La Cámara de Diputados aprobó la creación de 15 Centros de Formación Técnica (CFT), uno en cada región del país, los cuales serán estatales y obtendrán financiamiento a través de la Ley de Presupuesto del Sector Público, sin mencionar la posibilidad de poder estudiar de manera gratuita. Pese a la iniciativa, los problemas y la precarización en la educación técnica profesional siguen latentes.
Jueves 7 de mayo de 2015
La Cámara de Diputados aprobó con 94 votos a favor, la creación de 15 Centros de Formación Técnica, los cuales estarán en cada región del país, tendrán un carácter estatal y su objetivo será “contribuir al desarrollo material y social de sus respectivas regiones y al fomento de su competitividad y productividad”.
El financiamiento de las nuevas instituciones educacionales será por medio de la Ley de Presupuesto del Sector Público, la misma que cada año rige para las universidades públicas y que está lejos de cumplir las expectativas de miles de estudiantes en cuanto a la gratuidad universal en la educación. Además, también recibirán presupuesto a través de otras leyes que les entreguen montos por concepto de matrícula, derechos de exámenes, certificados, estampillas, solicitudes varias, aranceles, es decir, una serie de requisitos que deben pagar los estudiantes a lo largo de su educación y que no serán garantizadas por el Estado, tal cual pasa en el resto de las instituciones de educación pública.
Los problemas que aún persisten en la educación técnica profesional
En Chile, los CFT y los IP (institutos profesionales) agrupan a más de 400 mil estudiantes, los que representan el 40% de la matrícula de pregrado en la Educación Superior, según datos del Consejo Nacional de Educación (CNED), es decir, de las más de 160 instituciones de enseñanza superior en el país, el 63,4% corresponden a CFT e IP.
Uno de los aspectos a destacar es que la creación de estas 15 instituciones técnicas educacionales de carácter estatal, no garantizan que los estudiantes podrán educarse de manera gratuita, pues seguirán estando bajo la educación de mercado que rige en Chile, donde la forma de poder educarse se basa en el poder adquisitivo que se tenga, la posibilidad de obtener becas o concretamente endeudarse con bancos o con el Estado.
Por otra parte, hay una serie de falencias y precariedad que ya acarrea la educación técnica profesional en el país, donde se puede observar que los estudiantes técnicos provienen en un 64% de los dos menores quintiles de ingresos. Según un informe del MINEDUC titulado “Educación técnico profesional en Chile. Antecedentes y claves de diagnóstico”, “el 40% de los egresados nunca se titula, otro 40% no logra desempeñarse en lo que estudió y no continúa estudios superiores y apenas un 20% logra encontrar empleo en el área en que se formó”.
En cuanto a la educación técnica en la enseñanza secundaria, respecto al Índice de Vulnerabilidad Educativa (IVE) que establece la JUNAEB, el 61% de los liceos TP (técnico profesional) se encuentran en el decil de mayor vulnerabilidad (90-100). En este sentido, es una realidad concreta que la mayoría de los jóvenes que se educan en colegios TP y que luego optan por seguir su educación en CFT o IP, vienen de los sectores más precarios, donde la posibilidad de educarse en una universidad está bastante lejos. Por ejemplo, según el Mineduc “en la PSU de matemáticas sólo un 1,5% de estudiantes de establecimientos TP logran puntajes superiores a los 600 puntos contra el 24,2% de los estudiantes CH” (Ciper Chile, 15 de octubre de 2013).
Muchos de ellos terminan trabajando en fábricas y empresas, bajo la subcontratación (sobre todo en el caso de los jóvenes que estudiaron telecomunicaciones) o en trabajos precarios, ganando remuneraciones inferiores a las que gana alguien que estudió en una universidad. Por lo mismo, la solución no está en la creación de más CFT o IP, que como bien señala el Gobierno es para “aumentar la productividad” y no pensando en la educación como un derecho para todos los jóvenes. Mientras en Chile la educación siga siendo un negocio millonario para empresarios y políticos, mientras esté lejos de ser un derecho universal al cual todos podamos acceder sin mayores trabas, la precarización y mercantilización de esta seguirá siendo un problema para miles de jóvenes que vienen de los sectores más pobres del país.
