La izquierda criticó la negativa de las multinacionales cerealeras a tributar más para subsididar al transporte y apuntó a los senadores del PJ que se oponen a los gravámenes para el agro y las entidades financieras.
Lunes 29 de octubre de 2018 19:22
El jueves pasado la Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a dos proyectos que buscan gravar al agro y a las entidades financieras para financiar el transporte público, de modo de compensar la quita de subsidios a nivel nacional, ratificada con la aprobación del presupuesto 2019. Por un lado el proyecto impulsado por Luis Rubeo del PJ propone duplicar la afectación del impuesto de Sellos destinada a ese fondo para llevarla del 5% actual al 10%, mientras que el del socialista Rubén Galassi busca incrementar la alícuota de Impuesto Inmobiliario a bancos, financieras y comercializadoras de granos, y aumentar la alícuota de Ingresos Brutos a las agroexportadoras del 0,25 al 1%.
Las multinacionales cerealeras nucleadas en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) ya refutaron la medida y amenazaron con despidos. Los senadores del PJ anticiparon hoy su rechazo a la ley votada en Diputados, encabezados por el senador departamental de San Lorenzo Armando Traferri, que procede justamente de la región donde se emplazan las agroexportadoras y cerealeras que se resisten a estas medidas, el cordón industrial de San Lorenzo y Puerto San Martín.
Traferri dijo hoy a Rosario12 que era un proyecto “simplista” y que las medidas “atentan también contra la generación de puestos de empleo”. En Diputados el peronismo, el oficialismo y el bloque Igualdad que conforman el espacio de Giustiniani junto al Frente Social y Popular votaron a favor, mientras que Cambiemos se opuso arguyendo casi lo mismo que el senador Traferri. El diputado del PRO Federico Angelini sostuvo: “Parece que los malos son las grandes empresas, que generan empleo para los santafesinos”.
En tanto, la izquierda criticó la negativa de las cerealeras a dar algo de sus ganancias para subsidiar al transporte y apuntó a los senadores peronistas que se oponen. El dirigente del PTS-FIT Octavio Crivaro sostuvo: “Las cerealeras no quieren pagar más ingresos brutos para subsidiar el transporte y el peronismo lo avala en el Senado. La impunidad con la que se manejan estas empresas rapaces en nuestra provincia es la que el mismo Partido Socialista y el peronismo han permitido y han negociado desde siempre. Desde el Frente de Izquierda proponemos estatizar los puertos bajo control de los trabajadores y arrancarlo de las manos de estos poderosos pulpos exportadores ¿Hasta cuándo estas multinacionales se van a enriquecer a costa nuestra y controlar nuestros puertos?”.
La Legislatura de #SantaFe votó cobrar un ínfimo impuesto de 1% a las cerealeras para subsidiar al transporte. La respuesta: amenazaron con despedir trabajadores. ¿Hasta cuándo esos parásitos multinacionales se van a enriquecer a costa nuestra y controlar nuestros puertos?
— Octavio Crivaro (@OctavioCrivaro) 27 de octubre de 2018
En tanto, Crivaro señaló: “Llamamos a los sindicatos de conjunto a movilizar y rechazar el chantaje de estos pulpos que ya devalúan nuestros sueldos con cada corrida especulativa del dólar y que despiden trabajadores, como en Cargill” y agregó que “si miles de trabajadores nos movilizamos contra este chantaje, entonces, se puede pararles la mano. Los sindicatos tienen la fuerza, pero tiene que ser con los laburantes en la calle. Derrotar este chantaje patronal sería un gran paso para pelear por un transporte barato y de calidad, que solo es lograble con un sistema de transporte público, financiado con impuestos a las grandes fortunas”, ratificó el dirigente del FIT.
Rosario: el impacto en el transporte
Hace pocos días la intendenta de Rosario Mónica Fein alertaba que el boleto aumentaría a 30 pesos con la quita de subsidios nacionales. Mientras, el boleto de colectivos subió en lo que va del año 5 veces y los trabajadores rosarinos pagan $18,28 desde octubre.
Irene Gamboa, referente estudiantil de Pan y Rosas y el PTS en el FIT agregó: “Somos los estudiantes y trabajadores que estamos afrontando un boleto impagable de casi 19 pesos, y la intendenta anunció que podría subir a 30 pesos. Los trabajadores deben hacer malabares para llegar a fin de mes mientras otros facturan millones y se niegan a aportar. Por eso desde el Frente de Izquierda hemos planteado siempre que el transporte es un derecho y debe estatizarse bajo el control de sus trabajadores y usuarios”.