Separación Iglesia y Estado. Costa Rica: uno de los últimos estados confesionales en América Latina

En la historia de la humanidad, las distintas iglesias se han configurado como instituciones que resguardan la moral de una sociedad, por lo que terminan por hacerse del monopolio de la misma;en otras palabras, dictan lo que está bien y lo que no, o al menos eso es lo esperado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esa moral atenta contra el bienestar integral de uno o más sectores de la sociedad?

Independientemente de la religión en sí, lo que establezca y lo que las personas en particular decidan creer, las iglesias - aquellas instituciones que aseguran representar de la forma “más fiel” tal o cual religión - al pretender hacerse del monopolio de la moral, imponen lo que está bien o está mal según los intereses propios, y así terminan teniendo peso político de gran importancia a la hora de tomar decisiones.

Las iglesias tienen una agenda específica que define -dentro de muchas cosas- un modelo de familia heteropatriarcal y de una sexualidad que esté en función de esta. Según las iglesias - al menos las cristianas que son las predominantes en Costa Rica- la familia es el núcleo de la sociedad y esta es una de las formas en que estas instituciones pueden tener una inserción tan orgánica en la sociedad, por lo que queda en evidencia su interés en que la sociedad siga un modelo de familia, la suya.

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La iglesia Católica ha tenido una larga data de apoyo a distintos regímenes dictatoriales a cambio de beneficios en todo el mundo, y América Latina no es la excepción. Ha sido acusada de encubrir, facilitar y proteger a curas pederastas y ningún ente estatal ha tomado ninguna acción para poder mitigar estos actos de violencia sistemática, solo para "respetar" la tradición de las diferentes sedes a solo rendirle cuentas al Vaticano. De hecho la existencia y aceptación del “derecho eclesiástico”* permite la impunidad, que la misma esté exenta de pagar impuestos, entre otras cosas que solo demuestra el vínculo tan estrecho que hay entre esta institución y los diferentes Estados de la región.

En el caso de Costa Rica que es un Estado confesional, esta relación no es mucho más diferente a la que hay con aquellos Estados que se hacen llamar laicos, de hecho sabemos que por ser un Estado confesional, la iglesia católica recibe financiamiento del Estado, está exenta de tributar sobre sus lujosas propiedades pero por sobretodo tiene un peso peligrosamente grande sobre la toma de decisiones, además de tener vínculos directos con todos los partidos políticos más importantes del país.

Las iglesias de las otras denominaciones cristianas han estado en busca de extender estos beneficios a sus propias iglesias, para hacerse más fuertes a partir de estos beneficios económicos pero además para acelerar los ataques contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la población LGBTI. Para esto, han logrado mediante el uso de la religión como elemento de campaña electoral, un total de 30 diputaciones entre 1998 y 2022 bajo distintos partidos políticos.

En este sentido, las iglesias pretenden atacar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y los vínculos no heterosexuales y monógamos. A raíz de esto, miles de personas se están movilizando en toda la región y el mundo para levantar y exigir reivindicaciones tales como:

Educación sexual integral, laica y científica, que esté libre de todo prejuicio religioso y que eduque en toda la diversidad de la sexualidad para que a nadie se le vulneren sus derechos, salud e integridad por desconocimiento. Acceso real a anticonceptivos de calidad, a exámenes y tratamientos de ETS (enfermedades de transmisión sexual), para la prevención, manejo y curación de ETS, además de la prevención de embarazos no deseados. Aborto libre, legal, seguro y gratuito, para que las mujeres y personas con cuerpos gestantes dejen de morir por abortos clandestinos. Con el auge de la derecha religiosa, han llegado a puestos de representación distintos políticos que pretenden a todas luces, atentar contra los derechos de las mujeres y personas LGBTI. Por lo que también se levanta la política de separación de las iglesias y el Estado, para que las iglesias no puedan imponer su agenda a las personas.

*El diccionario del Poder Judicial de Costa Rica define: derecho eclesiástico del Estado como: “Normas, reglas y preceptos legales, contenidos en el ordenamiento jurídico de un Estado, que regulan las condiciones sociales de las manifestaciones religiosas. El derecho eclesiástico del Estado, a manera de ejemplos, comprende el reconocimiento constitucional de la condición católica del Estado costarricense, el estatuto jurídico de los ministros de culto, las exenciones tributarias a la Iglesia y el reconocimiento civil de los matrimonios efectuados por sacerdotes.”