Ayer la jueza Valeria Pérez Casado, luego de varias reuniones con diferentes empresas interesadas como Coto, Molinos, Tres Arroyos o Seychu, finalmente decidió otorgar la operatoria de Cresta Roja a un consorcio integrado las empresas Ovoport Internacional SA, Tanacorsa SA y Grupo Lacau.
Jueves 31 de diciembre de 2015
Según las primeras informaciones “la propuesta de estas empresas es por un plazo inicial de 30 días corridos durante el cual se negociarán las condiciones de una eventual explotación por un año mediante un fideicomiso”.
La aceptación de este mecanismo por parte de la jueza interviniente en la quiebra de Cresta Roja, significa un negocio redondo para estas patronales. A través de este fideicomiso las patronales intervinientes se garantizan un periodo de prueba para ver si el negocio funciona bien para sus objetivos capitalistas y en caso de que así no fuera se pueden retirarse sin ningún compromiso de su patrimonio ya que los mismos quedan resguardados al actuar como un fideicomiso.
Con este dictamen de la jueza, avalado e impulsado también por los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, estos empresarios se garantizan un negocio redondo. Si anda bien se quedan y si no se van como llegaron. Pero este tratamiento tan favorable a los empresarios no solo no garantiza ninguna estabilidad para los casi 4 mil trabajadores sino que el dictamen de la jueza también dispone que los trabajadores reingresen, en el mejor de los casos, según cómo evolucione la producción. En el escrito de la jueza puede leerse: “En el período inicial (enero de 2016), los operarios sólo cobrarán los Repro del gobierno nacional "mientras que progresivamente se irían incorporando los empleados necesarios para cubrir los puestos de trabajo generados por la explotación provisoria, cuyos salarios sí serían abonados por el fideicomiso a constituirse".
Solo se llegaría a ocupar el 100 % de los trabajadores cuando la producción alcance los 400 mil pollos por día, es decir nunca ya que esa cantidad se producía en los mejores años del negocio con Venezuela con la empresa subsidiada y si llegan lo van a hacer a base de una super explotación de los trabajadores. Un gran engaño macrista que viene a confirmar lo que ya veníamos anticipando que cualquiera de las “salidas” barajadas por ellos sería contra los trabajadores. Además, el consorcio que tomaría las riendas de Cresta Roja sólo aportaría 20 millones de pesos, algo que sólo cubre un mes pagando $5.000 a cada uno de los 4 mil trabajadores.
En este caso los trabajadores no solo recibirían los REPRO solo durante el mes de enero (lo que ya significó una pérdida de alrededor del 50 % de los salarios que venían cobrando) y a partir de allí solo pasarían a cobrar aquellos que logren ingresar paulatinamente y ni siquiera se sabe si ese salario respetaría el valor otorgado por el convenio vigente- Los que no logren ingresar, según se deduce de la noticia, no recibirían ni un peso.
Dime quién eres y…
Las tres empresas integrantes de este consorcio que se hará cargo de operar Cresta Roja son patronales acostumbradas a la superexplotación de sus trabajadores.
Ovoprot es la segunda empresa productora de huevos en el país y controla el 28 % de la producción. Es famosa por las denuncias de trabajo esclavo y contaminación en sus plantas.
Por su parte, la patronal de Tanacorsa S.A. fue denunciada por la propia AFIP por mantener trabajadores rurales no registrados (en negro) en su planta de Chivilcoy.
Este plan no puede pasar
La resolución de la jueza y el plan negociado con estas patronales negreras no puede pasar. No se puede dejar pasar que la fuente de trabajo de 4 mil trabajadores se convierta en un “laboratorio de prueba” de un consorcio de patronales negreras. Este lunes 4 de Enero está programada una asamblea en la Planta 2, ahí los trabajadores deben discutir como resistir el ajuste que les pretenden imponer. Hay que exigir que el Estado se haga cargo íntegramente de los salarios dispuestos por convenio de todos los trabajadores y el ingreso de todos a trabajar. Si la producción es reducida que se distribuya el trabajo entre las manos de los 4 mil trabajadores para que nadie quede afuera.
La gobernadora Vidal viene insistiendo que la salida se debe buscar en el “ámbito privado” pero la propuesta que hoy se conoce demuestra que allí no sale nada bueno para los trabajadores. La única salida está en el “ámbito social”, en la lucha por imponer una salida favorable a los trabajadores. En el día de ayer la jueza interviniente decretó la inhibición del Grupo Rasic pero esto no alcanza, hay que expropiarles todas sus empresas y bienes (en los últimos días se conocieron la gran cantidad de empresas donde Grupo Rasic son accionistas); en sus bolsillos y en su bienes está la plata para darle una salida a la crisis de Cresta Roja que respete el salario y la estabilidad de sus trabajadores y en lugar de garantizar ganancias privadas de un puñado de capitalistas, su producción, bajo el control de su trabajadores, tenga un objetivo social y esté destinada a proveer de pollos baratos y de calidad a hospitales y comedores comunitarios y escolares. Solo los trabajadores pueden lograr que la crisis sea pagada por los capitalistas.
