A pesar de que en el fallo el juez reconoce que la “asociación ilícita” comenzó en 2003, cuando Iecsa era propiedad de los Macri, incluido el presidente, tanto Franco como sus hijos quedaron afuera.
Celeste Vazquez @celvazquez1
Martes 18 de septiembre de 2018 13:15
El juez Claudio Bonadio, a cargo de la llamada “causa de los cuadernos”, emitió finalmente el fallo en el que dictamina el procesamiento por presunta “asociación ilícita” a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, varios ex funcionarios kirchnerstas y veintidós empresarios, entre ellos el primo y socio presidencial, Angelo Calcaterra (IECSA), Aldo Roggio (Metrovías), Carlos Wagner (Esuco Construcciones), Luis Betnaza (mano derecha de Paolo Rocca-Techint) y Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), entre otros.
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“En el presente capítulo trataré de explicar de manera lo más clara y llana posible lo que sucedió en la República entre los años 2003 y 2015, donde una colusión de funcionarios y empresarios (…) hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional (...), todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio de que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones", dice Bonadio en el texto del fallo.
Como venimos denunciando desde La Izquierda Diario, Iecsa fue propiedad de Franco Macri y sus hijos, entre ellos el actual presidente Mauricio Macri, hasta el 2007, año en que luego por un valor irrisorio, fue vendida a Angelo Calcaterra, sobrino de Franco y primo de Mauricio, que la mantuvo en su poder hasta el 2017. Sin embargo, no sólo no aparecen mencionados en el fallo, sino que ni siquiera merecieron la atención ni de Bonadio ni Stornelli, quienes nunca los citaron.
Iecsa es una de las constructoras más grandes e importantes del país y figura en la resolución judicial como una de las empresas que formó parte del mecanismo delictivo que fue calificado por uno de los procesados, Carlos Wagner, como “el club de la obra pública” y que funcionó, según sus declaraciones, a partir del año 2004.
Aparece en el fallo como una de las presuntas pagadoras de coimas, a través de los pagos realizados por Sánchez Caballero bajo las ordenes de Calcattera. Si bien es verdad que el presunto pago de coimas en el escrito se da luego del 2007, resulta extraño que ni Franco ni Mauricio Macri sean motivo de interés de la causa, ya que eran los dueños cuando el mecanismo delictivo se puso en marcha, según el propio juez.
Quizás los lectores se pregunten: ¿será que Bonadio no sabía? Por supuesto que sabía. Por esa misma razón a fines del mes pasado intentó un plan del que luego tuvo que retroceder que consistía en establecer que la fecha del delito era entre los años 2008 y 2015, para salvar a los Macri y a otros empresasios, como Paolo Rocca -dueño del grupo Techint y el empresario más rico del país-, quien también quedó afuera de los procesamientos, aunque no su subordinado Luis Betnaza.
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La maniobra de Bonadio es una muestra más de la parcialidad absoluta con la que el juez y el fiscal Carlos Stonerlli actúan.
Vale recordar que desde este medio también hemos denunciado las enormes ganancias que se embolsó el grupo Macri, bajo las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner que coincide con las fechas estipulada por Bonadio.
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Según otro de los procesados, Claudio Uberti, la firma Supercemento -asociada a Iecsa- fue responsable de pagar coimas para obtener obras viales. Según información exclusiva que este medio ya reveló, ambas empresas fueron adjudicatarias de obras viales en 2003 y 2010.
Se lo mire por donde se lo mire la maniobra de Bonadio para salvar a Macri es evidente. Así como también es evidente que la seriedad de la actuación judicial es bastante cuestionable si tenemos en cuenta que dos pesos pesados del "club de la obra pública", que no es ni mas ni menos que la famosa "patria contratista", quedan sin tocar: Franco Macri y Paolo Rocca.
