizada por la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.
En el escrito manifiestan su preocupación por "la falta de resoluciones definitivas que aborden la crisis humanitaria por la que atraviesan las personas privadas de su libertad, agravada aún más por la pandemia producto del virus Covid-19. En ese sentido, en dicha presentación se ha puesto de manifiesto que las condiciones infrahumanas en que viven los y las privadas de libertad (producto del hacinamiento, pésima higiene, dificultad en el acceso al derecho a la salud, entre otros) los y las exponen a un estado de vulnerabilidad, que se agrava aún más en relación a quienes se encuentran dentro del grupo de riesgo. A ello se agrega el actual impedimento de gozar de un derecho básico, tal como es el acceso a la justicia. Tanto la imposibilidad de acceso a la jurisdicción como la inacción de los magistrados y las magistradas tornan imperante la toma de decisiones definitivas e integrales a través de las cuales se logre prevenir un contagio masivo y, consecuentemente, un colapso del sistema sanitario, salvaguardando así la vida de miles de personas privadas de su libertad y evitando su verdadero exterminio".
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Cárceles bonaerenses: hacinamiento y condiciones inhumanas
En las cárceles bonaerenses, como en las de todo el país, el 90 % de los presos están detenidos por delitos contra la propiedad. Del total de la población carcelaria, más del 60 % está allí con prisión preventiva. Según datos del propio Servicio Penitenciario Bonaerense, a comienzos de abril había 44.200 personas alojadas en establecimientos carcelarios, mientras que la capacidad máxima apenas supera las 24.000 plazas.
En medio de la pandemia y en esas condiciones, la dilación y negativa negativa de los jueces a ejecutar otorgamiento de órdenes de prisión domiciliaria en los casos de personas que conforman los grupos de riesgo, contribuye a que el ingreso del virus a las cárceles sea una masacre.
Andrea Lopez
@lopez76_andrea Cronista de la sección Libertades Democráticas de La Izquierda Diario, miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos.
