Crecen los contagios y empeoran las condiciones de vida en Jujuy

La semana pasada, el historiador Felipe Pigna estableció un paralelismo entre el éxodo jujeño del 23 de agosto de 1812 y la actual pandemia, dado que según él, en ambos momentos se pondera el patriotismo, la empatía y la solidaridad de la población.

Alega, que hay un punto donde “no entran los estados”, esto sería lo que hacen las personas con su vida. Mientras sabemos que Jujuy se encuentra en pleno colapso sanitario y crisis en el plano económico y social, con 6.419 casos de Covid-19 y 184 muertes, al mismo tiempo la población tiene que alcanzar una canasta básica, que para una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños, al mes de julio se necesitó $40.622,88 para no quedar por debajo de la línea de pobreza y $39.935,56 para no estar bajo la línea de indigencia, según el informe de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec).

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Las organizaciones sociales de Alto Comedero, uno de los barrios más afectados por el virus (otro es Malvinas Argentinas), expresaron que no está garantizado el testeo mediante prueba PCR, ni se dispone con la capacidad de respuesta para atender a quienes ya presentan síntomas, como tampoco para garantizar atención primaria a la salud, esto es respaldado por el infectólogo Carlos Remondegui, quien sostuvo, que en los últimos días los barrios de San Salvador están arriba de 500/ 600 casos cada 100 mil habitantes.

En la localidad de Ledesma se registra 1 caso cada 67 habitantes, lo que lo coloca como el departamento más afectado por el virus en Jujuy. El cementerio Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en la misma, se encuentra colapsado e iniciaron ampliaciones sobre un espacio verde utilizado por los niños del barrio 9 de Julio, sus vecinos sostienen que la necrópolis ya emana olores nauseabundos y ahora, las sepulturas se ubicaran aún más cerca de las viviendas que lo rodean.

Sin embargo, Pigna sostiene una comparación ahistórica y sensacionalista, en pos de ponderar el discurso sobre la responsabilidad individual, niega la responsabilidad de las empresas y gobiernos.

El “aporte” de Ledesma

Durante la semana Ledesma entregó un grupo electrógeno industrial de 40 Kv al hospital Oscar Orías, que le permitirá mantener autonomía eléctrica al centro sanitario de cabecera de la localidad, además entregó 100 cajas de ibuprofenato sódico para el tratamiento experimental del Covid19, medicación, tubos de oxígeno, entre otros.

Este aporte “solidario” es ínfimo comparado a lo que realmente podría aportar al departamento de Ledesma. La multimillonaria familia Blaquier, según la revista Forbes, tiene una fortuna superior a los U$S 550 millones (más de $36.850 millones). Si se cobrara un impuesto extraordinario a las fortunas, como viene exigiendo el Frente de Izquierda, se podrían aportar recursos para el sistema de salud, por ejemplo, con esa plata se podrían comprar 4900 respiradores.

Sin embargo, la multimillonaria empresa, ni siquiera cumplió con los protocolos necesarios de seguridad e higiene. Se registran 393 casos positivos y 12 trabajadores fallecidos, además el CEO de Ledesma, Javier Goñi, sostuvo que fue “perfecto” el trabajo remoto que realizó un grupo de 400 trabajadores aislados desde el 15 de marzo.

A tal calificación, la toma como un aprendizaje para acelerar los proyectos de la empresa, minimizando la “posible equivocación”, puesto que “el futuro es muy alentador".

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Este descaro empresarial se condice, a que Ledesma nunca detuvo sus actividades en el azúcar, citrus, papel, jugos y bioetanol. Pasó por alto las advertencias del sindicato azucarero por el trabajo en mayores de 60 años y la falta de cumplimiento de su propio protocolo covid-19. Por su parte, el gobierno nacional y provincial los secundo al dejarlos hacer a su antojo, bajo las premisas de la responsabilidad individual y actividades esenciales.

Crisis sanitaria y colapso

El mes pasado funcionarios de salud de la Nación, avalaron lo actuado por el gobierno de Morales ante el covid-19. Sin embargo durante esta semana se filtró un informe elaborado por los doctores Lozza y Záppoli, para el Ministerio Nacional de Salud, que explicita algunos de los conflictos más urgentes en el abordaje del colapso y crisis sanitaria. A saber: la falta de participación de representantes de organizaciones, referentes comunitarios y/o técnicos del Primer Nivel de Atención y en la articulación con el PAMI considerando la situación de riesgo que presentan sus afiliados; retraso en la llegada de información, actualización en la definición de casos, telemedicina con dificultades para contactarse.

De igual manera, el sistema de gestión de camas no cuenta con un sistema informático en tiempo real . No hay disponibilidad de información en referencia al número de camas/casos, ni para la red de APS (Atención Primaria de la Salud), al 9 de agosto las camas críticas eran 93,10%, camas moderadas 70% ocupadas, camas leves 56, 25%, que sustenta los pedidos desesperados de la población, registrado en redes. Específicamente, denunciado por pueblos de quebrada y puna, zonas distantes con hasta 3 horas de viaje, que no cuentan con UTI (Unidades de Terapia Intensiva), ni respiradores y los contagios están en aumento.

Mientras los trabajadores de salud, están atendiendo permanentemente por teléfono, agregando carga horaria, a sus ya cuantiosas tareas. También se dio a conocer la aplicación de reducciones salariales por contraer COVID 19 o por ser grupo de riesgo, hecho repudiado por Asociación Médica de la República Argentina.

