Una nueva ofensiva del partido judicial ayuda al Gobierno para cambiar la agenda y alimentar la polarización, en medio de un nuevo récord del riesgo país, el aumento de la pobreza y la desocupación. Los empresarios, impunes, brindan por adelantado.
Juan Manuel Astiazarán @juanmastiazaran
Viernes 21 de diciembre de 2018 02:06
El partido judicial tiene sus propias internas, y para eso basta ver las tensiones en la Corte Suprema y las últimas maniobras contra el presidente del tribunal. Rosenkrantz no sólo volvió a quedar en soledad tras la votación por el reclamo de los jubilados (lo mismo le había ocurrido recientemente con el fallo del 2x1), sino que una resolución votada por sus pares limita su poder y reduce su autonomía en materia económica.
En medio de esas internas del Poder Judicial, el fallo de otra de sus instancias como es la Cámara Federal, que confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner en la "causa de los cuadernos" y redujo la figura aplicada a los empresarios involucrados a "cohecho", resulta una excelente noticia para el Gobierno y se festeja en la Casa Rosada.
No es menor analizar la intencionalidad política de los fallos, dado el carácter de operación política y la debilidad de las pruebas que mostró desde un primer momento la causa llevada adelante por Bonadío. Ahora el debate público seguramente se centrará en el pedido de desafuero para la senadora, cuestión que no prosperará ya que Pichetto aseguró que el PJ no modificará su postura "hasta que no haya sentencia firme".
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En este marco, cabe señalar que el fallo se conoció el mismo día en que el riesgo país alcanzó un nuevo récord en la era Macri, superando los 800 puntos, y se suma a los últimos datos que muestran un crecimiento en las estadísticas de pobreza y de desocupación.
Frente a una crisis que se agrava día a día, hunde en la miseria a millones y complica seriamente los planes reeleccionistas de Cambiemos, la confirmación de la Cámara es funcional a la apuesta del oficialismo de cambiar la agenda.
Pero no sólo eso: el fallo además es un regalo de fin de año para los grandes empresarios como Calcaterra (primo de Macri), Roggio, Luis Betnaza (Techint) o Enrique Pescarmona, que fueron excluidos de la “asociación ilícita” que supuestamente habría dirigido la expresidenta.
Según la resolución, las coimas pagadas por los empresarios a los funcionarios públicos no son elemento suficiente para considerarlos miembros de una misma asociación criminal "con las características que han sido definidas".
Un fallo a la carta
A la carta de los empresarios, que esperaban ansiosos la resolución judicial que los saque de la misma tipificación del delito que los funcionarios kirchneristas, lo que los igualaba en las responsabilidades. Así lo "anticipó" Clarín una semana atrás, cuando aseguró: “El movimiento empresario espera un inminente fallo de la Cámara Federal que corrija varias decisiones en la investigación de los cuadernos de la corrupción”. El mismo artículo, publicado el 13/12/2018, asegura que en la Casa Rosada habían confirmado esta misma versión.
A la carta del Gobierno, que tras los espejitos de colores del G20 tuvo que volver al barro de un día a día donde la economía se sigue hundiendo mientras crecen el desempleo, la pobreza y la indigencia. La apuesta duranbarbista es sencilla: no se puede hablar más de economía. Frente a esa imposibilidad, el discurso securitario y de mano dura es el primer caballito de batalla de un Gobierno en crisis, mientras la lucha “contra el pasado” y “la corrupción” vienen a sumar lo suyo a la causa.
No importa que los propios funcionarios oficialistas, que tienen sus cuentas en paraísos fiscales y acumulan conflictos de intereses, anden flojos de papeles. Tampoco importa lo endeble del fallo, que asegura “que la presencia o no de hechos delictivos cometidos por los miembros de la asociación ilícita carece de capacidad para socavar la existencia de la organización”.
“No tenemos pruebas, pero sí tenemos convicciones” había sentenciado el procurador Deltan Dallagnol en septiembre de 2016, el coordinador del equipo de jueces del Lava Jato en Brasil. Aquel caso representa la máxima expresión de la arbitrariedad y el bonapartismo judicial. Una arbitrariedad que, a pesar de todas las diferencias que existen con el proceso judicial argentino, es un indudable punto de contacto.
