Pandemia. Ya son 180 los contagiados de Covid-19 en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal

La propagación del Coronavirus en las cárceles, si bien no tenía una fecha exacta para que ocurra, era una certeza inevitable. Desde que comenzó la pandemia la información oficial respecto a la situación sanitaria en las cárceles es casi nula.
Son muy pocos los datos que se publican y lo que se conoce es por la denuncia de las y los presos y sus familiares.

En los últimos días la Procuración Penitenciaria de la Nación (1) presentó el tercer informe sobre la situación de las personas privadas de la libertad ante la actual emergencia sanitaria. En el documento indican que al 17 de julio serían 120 los casos positivos en las cárceles federales, que sumados a los 30 conocidos en los últimos días en Campo de Mayo y los más de 30 en la cárcel de Ezeiza, elevaría a casi 200 el total de presos contagiados de Covid-19 en las cárceles federales.

El hacinamiento, más allá de que varía de acuerdo al lugar, es muy grave. Las condiciones inhumanas de detención que incluyen falta de ventilación, de alimentos, de atención médica, instalaciones inutilizables, falta de agua, luz y otros servicios y derechos básicos, hacen que sea imposible el distanciamiento social y que el virus se propague con facilidad, provocando contagios masivos dentro de los penales.

El informe de la Procuración señala un relativo descenso de la población privada de libertad en las unidades federales, producido desde que se declaró la pandemia.
Los egresos corresponden a grupos de riesgo y/o que se encontraban detenidas por delitos de escala o nula violencia.

Lejos de la llamada "liberación masiva de presos", los datos indican que hasta mayo, habían egresado de las cárceles federales 2185 personas de las aproximadamente 13.000 que están presas en esos establecimientos. De éstas, 735 lo hicieron debido a la concesión de arrestos domiciliarios que, en la mayoría de los casos, sustituyeron el encierro de quienes se encontraban privados de libertad acusados/as y/o condenados/as por delitos de drogas, personas trans y mujeres, en particular las embarazadas y aquellas alojadas con sus hijos o hijas.

El organismo señala que en otros países la reducción de la población encarcelada como consecuencia de la pandemia, fue por la intervención de los distintos poderes del Estado, mientras que en Argentina la decisión sobre el egreso de personas del sistema penitenciario quedó en manos del Poder Judicial.

Esto es así, el Poder Ejecutivo nacional y los de las diferentes provincias, se lavaron las manos y dejaron a merced del virus a las más de cien mil personas encerradas en las cárceles del país, mientras el Poder Judicial desoyó las recomendaciones de distintos organismos, incluida la Organización Mundial de la Salud.

El informe indica que la reducción de los nuevos ingresos a las alcaidías, que funcionan como la puerta de entrada al Servicio Penitenciario Federal, produjo un aumento de la cantidad de personas y del tiempo de permanencia en comisarías y otros centros no penitenciarios. Hasta junio, había más de 300 personas alojadas en espacios de detención dependientes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Lo cierto es que ni la Procuración ni ningún organismo oficial con facultades para hacerlo, como los diferentes Gobiernos nacional o provinciales, ni el Ministerio de Justicia a cargo de Marcela Losardo, han tomado medidas serias para evitar que el ingreso del virus cause estragos, a pesar de las distintas protestas que realizaron presos y familiares desde que fue declarada la pandemia.

Las personas detenidas en Corrientes, Santa Fé, Chubut, Jujuy, Devoto, Florencio Varela y otras cárceles, en sus reclamos desde marzo anunciaron lo que iba a pasar de seguirse en esas condiciones. Hoy se ven las consecuencias.

Algunas de estas protestas fueron respondidas con represión estatal, provocando la muerte de presos e hiriendo a otros, como ocurrió en Devoto cuando el Servicio Penitenciario Federal reprimió y dejó parapléjico a Gustavo Barreto de 30 años.
En total fueron veintiún las muertes en cárceles y comisarías, tanto en protestas como en supuestos "suicidios" o por abandono de persona. De estas muertes el Estado es responsable.

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Campo de Mayo: cárcel VIP de genocidas

El jueves pasado se confirmaron 30 casos de coronavirus y dos falleciemientos en la Unidad 34 de Campo de Mayo, un espacio convertido en cárcel VIP para los responsables de crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. En este lugar, las condiciones de detención nada tienen que ver con las de las y los presos "comunes".

El primer caso de COVID-19 en ese lugar fue el del genocida Luis Muiña, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en el Hospital Posadas, conocido por ser el caso con el que la Corte Suprema intentó habilitar el 2×1 para los genocidas durante el macrismo. El represor fue trasladado a la Unidad 21, que funciona en el Hospital Muñiz, donde continúa internado.

El Estado es responsable

En una entrevista hace unas semanas el presidente Alberto Fernández dijo que a un Gobierno se lo juzga por el estado en que están las cárceles. Entonces al suyo, al de Axel Kicillof y a los de los distintos Gobernadores del país, ¿cómo habría que juzgarlos, siendo que el 60% de las personas presas lo está sin condena, cuando en las cárceles el hacinamiento, la sobrepoblación y la privación de todo tipo de derechos para esas personas es lo "normal"? ¿Cómo habría que juzgar a los gobiernos siendo que el Estado mata y tortura todos los días dentro de las cárceles?.

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(1) La Procuración Penitenciaria de la Nación es un organismo oficial dependiente del Poder Legislativo y tiene como objetivo principal proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en el ámbito federal y asimismo, para controlar la actuación del Servicio Penitenciario Federal.