En la administración Biden miles de migrantes están siendo deportados a México, donde aguardan por meses en espera de una solución positiva que les permita mejorar sus condiciones de vida, pero sin éxito.
Viernes 19 de marzo de 2021 00:31
The New York Times dio a conocer que se está negociando un acuerdo entre los gobiernos estadounidense y mexicano para frenar la migración. En este sentido, este jueves la secretaría de Relaciones Exteriores informó que se restringen los viajes por tierra no esenciales en la frontera sur de México, esto con la excusa de la pandemia, pero completamente funcional a los intereses del imperialismo. A su vez, se hizo público un “préstamo” de dosis de vacunas del gobierno de Biden al de AMLO y, enseguida, se salió a desmentir que esto estuviera vinculado con una mayor cooperación de México para frenar la migración hacia el gigante del norte.
Promesas incumplidas
Con la llegada de Joe Biden, se abrieron muchas expectativas sobre el tema migratorio ante las terribles políticas hasta xenofóbicas del gobierno de su antecesor, DonaldTrump. La respuesta de esta nueva administración era más amigable, ordenó que se hablara con el lenguaje incluyente a los migrantes e, incluso, ordenó la revocación que veta el ingreso a los migrantes por su riesgo laboral.
Pero esta luna de miel terminó con la deportación constante de miles de migrantes que terminan en albergues en la frontera norte mexicana con todos los peligros que eso implica: polleros, crimen organizado, militarización de la frontera, desapariciones forzadas, falta de acceso a derechos plenos como al trabajo y salario dignos y a la salud, por ejemplo.
Los migrantes chocan, actualmente, con el “muro” de Biden, quien detenta deportaciones masivas, así como el recrudecimiento de políticas antimigratorias desde EE. UU., ante la falta de soluciones que su gobierno prometió para los miles de migrantes que están siendo expulsados, en su mayoría adultos.
Pensemos, también, en el nivel de desesperación de las personas que migran, dado que hay 9 mil 500 niños, aproximadamente, que viajan solos para cruzar la frontera y con una esperanza renovada. Al respecto, Joe Biden ha enviado a la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) para gestionar sus casos y ha dicho que no deportará a los “menores no acompañados”.
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Mientras Biden mantiene una política de no deportación para menores de edad, por otro lado, manda un mensaje contundente para los miles de adultos que se encuentran en espera de una solución a su situación migratoria: “No vengan”. Situación que debiera preocuparnos por el debate abierto que existe sobre las condiciones de semiesclavitud de los indocumentados y trabajadores con permisos especiales (jornaleros) en aquel país.
El gobierno mexicano, por su parte, refuerza los dichos por el jefe del Departamento de Seguridad Interior de EE. UU., Alejandro Mayorkas, respecto de que México cuenta con una frontera “segura y no está abierta” para quienes elijan migrar; abonando a los comentarios del presidente Joe Biden ante el aumento del flujo de migrantes que desean cumplir el sueño americano, después de sus promesas cuya política de inmigración alentaba a miles de migrantes solicitantes a resolver sus solicitudes de asilo, pero que se quedó en promesas incumplidas.
Muro fronterizo de militares en gobierno de AMLO
Una de las primeras acciones del gobierno mexicano para frenar el flujo migratorio de Centroamérica hacia EE. UU. fue la militarización de sus fronteras, so pretexto de la seguridad nacional, desplegando más de 8 mil efectivos de las fuerzas federales y 21 mil soldados de la Guardia Nacional; para llevar adelante esta acción, tan sólo en 2020, fueron instalados 30 puestos militares y 347 puntos de control migratorio. En 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional ejercerá con un presupuesto de 112 mil 557 millones de pesos, 17.7 % más que el año pasado.
Resulta contradictorio del tabasqueño con sus, ya lejanas, promesas de campaña para “regresar a los militares a sus cuarteles”. En tan sólo dos años de gobierno, AMLO apuntaló a la corporación castrense al darle mayor presupuesto de, al menos, 63 mil 500 millones de pesos; así como modificó la Ley Orgánica del Ejército para otorgarles funciones en, al menos 30 tareas, una de las cuales es la militarización de las fronteras que sirven, a su vez, de border patrol y muro fronterizo humano tanto en la frontera norte como en el sur del país impidiendo la entrada de los migrantes quienes vienen huyendo de la violencia y pobreza de sus lugares de origen.
Esta militarización en las fronteras y su financiamiento, no sólo del gobierno mexicano, sino aplicadas en otros países subordinados al imperialismo como Guatemala y Honduras, se despliega contra los pueblos pobres e impiden el avance de las y los migrantes violando sus derechos humanos, además de que los encierran en centros de detención, los hostigan, los entregan al narco (como se vio en las masacres de migrantes en Tamaulipas).
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AMLO plantea en sus discursos que el despliegue de la Guardia Nacional no es lo mismo que la militarización e, incluso, emite comentarios para refrendar la confianza hacia esta institución que hoy funge como policía nacional; pero no evidencia que se han multiplicado las denuncias de violaciones a DDHH por parte de los uniformados de esta corporación. Por eso, en los hechos, el gobierno de la 4T ha dado continuidad al despliegue de las fuerzas armadas iniciada en el gobierno de Felipe Calderón con la bandera de la guerra contra el narcotráfico.
Contrario a la austeridad republicana en su discurso, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador muestra su subordinación ante el país imperialista desde el sector militar que no ha visto decrecer sus recursos como sí sucede contra el pueblo pobre y trabajador a quienes se nos carga el gasto público –con más despidos, subcontratación, falta de acceso a los derechos laborales, educativos, culturales y de la salud– para seguir militarizando las fronteras, como parte de una política antimigratoria que frene el flujo de las caravanas.
¡Unidad de toda la clase obrera sin fronteras!
Ante la evidente –y conveniente– subordinación del país con más militarización en sus fronteras, tanto norte como sur, se vuelve indispensable la unidad de todos los sectores que se reivindiquen como verdaderamente democráticos para organizar un amplio movimiento en defensa por los derechos de las personas migrantes.
Somos miles de personas luchando en ambos lados de la frontera (y en todo el mundo) por derechos plenos: movimiento de mujeres, campesinos e indígenas pobres, estudiantes, personas de la clase obrera multiétnica de EEUU, comunidad latina y migrante, aunado a los millones de jóvenes y trabajadores que se movilizaron contra la violencia racista y policial hace un año atrás, desde donde podamos crear un amplio movimiento encabezado por la clase trabajadora, pues somos quienes podemos parar las fábricas, comercios, establecimientos y todo el sistema económico que nos oprime y nos explota.
Exigimos el derecho a residencia automática para los inmigrantes apenas pisen territorio de los otros países. Rechazamos la precarización laboral, luchemos por trabajos con los mismos derechos laborales y de seguridad social que los trabajadores nativos. Para enfrentar la división de las filas obreras, luchemos por la repartición de las horas de trabajo entre todos los ocupados y desocupados de cualquier nacionalidad, con salarios dignos y sin tercerización (outsourcing). Se debe garantizar a los inmigrantes el derecho a traer a sus familias. Peleemos por iguales derechos políticos, económicos y sociales.
Diana Palacios
Profesora egresada de la Normal Superior, colaboradora en IdZMx