El juez Bonadio pidió al fiscal que solicite la elevación a juicio oral, la acusan de encubrimiento agravado y abuso de autoridad. La judicialización de la política donde las pruebas no importan. AMIA: monumento a la impunidad.
Mirta Pacheco @mirtapacheco1
Martes 23 de enero de 2018 00:30
Finalmente, Servilleta Bonadio a comienzo de la semana solicitó al fiscal de la causa, Jorge Taiano, que pida la elevación a juicio oral, esta solicitud estaría en condiciones de suceder los primeros días de febrero.
Este movimiento se da después de que la semana anterior las autoridades de la DAIA requirieran dicha elevación. Algunos familiares de las víctimas de todos modos buscan volver a la acusación de “traición a la patria”. Esto ya fue rechazado por la Cámara Federal porteña.
Claudio Bonadío da este paso luego de dar por concluida la etapa de investigación de la causa, iniciada por el fallecido ex fiscal Alberto Nisman. Recordemos que Nisman, quien fuera erigido por quienes hoy están en el gobierno, junto al “partido judicial” como el “aladid de la justicia”, en verdad en los 10 años que estuvo al frente de la fiscalía que investiga la voladura de la mutual judía, no avanzó un centímetro en conseguir pruebas concretas y determinantes que contrarrestaran la impunidad que cubre ese atentado desde que sucediera, en 1994.
Eso sí, siguió siempre las “pruebas” que le iban alcanzando servicios de inteligencia, como Jaime Stiuso, quien se hacía eco a su vez de agencias extranjeras como la CIA y el Mossad. Así es como nada se investigó seriamente y sobre todo, se cubrió de maniobras, falsos testigos, etc., la “pista local”.
Hoy hay un juicio por responsabilidades individuales en el ocultamiento, pago de testigos y diversas maniobras de personajes como Menem, varios miembros de su gobierno, como Corach, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja y otros acusados. Pero se los juzga a título individual, lo cual deja de lado la responsabilidad del Estado argentino, por esos años dirigido por el gobierno menemista. Así la impunidad sale nuevamente fortalecida.
Este juicio, fue impulsado por el kirchnerismo en el gobierno, mostrándolo como un combate a esa impunidad reinante. Nada más lejos de eso. El paso siguiente fue la firma del memorandún con Irán. Como ya expresamos varias veces desde este diario, el problema de ese acuerdo, no era que buscaba encubrir a los cinco iraníes acusados –sin ninguna prueba fehaciente de su responsabilidad en el atentado-. El problema de ese acta acuerdo era que volvía a correr de foco la responsabilidad del Estado argentino. Por lo cual no tiene que ser juzgado bajo la órbita de la justicia, pues ninguna ley se violó en verdad, sino que fue una acción política que (como todos los gobiernos anteriores), sostenía la impunidad local y alejaba a las familias de las víctimas -y a toda la población- de la verdad.
Macri continúa defendiendo la impunidad
Como denunciaron familiares de las víctimas, como APEMIA, el año pasado Mauricio Macri firmó un decreto (uno de los tantos que gusta emitir, asumiendo funciones legislativas, reforzando cada vez más la figura presidencial), el 229/17 “cuyo espíritu y disposiciones están puestas al servicio de la re-apropiación por parte de la AFI y la Secretaría AMIA del Ministerio de Justicia (…) (ambas dependencias del Poder Ejecutivo) de los archivos secretos que aún maneja la AFI, vaciando a la fiscalía de sus obligaciones (…)”. “Estas medidas, impulsadas por la AFI fueron tomadas a espaldas y abiertamente en contra de los reclamos de Verdad y Justicia de las agrupaciones de familiares de víctimas del ataque, y están articuladas al servicio de satisfacer las demandas de la Embajada de Israel y sus grupos de presión locales, entre otros la DAIA”.
Por supuesto, Cambiemos presentó este decreto como la “desclasificación total de los archivos de la AMIA” que estaban en manos de la ex SIDE. Claro, la norma deja en manos de la Agencia Federal de Inteligencia la apertura y traslado de dichos archivos, hacia la Unidad Fiscal de Investigación.
También el gobierno de CFK llamó “desclasificación de archivos” a un decreto emitido en el 2015, donde lo que se desclasificaba quedaba a criterio de la AFI. Pura continuidad si de preservar la impunidad del Estado en relación al crimen de la AMIA se trata. El gobierno de Cambiemos, tampoco en este tema, nada vino a cambiar.
Judicializando la política
El llamado “partido judicial”, esa casta de jueces millonarios que se identifican ideológica y políticamente con Macri, quiere ver en el banquillo de los acusados a Cristina Kirchner, inventando pruebas jurídicas donde no las hay. Reafirmando por añadidura sin que ningún hecho de la realidad así lo indique, la culpabilidad de los iraníes en el atentado a la mutual, donde fueron asesinadas 85 personas, ese ominoso día del 18 de julio de 1994.
Esto es parte de las consecuencias de la polarización política que el gobierno continúa llevando adelante con el kirchnerismo. Mientras esto se mantenga en las noticias de los grandes medios de comunicación, afines al gobierno, tal vez quede en segundo plano –piden por ello-, las crisis que día a día le saltan a este gobierno. Que en el terreno político logra triunfos casi pírricos, como la votación de la reforma previsional a punta de pistola y en el terreno económico, todavía no logró ninguno en forma contundente o duradera.
Bonadío o como ser más “papista que el papa”
Todos recordarán que Claudio Bonadío es llamado el juez de la servilleta. Se ganó ese mote gracias a la denuncia de Domingo Cavallo cuando expuso que Carlos Corach –ministro del Interior de Menem- escribió en una servilleta los nombres de los jueces que respondían en forma directa al máximo exponente de la política neoliberal de los años 90. En ese papel figuraba su nombre.
Pero también Bonadío es el juez que más veces, junto con Oyarbide, fue recusado por irregularidades en las causas que llevaba adelante. Y también es el juez apartado de la investigación en la causa AMIA por haber sido “juez y parte”. Él fue el segundo de Carlos Corach cuando éste estaba en la Secretaría Legal y Técnica del gobierno de Menem. Cuando Corach fue acusado por diversas maniobras de ocultamiento, a Bonadío, ya juez en la causa, no se le ocurrió renunciar. La Cámara Federal lo tuvo que apartar por considerar que fue juez y sospechoso a la vez.
Flojito de papeles, es lo mínimo que se puede decir de este juez que insiste en que hay hechos que prueban que ese memorandún que Cristina Kirchner y sus funcionarios firmaron con Irán, buscaba encubrir a quienes él y el gobierno consideran responsables de la voladura de la mutual judía, siguiendo la postura del Estado de Israel, uno de los Estados privilegiados para sostener relaciones con Argentina, como demuestra la compra millonaria de armamentos y tecnología que Cambiemos viene realizando a ese Estado opresor del pueblo palestino.
Así las cosas, en el segundo mes del flamante 2018 será noticia el llamado a juicio oral para la ex presidenta, lo que obligará a Cambiemos a discutir en la cámara alta su desafuero. Ya el PJ, que viene actuando como aliado del gobierno, anticipó que en esta no va a votar a favor, seguramente pensando en su auto preservación.
