En estos días se conocieron los resultados de la encuesta de inquilinos realizada por la Federación Nacional de Inquilinos (FNI). En el país el 41,9% de los inquilinos no pudo pagar el mes de Abril. En el caso de Río Negro, superan el promedio nacional alcanzando el 46,6%.
Ulises Crauchuk Corresponsal Comarca Andina | @ulisescrauchuk
Martes 14 de abril de 2020 02:15
Ilustración: @jonestoan
Según la Unión de Inquilinos Rionegrinos (UIR) en su informe de febrero de 2019, dos de cada diez familias rionegrinas alquilaba su vivienda. El porcentaje de los ingresos familiares destinados al pago de alquiler creció de 40,5% en febrero de 2018, a 50,5% en marzo de 2019 y hoy supera el 60%. Estas cifras no incluyen el gasto en impuestos, servicios y expensas. Además, cuatro de cada diez inquilinos tuvieron que rescindir el contrato antes de tiempo.
Casi 4 de cada diez inquilinos tienen un miembro de la familia que se quedó sin ingresos debido a las restricciones impuestas por la cuarentena, mientras que la mitad de los que alquilan no pueden pagar abril. Con los despidos y suspensiones en curso la situación puede empeorar aún más.
“Los sectores más golpeados son la juventud y los adultos mayores, que llegan a destinar el 63% de sus ingresos al pago del alquiler. El problema no es nuevo, pero se acentuó en los últimos cuatro años con el desfasaje entre salarios y costo de vida. En 1973, para un trabajador alquilar una vivienda representaba el 4% del salario, hoy estamos hablando del 51%”, nos comenta Roberto Díaz, presidente de UIR. “el mes que viene va a ser mucho peor, porque no hay reactivación económica y no la va a haber”.
El decreto presidencial 320/20 suspende desalojos, prorroga contratos y pagos y congela precios de alquiler hasta el 30 de septiembre, aunque luego deberán abonarse con intereses en cuotas de 3 a 6 meses. Desde la FNI, consideran insuficientes estas medidas y plantean extender el congelamiento de alquileres y contratos por dos años, y el pago de los compromisos adeudados en 12 o 18 cuotas.
La FNI viene impulsando un proyecto de ley de alquileres que regule el mercado inmobiliario, anclando la actualización de los contratos a la evolución del salario, y no al valor dólar de las propiedades. “Pero hoy ese proyecto está caduco ante la pulverización del salario que significa esta emergencia” dice Díaz.
Un problema estructural: la vivienda propia
La emergencia sanitaria desnudó también el problema del acceso a la vivienda. Para miles de trabajadores acceder a un crédito inmobiliario resulta imposible por las condiciones impuestas por los bancos. Los 16.5000 inquilinos de Río Negro, se reparten entre un mercado inmobiliario formal con altos requisitos, y otro mercado informal, sometido a contratos a corto plazo y altos precios.
En Bariloche, donde 1 de cada 5 habitantes alquila, es donde más se evidencian estas distorsiones del mercado inmobiliario, producto de la concentración de tierras en pocas manos. “La construcción está orientada al turismo o al alquiler temporario informal tipo RB&B, lo que resta viviendas en oferta en el mercado y aumenta la demanda disparando los precios y degradando las condiciones que el inquilino debe aceptar”, explica Díaz.
El hacinamiento y la precariedad en el Alto de Bariloche, en las afueras de Roca, Cipolletti o Viedma son una realidad que viene profundizándose hace décadas. Contrasta obscenamente con los negocios inmobiliarios turísticos y la impunidad de los terratenientes, la brutalidad a la que son sometidos miles que buscan tomar un pedazo de tierra donde vivir.
Sin dudas una ley de alquileres que regule este mercado despiadado será un alivio para los nueve millones de inquilinos en todo el país. Pero es necesario pelear por una salida de fondo a esta emergencia habitacional estructural.
Desde las fábricas recuperadas como Zanón, Cerámica Stefani y Cerámica Neuquén, viene planteándose hace años un plan integral de obra pública (hospitales, escuelas y vivienda) controlada por sus trabajadores que puede resolver el problema habitacional.
Ante un contexto de crisis económica pronunciada aún más por los despidos y el estancamiento de la economía, la salida de la cuarentena deparará mayores penurias al pueblo trabajador, a menos que aquello que en lo cotidiano se dice imposible se imponga como necesario.
Un plan nacional de vivienda puede ser la oportunidad de resolver definitivamente la crisis habitacional, al tiempo que sería una fuente de trabajo para los miles de desocupados de la construcción.
La necesidad de créditos habitacionales accesibles para el pueblo trabajador, hace urgente poner en discusión la nacionalización de la banca y su transformación en una banca única estatal bajo gestión de sus trabajadores, para que los recursos económicos estén a disposición de las necesidades sociales, y no de los especuladores y fugadores seriales.
Desde el PTS en el FITU, venimos levantando un programa integral ante la crisis social y económica abierta por la emergencia sanitaria. Es necesario que millones conozcan este programa, lo abracen y difundan para que se impongan las necesidades del pueblo trabajador, sobre los intereses de los capitalistas.
