Mientras el Litoral sigue sumergido en una de las inundaciones más graves que hayan padecido sus habitantes en las últimas décadas, más de 50.000 hogares sufrieron cortes de luz ayer en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en uno de los días más calurosos desde que empezó el verano.
Verónica Zaldívar @verodivar
Martes 29 de diciembre de 2015
Las primeras semanas del PRO en el poder vienen transcurriendo de declaración de emergencia en declaración de emergencia. Mientras ayer por la tarde María Eugenia Vidal declaraba la “emergencia penitenciaria” y Michetti lanzaba el Sistema Federal de Emergencias debido a las inundaciones, en el Boletín Oficial del 17/12 se anunciaba que regía la “emergencia eléctrica nacional”, mediante el Decreto 134/2015.
Mientras el ministro Aranguren se pasea delante de las cámaras atribuyendo todo lo que ocurre a la “pesada herencia” con la que se encontraron (como si no hubieran sido gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante 8 años) la población sigue sufriendo las consecuencias de décadas de desinversión y falta de control a los subsidios otorgados a las empresas de servicios privatizadas. Distribuidoras eléctricas como Edesur y Edenor “se la llevaron en pala” y siguen dejando sin servicio a miles de usuarios; 23.677 de usuarios de Edenor y 32.561 de Edesur padecieron los cortes ayer, y muchos de ellos vienen sufriendo cortes recurrentes las últimas semanas. Como para completar el panorama, anoche el ministro anunciaba en una cordial visita a Joaquín Morales Solá en TN que está confirmado el aumento de tarifa de la electricidad, que no afectaría a unos 2 millones de usuarios que pagarían una “tarifa social”. Resta ver cuáles son los criterios y real aplicación de esta tarifa y cuál es el porcentaje del aumento sobre la mayoría de los usuarios, que ya vienen sufriendo los efectos de la inflación en todos los rubros que componen la canasta familiar.
Cuando hace 14 días Aranguren anunciaba el envío del proyecto de emergencia eléctrica al Ejecutivo decía que tratarían de evitar los famosos “cortes programados”, que tanto recuerdan a otros momentos vividos con anterioridad por los argentinos. Estos cortes ya comenzaron a implementarse en diversas áreas de la Capital y el Gran Buenos Aires, y tanto el Ministro como otros funcionarios (y los devenidos medios oficialistas) pretenden aliviar la noticia aclarando que hay una página web del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) donde se anuncian los cortes “preventivos”. Las loas al sitio web se veían igualmente interrumpidas por noticias con “poca onda” y nada “alegres” como que los vecinos de Floresta estaban cortando una calle en reclamo porque vuelva el servicio, y que esa misma tarde había explotado un cable de media tensión en el barrio de Montserrat, noticia que remite a una explosión similar que terminó con la vida de un obrero tercerizado en la misma ciudad tiempo atrás.
Hay que tener en cuenta que las decenas de miles de familias que sufrieron cortes ayer lo hicieron en un día que ni siquiera fue record histórico en cantidad de Mw consumidos en un día hábil, es decir que las perspectivas de que la situación empeore aun más no se pueden descartar. Aranguren reconoció que probablemente se tenga que importar energía de países vecinos, y como es ya un latiguillo de los funcionarios del gobierno nacional, llamó a la población a “colaborar”. Eso significa pretender que la población se haga cargo de una situación de crisis generada por los negociados realizados por las empresas energéticas en acuerdo de los distintos gobiernos, dejando como saldo una infraestructura deficiente e incapaz de soportar la demanda existente, cuestión que no será resuelta disminuyendo la intensidad del aire acondicionado particular o dejando de encender el lavarropas.
Una vez más queda demostrado que dejar a empresas privadas el manejo de los servicios públicos es una garantía para que continúen lucrando a costa de brindar un mal servicio a la población y, por esto, esas empresas deben estatizarse. Una vez estatizadas no deben quedar a merced de funcionarios que gestión tras gestión han demostrado que utilizan los cargos públicos para beneficio propio, en connivencia con distintas empresas concesionarias o tercerizadas. Es por eso que la gestión de las empresas de servicios públicos debe estar en manos de sus propios trabajadores, quienes junto con los usuarios y con la participación de profesionales de las universidades públicas podrán definir planes racionales de utilización de la energía y otros recursos naturales, hoy en día vendidos al mejor postor por los gobiernos de turno.
