Estado Español. Crimen social: migrantes sin techo muertos en incendio de edificio ocupado en Cataluña

Al menos tres personas murieron y otras 17 resultaron heridas (ocho de ellas en estado grave) este jueves en la ciudad de Badalona, Cataluña, al nordeste del Estado español.

A través de las redes sociales, los bomberos han informado esta madrugada de que habían localizado al menos tres víctimas mortales en el interior de la nave incendiada, en la que continúan trabajando una treintena de dotaciones con todas las precauciones ante "el riesgo de colapso estructural" del edificio. No descartaban la posibilidad de más víctimas fatales ya que en el edificio vivían entre 100 y 200 inmigrantes sin techo que habían ocupado el lugar ante la situación de desesperación en la que se encuentran.

La culpa sobre los más vulnerables

No han faltado los medios amarillos que han querido poner el acento en la responsabilidad de quienes allí vivían. Ni en una jornada como ésta telediarios como el de Antena 3 ha dejado a un lado su casposa campaña contra la “okupación”. Han resaltado el carácter irregular de los habitantes del inmueble, su condición de “okupas” y los supuestos problemas de convivencia con el vecindario. Escuchando a este “periodismo” al servicio de los grandes especuladores inmobiliarios, pareciera como si las condiciones de extrema precariedad en que vivían fueran una opción escogida por ellos.

Pero es evidente que no es así. El terrible incendio, a la espera de que se confirmen las causas exactas de su origen, no ha sido en absoluto un accidente fortuito, sino la consecuencia directa de la violencia institucional que sufren a diario los inmigrantes, en particular la comunidad subsahariana. Por eso, las víctimas que hoy abren telediarios y portadas digitales, tienen verdugos claros, y es un buen momento para señalarlos.

En primer lugar las leyes de extranjería y todos los dispositivos asociados a ella que convierten la existencia de quienes son condenados a la “ilegalidad” por el hecho de migrar en un laberinto en el que ni pueden resolver su situación administrativa, ni por lo tanto poder acceder a empleos en blanco. Se les condena así a una cadena perpetua de supervivencia, a buscarse la vida con la venta ambulante y otras actividades, a no poder acceder por tanto ni si quiera al infladísimo mercado de alquiler, a tener que vivir en lugares no aptos, en condiciones extremas e inseguras.

Por si fuera poco, todo esto lo hacen bajo la presión de medidas de excepción. Pueden ser identificados, multados, detenidos, encarcelados en un CIE y deportados al antojo de las autoridades policiales y de Extranjería. Sus actividades sufren la presión continua de las policías municipales, la famosa guerra contra el “top manta”. Los grandes medios se encargan del resto, con sus permanentes campañas de criminalización de la inmigración y en particular de los colectivos más golpeados.

Todo este dispositivo de violencia institucional es un engranaje más del rol imperialista del Estado español y la UE. La condena a ser ciudadanos de segunda y trabajadores de tercera a millones aquí, es la contracara del papel expoliador de nuestras empresas en sus países de origen y las injerencias políticas y militares de nuestros Estados para garantizar gobiernos cipayos. Quizá el ejemplo más gráfico es el caso de la migración mauritana, que se aceleró exponencialmente en 2006 después de la entrada en vigor del acuerdo pequero entre este Estado y la UE que permitía a los barcos-factoría españoles y de otros países europeos esquilar los caladeros de los que hasta ese momento vivían decenas de miles de familias.

Los responsables políticos de esta violencia abarcan todo el espectro político. Desde Vox, que azuza el racismo desde toda posición que puede, o el derechista Albiol que ha hecho bandera de su alcaldía la persecución a inmigrantes y gitanos, hasta los “progresistas” que se llenan la boca de multiculturalismo y derechos humanos mientras el gobierno del PSOE y UP reabren CIEs, recupera las devoluciones en caliente, convierten Canarias en una nueva Lesbos y mantienen intactas todas las leyes de extranjería, o sus alcaldes del cambio, como Colau en Barcelona o hasta hace no mucho Dolors Sabaté en Badalona, mantenían a sus policías locales “en pie de guerra” contra el top manta.

Hoy saldrán todos ellos a lamentar el “accidente”, incluso se lamentarán por las pésimas condiciones de vida que lo han producido. Pero no son condiciones caídas del cielo, sino gestadas e impuestas por sus políticas racistas e imperialistas. Contra esas lágrimas de cocodrilo, contra el cinismo y la hipocresía de la casta política, la vieja y la nueva, lo ocurrido en Badalona lo que actualiza es la urgencia de la lucha por la derogación de todas las leyes de extranjería, la salida de todas las empresas multinacionales españolas que expolian los recursos de sus países de origen y por medidas de fondo que resuelvan los graves problemas habitacionales, como la expropiación sin indemnización de todas las viviendas en manos de la banca y los grandes tenedores.