En el marco de la crisis económica y sanitaria internacional se reavivan las contradicciones y falencias propias de un capitalismo que vuelve a demostrar su naturaleza voraz y destructiva, no sólo a nivel mundial y nacional, sino también en la provincia.
Viernes 20 de marzo de 2020 14:25
Foto Diario Información
La tendencia actual que expresa el coronavirus no es más que el chivo expiatorio de una nueva crisis que pone de manifiesto un estancamiento prolongado de la economía internacional y la esterilidad de las maniobras liberales para resarcir la caída del mercado mundial.
Ante este escenario, no hay nada mejor que una inerte “inyección de intervencionismo defensivo” y el aparente ensayo de nuevas fórmulas y estrategias políticas que permitan salvar al capital.
En este caso, la justificación de la pandemia está otorgando paulatinamente mayores concesiones a los gobiernos y al empresariado para reestructurar o, mejor dicho, “reperfilar” las pérdidas. Además, con el reforzamiento de la histeria colectiva a través de este “enemigo invisible” se confieren, de manera “consensuada”, el dominio de las libertades a manos del Estado.
Así, el ideario que atañe a esta situación ha permitido excusarse, en pequeña escala y de forma provisoria, del reclamo de diversas organizaciones colectivas o movimientos en lucha, y blindar los mecanismos de coerción y represión a niveles globales.
Al parecer, aquella frase célebre del teórico militar Carl von Clausewitz, “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, fue el pretexto ideal para que la burguesía internacional se arrojara en la búsqueda de nuevas estrategias que, en años anteriores, implicarían un encarecido despliegue de artillería entre fuerzas imperialistas o, al mejor estilo orwelliano, la imposición de un sistema totalitario que legitima - a través de la confusión y el miedo - la permanencia del Hermano Mayor (Big Brother) en el poder.
Quizás, el panorama actual tiene un gusto más distópico, principalmente, por la permeabilidad de quienes impulsan las medidas de prevención, en este caso, de aislamiento colectivo. Tranquilamente, podríamos decir que estamos siendo infectados por lo que Naomi Klein denominó La Doctrina del Shock, más aún si tenemos en cuenta que los únicos episodios cercanos de aislamiento social en la Argentina, por ejemplo, ocurrieron durante la última Dictadura genocida, es decir, bajo un pleno escenario de crisis económica y política que luego devino en una contraofensiva de ajuste y saqueo neoliberal.
Gran parte de ese ajuste, no sólo siguió intensificándose durante décadas, sino que ha sido bajo la supervisión de los diversos gobiernos democráticos (con sus distintos colores políticos) que se nos ha dejado como herencia un sistema de salud pública al borde del colapso y un deterioro terminal de nuestras condiciones de vida y trabajo. Con más razón, resulta una contradicción sin parangones que el actual gobierno nacional de Alberto Fernández anuncie que “todo el mundo permanezca en su casa” y no disponga medidas a favor para las trabajadoras y los trabajadores que están obligadas y obligados a trabajar como monotributistas o de manera informal y precaria.
Bajo todos estos condicionantes, a la casta política (Cámara de Diputados de la Nación) no se le muevo un pelo cuando decide unilateralmente otorgarse un bono de 100 mil pesos para supuestamente combatir el virus, sin tener en cuenta la necesidad latente de que ese dineral (que supera los 25 millones de pesos) vaya destinado a la salud pública, como bien plantearon Nicolás del Caño y Romina del Plá.
En provincias como San Luis, donde solamente hay un caso confirmado de coronavirus, las condiciones del sistema de salud pública para dar respuesta a una mayor cantidad de casos positivos son alarmantes y esto se traduce en: falta de insumos y aparatos médicos, infraestructura, pésimas condiciones edilicias, largas colas para conseguir turnos, además de la precarización de las trabajadoras y los trabajadores de la salud. Si antes había que esperar un mes para que te atendiera un especialista o solo se consideraba una “herida de bala” como una atención de urgencia, ahora que los ojos están puestos en la pandemia, todas aquellas afecciones y demandas sanitarias que estén por fuera de la actual agenda gubernamental, quedaran postergadas por tiempo indefinido.
Por otro lado, la situación y las condiciones laborales de quienes trabajan en comercio, construcción, casas particulares o de quienes realizan changas también son preocupantes, sobre todo si tenemos en cuenta que en San Luis existe alrededor de un 30 % de trabajo informal y no registrado, y más aún si tal condición laboral obliga a tales sectores a cumplir con la jornada de trabajo a cambio de un mango para comer todos los días.
En este sentido, la perversidad de un sistema que obliga a elegir a les laburantes entre comer todos los días o someterse al aislamiento, deja entrever un solo mensaje: las consecuencias del coronavirus en el país, al fin y al cabo, serán seguramente pagadas por la clase trabajadora y los sectores empobrecidos y populares, y no por los parásitos que viven a costa del sudor diario y el trabajo ajeno. Así es como la principal prevención que se dispone en diversas medidas gubernamentales, es la de proteger los privilegios e intereses de las clases dominantes en detrimento de las mayorías populares. Por eso, es necesario que de una buena vez por todas, como laburantes, pongamos la historia en nuestras manos y acabemos con los privilegios de esa clase capitalista que nos sigue infectando a todes.
