Editorial. Crisis sanitaria en Río Negro: responsabilidades compartidas entre provincia y nación

El sistema sanitario en ciudades como Cipoletti y Fiske Menuco llegaron al límite de su capacidad. Similar situación se vive en todo el Alto Valle. Un paciente de coronavirus en Villa Regina murió esperando su “turno” para que pudieran internarlo. Nunca le llegó. En Roca murió otro paciente que había dado positivo, pero estaba aislado en su casa. En Fernández Oro, ante los contagios en un geriátrico, el propio Intendente Mariano Lavín salió a decir en esa localidad: “se elige quien internar, porque no hay más lugar”.

La presidenta del Colegio de Médicos de Cipoletti, Graciela Saez había dicho hace unos días: “el Comité de Bioética tendrá la triste tarea de acompañar cuando haya que decidir a qué paciente se le coloque el respirador cuando haya una sola posibilidad”. La directora del hospital de esa misma ciudad, Muñoz, bajó un cambio diciendo que aún trabajan al límite, pero atienden a todos; renglón seguido aseguró que, “de seguir así, quizás sí haya que seleccionar quien tiene el privilegio de hospitalizarse”.

No se puede ocultar el sol con las manos: el sistema sanitario sigue casi como al principio de la pandemia. Hoy es clave la detección temprana, pero nunca hubo testeos masivos. También se vuelve acuciante disponer de más camas de internación y respiradores, pero en las principales ciudades de la provincia crecieron a cuentagotas. Ni hablar de centralizar todos los recursos sanitarios públicos y privados, ya el Ministro de Salud Ginés García desechó hace meses esa idea para todo el país.

Peleas de media noche, acuerdos estratégicos

La vuelta a la fase 1 no duro ni 24 horas. Las presiones de las cámaras empresariales y de comerciantes, con movilizaciones y hasta escraches de medianoche al intendente de Cipoletti; “convencieron” a todos de retroceder de las medidas.

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Mientras que la Intendenta de Fiske Menuco, María Emilia Soria, encabezó la oposición dentro del Frente De Todos a la vuelta de la fase 1; desde Cipoletti, la diputada nacional por el FDT Landriscini apoyaba la medida, como también lo hacía Juntos por el Cambio. Se estaban alineando a la postura del Gobierno Nacional, que, a través de funcionarios del Ministerio de Salud, respaldaron la decisión de imponer nuevas restricciones a la circulación en el Alto Valle.

Si hay algo claro en toda esta “rosca” es que, en estos 6 meses de cuarentena, ni Juntos Somos Río Negro en provincia, ni el FDT en las Intendencias y en el Gobierno nacional, prepararon el sistema sanitario para hacer frente a la enorme ola de contagios anunciada por todos los expertos para esta altura del año.

En lo que sí acuerdan explícitamente estos partidos es en acrecentar el papel de las policías y responsabilizar a los individuos por los contagios. Quedó para el archivo de los peores discursos manoduristas el spot de Soria pidiendo por Gendarmería. Pero Carreras no se quedó atrás, además de reforzar el número de agentes, respaldó el abuso policial en Bariloche a una mujer que fuera detenida violentamente por pasear su perro sin permiso y pidió la intervención de Nación para poner límites a “los violentos mapuches”. Toda esta operación discursiva tiene una finalidad: aumentar el control policíaco para imponer este plan de penurias para el pueblo trabajador, que no es otro que mantener la cuarentena sin invertir en salud.

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Quien gana las calles impone salida

Muchas personas que participaron de las marchas de comerciantes en las ciudades del Alto Valle contra la Fase 1 venían haciendo su “gimnasia” de protesta en las distintas movilizaciones que a nivel nacional están siendo convocadas por la oposición de derecha. Los intereses corporativos de las federaciones empresarias se mezclaron con rechazos genuinos de sectores cuentapropistas y changarines, que sin tener otra alternativa se oponen a la Fase 1 porque tienen que salir a buscar el pan de cada día.

A los empresarios, tanto la gobernadora Carreras como Soria, les ofrecen reuniones, aumentan sus beneficios fiscales y determinan dar pasos atrás en las restricciones; mientras para los sectores obreros y populares solo tiene para darles una IFE insuficiente cada 2 o 3 meses y mayores controles a la circulación. Por eso, machacar con la responsabilidad individual frente a los contagios, es una forma de discriminación social a los sectores más golpeados por la crisis: una cosa muy distinta es enfrentar la pandemia en las “casas bien” de las zonas ricas de las ciudades, que para los cordones barriales más necesitados.

Los gobiernos cuentan con un aliado indispensable: las direcciones sindicales, sin los cuales no podría contenerse el malestar. Las conducciones de ATE, Unter y UPCN, en su mayoría peronistas, fueron la garantía de la paz social otorgada al gobierno de Carreras para que pasen estos 6 meses sin ninguna medida contundente para enfrentar la pandemia exceptuando algunas acciones o declaraciones aisladas de Aguiar.

Si antes de la cuarentena sus reclamos sectoriales resultaban insuficientes ante un gobierno que nos hundía en las deudas del Plan Castello, hoy si siguen actuando como hasta ahora resulta nefasto ante la crisis actual y la catástrofe que se avecina. La foto de las cámaras empresariales llamando abiertamente al boicot de la Fase 1 es un ejemplo por demás elocuente: quien tiene decisión de ganar la calle, gana “poder de fuego”.

En todos los momentos de crisis quedó demostrado que son los sindicatos y las grandes movilizaciones populares quienes pueden frenar estas medidas reaccionarias. Hay que impedir que haya pacientes “de primera y de segunda” y que no se tenga que elegir entre quién vive y quién no. Es necesario fortalecer la participación de la base y de los sectores antiburocráticos en los sindicatos, que se unan a las movilizaciones existentes contra la impunidad policial, los reclamos de vivienda y contra la contaminación, levantando un programa de independencia política de los gobiernos. Invertir las prioridades sigue siendo clave: plata para salud en vez del pago de la deuda, unificando el sistema sanitario, es decir declarar de utilidad pública todas las clínicas privadas. Así como también se asegure testeos masivos y seguridad sanitaria para las y los trabajadores esenciales y se imponga una IFE de 30 mil pesos para todos los sectores necesitados. En otras palabras, preparar el terreno para que sea la clase trabajadora y el pueblo pobre quien “gane la calle” y dé una salida para que la crisis la paguen los capitalistas.