La medida que adoptó el ministerio de salud a diferencia de las que se tomaron a mediados de año, flexibiliza los criterios a pedido de economía y hacienda. Mantener el motor económico funcionando sigue siendo la prioridad del gobierno sin importar realmente, los niveles de contagio y propagación, que ha tomado el virus en la región metropolitana.
Antonio Paez Dirigente Sindicato Starbucks Coffe Chile
Lunes 14 de diciembre de 2020
Este fin de semana recién pasado se cumplió la primera jornada de cuarentena para toda la región metropolitana. La medida que comenzó a regir producto del reingreso a fase 2 de la región tiene por objetivo contener la rápida propagación que ha tenido el virus estas últimas semanas.
Pero a diferencia de las medidas adoptadas a mediados de año, esta vez la fase dos tiene ciertas particularidades: los centros comerciales podrán seguir abiertos al igual que restaurantes, bares y otros servicios no esenciales.
Esta medida, fuertemente presionada por los ministerios de economía y hacienda, buscan mantener a flore las pocas expectativas económicas que se venían dando los últimos meses y de una u otra forma “salvar” el fin de año y las compras navideñas.
Desde el mundo empresarial se ha criticado fuertemente la medida de la fase 2 ya que esto afecta directamente sus negocios y pone en duda el empujón que representa la navidad para muchas empresas del retail, pymes y otros.
Pero el gran ausente en este debate ha sido el costo que la clase trabajadora sigue pagando con cada una de estas medidas: la flexibilización de las medidas sanitarias, el llamado a una nueva “normalidad” con el plan paso a paso y la nula fiscalización de las medidas adoptadas por las empresas, ha permitido que haya un mayor número de contagios entre las familias trabajadoras que luego se vuelca al contagio “intrahogar”.
Tanto en prensa como TV y radios se ha mencionado el hecho de que más del 70% de los contagios de covid se producen dentro del hogar, pero no se menciona el cómo entra al hogar o que es debido al hacinamiento de los hogares pobres, donde es imposible hacer distanciamiento, el caldo de cultivo perfecto para el segundo rebrote.
El problema es que, si se endurecen las medidas sanitarias, se cierran los lugares no esenciales, esas mismas familias trabajadoras son obligadas a recurrir nuevamente al seguro de cesantía que no alcanza para nada. Sumado al problema de que la gran mayoría de las y los trabajadores ya hicieron uso de sus ahorros y han alcanzado el tope de sus giros que permite la ley.
Por eso el retiro del 10% a pesar de que es una medida desesperada en el que las y los trabajadores palearan la crisis, esta vez con sus ahorros previsionales, esta solución es la única que ha ofrecido el gobierno ya que ni el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) ni el bono COVID, ni el IMG (Ingreso Mínimo Garantizado) sin la letra chica que dejó fuera de los beneficios a muchas familias.
Que la crisis la paguen los capitalistas, no la clase trabajadora.
Mientras las grandes multinacionales tienen asegurados sus negocios gracias a las décadas de ganancias que han obtenido, la clase trabajadora ha debido pagar con el sudor de sus familias el aumento de la cesantía, las suspensiones y el consumo de sus ahorros.
El gobierno, que defiende abiertamente los intereses empresariales, ha tenido luz verde por parte de la oposición para sacar adelante su plan para que la crisis la pague la clase trabajadora y los sectores populares.
Por eso es necesario que las organización sindicales y sociales rompan su tregua con el gobierno, no puede ser que el proceso constituyente en curso sirva como excusa para frenar la movilización y tener así una “elección” en el marco de la “paz” que tanto quiere la derecha.
Es urgente convocar a un paro nacional para arrancarle al gobierno y empresario una renta básica de emergencia igual a la canasta familiar para todo quien lo necesite, licencias médicas para toda la población de riesgo, la estatización de toda empresa que cierre o quiebre producto de la pandemia y puesta a funcionar bajo control de sus trabajadores, para costear todo esto será necesario un impuesto a las grandes fortunas y la renacionalización de todos los recursos naturales para aumentar los presupuestos de salud y vivienda.