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Ante estos datos, sumado a las denuncias grabadas por enfermeros, médicos y epidemiólogos obtuvieron como respuesta oficial del COE, en particular del ministro de salud Bohuid y el ministro de seguridad Meyer, una minimización de la situación a una campaña nacional de desprestigio realizada por médicos y enfermeros, quienes, según palabras de los mandatarios son "militantes" opositores al gobierno provincial e inclusive la etiquetaron como un acto de “traición”.

Sin embargo las denuncias de trabajadores de la salud vienen desde el inicio de la cuarentena, mientras se continúa sin inversiones ni medidas necesarias como la unificación del sistema de salud público y privado.

Salud

La semana comenzó con un video de una enfermera del Hospital Guillermo Paterson, que se viralizó, denunciando que ya no hay oxígeno en el establecimiento para asistir a pacientes de covid-19 con cuadros respiratorios agudos. Además manifestó que se encontraba sola con 9 personas y que la mayoría de sus compañeras ya se habían contagiado, quedando a la vista las condiciones de sobrecarga que deben afrontar los trabajadores de la salud.

En el mismo hospital, se conoció hoy la muerte de Silvio Torres quien se desempeñaba como jefe de mantenimiento. Junto con trabajadores del sector exigieron protección adecuada sin tener respuestas favorables.

También otra enfermera que trabaja en uno de los hospitales cabecera denunció que los propios profesionales tuvieron que comprar elementos de protección personal, y que el 80% del recurso humano son enfermeros con "contratos covid" con condiciones laborales precarias.

Se conoció la noticia del fallecimiento de “Coco” Juárez, médico del hospital Zegada de Fraile Pintado de Jujuy, quien estaba internado en el hospital San Roque, y el Gobierno le habría negado la licencia por ser persona de riesgo.

El sindicato APUAP denunció que hubo descuentos al salario o afectó el pago del bono de 5 mil pesos de trabajadores de la salud que, siendo casos positivos de covid-19 o sospechosos de tenerlo, realizan el aislamiento obligatorio estipulado en los mismos protocolos del ministerio de salud. Además indicaron que a los que no deben asistir por ser grupo de riesgo, también se les realizaron reducciones salariales. Es un grave ataque por parte del gobierno de Morales que debe ser rechazado.

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Docentes

Este miércoles 26, se realizará una jornada de protesta virtual, en las páginas del ministerio y en las del gobierno, bajo el lema “la escuela enseña, resiste, y sueña”. Algunos de los reclamos: ingresar a la docencia en el 2021, por poder acceder al traslado, por las familias de los niños que padecen la enfermedad, por un salario acorde a la situación que se padece y por los docentes infectados con covid 19 que no pueden justificar sus licencia ya que hay muchas trabas administrativas, así como también se intenta visibilizar el quiebre emocional y económico que viven las familias jujeñas, que no le es ajeno a los docentes.

También se conoció que de acuerdo a la resolución N° 1966 del Ministerio de Educación, el gobierno provincial afectará arbitrariamente a personal de servicios generales de educación a tareas esenciales sanitarias en el marco de la pandemia de Covid 19. Amplio rechazo.

Transporte

Trabajadores de colectivos de Unión Bus de la capital jujeña protagonizaron una nueva jornada de paro y protesta en reclamo por el adeudamiento salarial de junio y julio, el pago de aguinaldo, contra los despidos y la persecución laboral ejercida por la empresa. Además denunciaron que la misma les intima a firmar el convenio de reducción de sus salarios al 70%, de no hacerlo amenaza a los trabajadores con sanciones y despidos.

En la misma mañana del reclamo, el gobierno provincial ordenó de inmediato un amplio operativo policial buscando amedrentar a los choferes. Mientras, el apoyo solidario de la comunidad en las redes sociales y la denuncia a los empresarios del transporte que juegan con las necesidades de los trabajadores no se hizo esperar.

En la semana también se dio a conocer que el sector no descarta la toma de medidas de fuerza y paro dado que la mayoría de las empresas de transporte urbano siguen adeudando los sueldos, pese a que los gobiernos nacionales y provinciales les entregan subsidios, y además por las conocidas maniobras extorsivas con que las patronales hacen firmar a sus trabajadores para bajarles sus salarios.

Comercio

Trabajadores de comercio continúan denunciando que no se implementan las medidas de higiene y seguridad, y que algunas cadenas de supermercados obligan a continuar sus labores aún si tuvieron contacto estrecho con casos positivos de covid.

El domingo se anunció la vuelta a fase 1 en San Salvador, Palpalá y Perico, por lo que comerciantes autoconvocados realizaron un bocinazo ya que el efecto económico ante otro cierre fue cuestionado durante la semana. El lunes amanecieron los comercios abiertos, y durante el mediodía el gobierno dio marcha atrás a la medida.

Lo cierto es que vendedores ambulantes y pequeños productores y comerciantes son de los sectores más afectados en la pandemia, llegando a estar sin ingresos, trabajadores despedidos y cierres de negocios.

Gastronómicos

La realidad de las y los trabajadores en este sector es muy dura, ya que varios fueron despedidos, suspendidos sin pago, sufrieron rebajas salariales y además de los que siguen trabajando lo hacen sin las condiciones de seguridad e higiene necesarias. Mientras tanto el sindicato firmó un acuerdo para cobrar un 25% menos cuando los salarios ya son insuficientes.

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Fuentes y aclaraciones metodológicas:
El Observatorio Laboral y Social de Jujuy reúne datos de fuentes propias como de fuentes de medios provinciales y nacionales. Dichos medios son La Izquierda Diario, Somos Jujuy, El Tribuno, Jujuy Dice, Jujuy al Momento, Todo Jujuy, UNJu radio, Canal 2. Además, se realizó entrevistas de primera mano, sumado a las denuncias recibidas.