La criminalización del aborto empuja a miles de mujeres a hacerlo en la clandestinidad. Otras son judicializadas e incluso pierden su libertad. A dos años de cumplirse la frustrada votación en la Cámara de Senadores las mujeres siguen luchando para que definitivamente este derecho #SeaLey.
Jueves 6 de agosto de 2020 20:40
La pandemia ocasionada por el COVID-19 sin dudas agudizó problemas preexistentes, como el desempleo, la precarización laboral y el aumento de la pobreza. En e contexto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) establecido por el gobierno nacional como respuesta a la pandemia hubo un aumento de las denuncias por casos de violencia de género, pero además visibilizó aún más la violencia machista a la que deben enfrentarse a diario las mujeres, incluído su extremo más violento como son los femicidios.
Desde el gobierno, específicamente a partir de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se impulsaron algunas medidas, sobre todo gestos políticos. Sin embargo y a pesar de contener acciones y programas existe aún al día de hoy algo que sigue pendiente: el aborto legal.
A pesar de que el presidente Alberto Fernández se había comprometido a presentar un proyecto de ley de legalización del derecho al aborto declaró en varias oportunidades que en este nuevo contexto de pandemia las prioridades debían modificarse: "El proyecto está terminado, está listo para ser mandado. Pero como sé que va a generarse un debate en la sociedad cuando lo mande, prefiero postergar ese debate hasta que resolvamos el debate de hoy, que es la pandemia”.
El aplazamiento en el tratamiento de esta ley no es un tema menor y mucho menos un tema con poca urgencia. Que el ejercicio de este derecho elemental continúe penado por la ley se traduce, por ejemplo, en el aumento de la criminalización de las mujeres que lo intentan, en tanto otras directamente mueren por hacerlo en la clandestinidad sin las condiciones sanitarias mínimas.
En nuestro país, y durante el ASPO, fueron judicializadas cuatro mujeres en Santiago del Estero por abortar, de acuerdo a la denuncia realizada por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Soledad Deza, de Mujeres x Mujeres y abogada de Belén en Tucumán, explicó en una entrevista con este diario que “estos casos se dan luego de que llegan a una institución asistencial, en el marco de la atención pos aborto. O porque se hicieron un aborto casero o porque tuvieron una complicación en el marco de un aborto hecho por fuera del sistema. Más allá de las particularidades de estos casos es necesario pensar en cómo opera la criminalización del aborto en la vida de las mujeres, porque una de las excusas para no dar el debate de legalización del aborto es precisamente que la figura del aborto, el tipo penal, no se utiliza en los hechos".
La criminalización de estas mujeres en Santiago del Estero es muy grave ya que su imputación es como consecuencia de un aborto. El ingreso al sistema judicial por este hecho funciona como una pena en sí misma y es un estigma que las acompañará más allá de como termine el proceso.
Un dato importante que aporta Deza es que “desde 2008 en adelante el 25 por ciento de las causas que habían ingresado a la justicia era por abortos naturales, espontáneos o tentativas de abortos, que no son tipos penales, sino eventos obstétricos adversos, que no pueden ser perseguidos punitivamente”.
Las muertes clandestinas
Pero sin dudas la cara más brutal de la criminalización del aborto es la que empuja a que miles de mujeres lo hagan en la clandestinidad, aún poniendo en riesgo su vida. Ese fue el caso de Ivana Micaela, una joven formoseña de 22 años que murió por las pésimas condiciones sanitarias en las que realizó esa práctica médica. Siempre es importante repetir que el aborto quirúrgico no es riesgoso en sí mismo, es la clandestinidad quien transforma este acto en algo peligroso para la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Las muertes por la clandestinidad del aborto suceden a lo largo y ancho de todo el país. Hace poco más de un mes, en el partido de La Matanza, gobernado por Fernando Espinoza del Frente de Todos, murió B. una mujer de 41 años.
En ese momento la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, denunció mediante un comunicado este hecho: “En La Matanza, la Red de Profesionales por el derecho a decidir lucha desde hace años para poder garantizar Interrupciones Legales de Embarazo (ILEs). El contexto es sumamente adverso ya que no se cuenta con medicación, ni reconocimiento institucional, a la vez que sufrimos hostigamiento y persecución por garantizar derechos. Esta situación expulsa a quienes necesitan acceder a una Interrupción Legal del Embarazo y empuja a las personas a la clandestinidad, exponiendo sus cuerpos y sus vidas a prácticas inseguras”.
Por ser una práctica que se practica en la clandestinidad no hay cifras oficiales, pero se estima que en nuestro país se realizan cerca de 450.000 abortos al año.
Como mencionábamos en esta notaun estudio reciente del Instituto Guttmacher y la revista científica The Lancet analizó la situación de la interrupción voluntaria del embarazo en países donde rigen leyes restrictivas, donde se garantiza el acceso al aborto legal y qué impacto existe en la tasa de embarazos no deseados.
El estudio señala que en donde las condiciones de vida de las mujeres son malas (ingresos, precarización laboral) y hay restricciones en cuanto al acceso legal al aborto o criminalización del mismo, la tasa de embarazos no deseados es de 101 mujeres cada 1000.
El debate por la legalización del aborto no puede seguir siendo moneda de cambio ni ser pospuesto en pos de temas que presentan como más urgentes.
El fin último de una ley es ampliar derechos, intentar paliar desigualdades que se reproducen en la vida cotidiana. La clandestinidad del aborto mata, pero lo hace sobre todo en los sectores más vulnerables, en aquellas mujeres que no tienen el dinero para hacerlo con un profesional y con las condiciones sanitarias básicas. La ley actúa en este caso como una herramienta punitiva y aleccionadora para las que intentan ejercer este derecho elemental.
Penalizar esta práctica es en cierto modo criminalizar la pobreza. Ninguna mujer que quiera abortar va a dejar de hacerlo, solo que las que no tienen dinero es probable que dejen su vida en esto. Para que no suceda el Estado debe garantizar el acceso a este derecho,que forma parte de la salud sexual y reproductiva, a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. En tanto la interrupción voluntario del embarazo esté criminalizada y la gran mayoría de mujeres deban abortar en la clandestinidad, cualquier crisis sanitaria solo constituirá mayores riesgos para la salud de las mujeres.
El movimiento de mujeres seguirá luchando y exigiendo #QUESEALEY
