Martes 8 de febrero de 2022
Hace ya varios meses, el norte del país se ha envuelto en polémica por la enorme cantidad de migrantes que han llegado al país buscando mejorar su calidad de vida y nuevas oportunidades y lo único que han encontrado ha sido violencia, discriminación y abandono.
A fines de septiembre del año pasado, ocurrió un brutal desalojo migrante en la ciudad de Iquique, donde decenas de familias extranjeras, en su mayoría venezolanos y haitianos, vivieron la represión y la discriminación de parte de grupos de derecha, que quemaron y agredieron a decenas de familias. después de esto se intentó dar soluciones parches, como campamentos improvisados para recibir a familias de personas migrantes en localidades como Colchane, Huara y playa Lobito, pero que claramente fue insuficiente, no daba abasto, las familias seguían en condiciones precarias, el lugar no cumplía en lo básico que debería tener un lugar de acogida e incluso hubo dificultades para atender la situación sanitaria.
Pero no solo eso, campamentos fueron destruidos por la lluvia, y las familias, donde la mayoría tenía niños sólo recibían un snack para alimentarse, el estado no se hizo responsable nunca, no se responsabilizó ni por esos niños que no tenían cómo alimentarse bien, ni poder regularizar su escolaridad.
Pero aún en la actualidad la crisis migratoria sigue en la palestra. Hace unas semanas de nuevo se vivió una manifestación de más de 4000 personas, que marcharon en contra de la delincuencia y por la seguridad, criminalizando a la población extranjera, ya que los índices de delitos por parte de extranjeros no supera los 3,8%, por lo que esta sensación de inseguridad en la población no solo parte por la discriminación, racismo, xenofobia y hostilidad de parte de parte de la población a las comunidades extranjeras,como grupos de derecha, como el Partido Republicano o la UDI, sino también principalmente de parte del estado, que ejerce violencia institucional, violencia y racismo no a todas las personas extranjeras, sino a los que viven en situación de pobreza, en su mayoría venezolanos y haitianos, ya que lo único que ha entregado es precarización, mas vulnerabilidad , represión y como solución más efectivos policiales y más control fronterizo.
El estado no ha proporcionado ninguna condición a estas familias, ni seguridad, ni lugar donde dormir, ni acceso a la salud, a la educación, alimentación, trabajo, menos protección jurídica ni psicosocial.
Para enfrentar la crisis migratoria, no solo en Chile sino a nivel internacional, se requieren medidas de fondo de parte de los estados, se necesita un plan de acogida internacional, integral y humanitario, que asegure albergues de buena calidad, que sean gratuitos y transitorios. Es necesario asegurar atención médica y control sanitario por la pandemia, alimentación, buenas oportunidades de empleo, educación para las niñas y niños y regularización que implique visas laborales inmediatas para poder trabajar y la convalidación de títulos universitarios.
Es el Estado el que debe responder ante esta crisis social ya que recursos hay, partiendo por las exorbitantes ganancias de las grandes mineras. Si se implementaran medidas como impuestos extraordinarios a las grandes empresas y grupos económicos, se podrían obtener recursos rápidamente y no solo financiar un plan de acogida internacional como el mencionado, sino que también responder a las necesidades sociales de la población en su conjunto.
