Cada vez se ve más claro que no hay “déficit cero” que evite el default. La Argentina está quebrada y los anabólicos del crédito del FMI solo ganan tiempo mientras permiten que se fuguen capitales y sigan cobrando los acreedores al precio de ajustes. La alternativa no es “renegociar” para hacer más soportable el grillete de la deuda, sino levantar un programa en función de los intereses del pueblo trabajador y no del capital financiero internacional.

“Todos sabemos que solo Nicolás del Caño propone no pagar la deuda”. Esto lo afirmó hace algunas semanas Emmanuel Álvarez Agis, el exviceministro de Economía cuando estaba al frente Axel Kicillof. El comentario del exfuncionario fue realizado como parte de la campaña dirigida a calmar a los mercados de la que vienen participando numerosos dirigentes cercanos a Cristina Fernández. Desde este espacio han salido a criticar los “10 puntos” de Macri. Pero no es necesario que los suscriban: ya han dejado claro que intentarán cumplir el más importante para Macri: honrar la deuda.

Tiene razón Álvarez Agis; mientras Cambiemos, el peronismo “alternativo” y el kirchnerismo presentan distintas variantes para continuar pagando la deuda (lo que significa sostener y profundizar el ajuste), el Frente de Izquierda plantea el no pago de la deuda pública como parte inseparable de un conjunto de medidas para desarrollar una respuesta alternativa ante la crisis y que esta vez no la paguemos los trabajadores. Pero, como no podía ser de otra forma, la manera en la que lo “entiende” el exfuncionario confunde intencionalmente. El planteo de repudio de la deuda o no pago, lo presenta como sinónimo de un default o cesación de pagos como la que ocurrió en la Argentina en 2001.

Basta hablar de 2001 para presentar cualquier idea de dejar de pagar la deuda como un salto al vacío. Para reforzar este “terror” de no pagar, el ex funcionario nos dice que no es que “si no pagamos la deuda vamos a crecer al 7 %, la gente va a comer más, nos vamos a poder ir todos de vacaciones, vamos a conseguir empleo”. Por el contrario, “los problemas que tenemos se van a multiplicar por diez. Porque hoy Argentina necesita deuda hasta para ponerle tuercas a los autos”. Sin embargo, como Álvarez Agis sabe bien, aunque no lo diga, si bien la “restricción externa” es un problema estructural de la economía, el 90 % de la deuda pública externa contraída por el país no es para “poner tuercas a los autos”, sino para pagar deuda anterior, cubrir el bache fiscal que aumentó gracias a los beneficios impositivos a los empresarios (y antes con los subsidios a las empresas), y conseguir dólares para la fuga de capitales y giros de utilidades de las multinacionales.

En igual sentido que quien fuera su vice, Axel Kicillof dijo por estos días, en su gira por México y EE. UU., que “a nadie le gusta ni le sirve caer en un default. A la sociedad argentina tampoco, no es una buena situación”.

Pero, al contrario de lo que afirman, la declaración de no pago –como parte de un programa de conjunto impulsado por la clase trabajadora– no tiene nada que ver con un default como el de 2001, que ocurrió a pesar de que el país pagó “serialmente” con todos los fondos que disponía y con los que le prestaron el FMI y otros organismos y se embarcó en el “déficit cero” (como ahora Macri pero incluyendo los intereses de la deuda en la cuenta) aplicando ajustes draconianos. Ajustes que incluyeron despidos y rebajas de salarios para estatales y jubilados, impuestazos (empezando por el IVA), y recorte de fondos a las provincias que hundieron sus finanzas. Los defaults ocurren, por lo general, cuando un país hizo hasta lo imposible por pagar y a pesar de todo no puede seguir haciéndolo. Si el país no repudia sus deudas se trata de una interrupción momentánea de los pagos (que puede durar algunos años como en la Argentina) para después volver a negociar y retomar la sangría, habiendo pasado en el medio por brutales devaluaciones (como la del 2002) que implican una enorme caída de los salarios reales, desocupación, recesión, etc. En diciembre de 2001, durante sus breves días al frente de la Presidencia, Adolfo Rodríguez Saá hizo un “show”, declarando la cesación de pagos en el Congreso, en medio de aplausos de los diputados y senadores. Parecía un gesto de soberanía. Pero era simplemente el reconocimiento de que era imposible seguir pagando. Los acreedores y la fuga de los capitalistas habían exprimido al país al extremo.

A esa situación se encamina la Argentina, como advierte Kicillof, que urge a Macri, el FMI y los acreedores privados a hacer algo: “El barco se dirige hacia un iceberg, hay distancia pero ya lo tenemos avizorado. ¿Por qué esperar a un cambio de capitán cuando estemos a 10 centímetros de ese iceberg? Que empiecen a mover el timón ya mismo y a cambiar de rumbo”.

Nos llevan hacia el default

La argentina afrontará en los próximos 4 años vencimientos por al menos USD 160.000 millones en capital e intereses de la deuda. Es decir, que cada año tendría que pagar USD 40.000 millones, lo que equivale al 10 % del tamaño de la economía (PBI). La mayor parte de estos vencimientos son en dólares, que el país no genera sino que pierde crónicamente, gracias a la sangría de los pagos de deuda, fuga de capitales y giros de las firmas imperialistas al exterior, a lo que se suman las importaciones [1]. Y el gobierno de Macri, con aval del FMI, empezó a gastarse todos los dólares que tiene (del BCRA pero también del Tesoro) para generar una sensación de que lo tiene relativamente controlado de acá a las elecciones.

El ajuste para llegar al déficit cero (y superávit en los años próximos), conseguido al precio de recortes en salud, educación, jubilaciones, AUH, y todo lo que no sea pago de deuda y subsidios a las grandes empresas, no asegura evitar el default. Aun si se consigue el equilibrio fiscal, lo que está cada vez más en duda porque con el hundimiento de la economía cae la recaudación, no permitirá que la economía tenga dólares suficientes, que es lo que necesita para cumplir los vencimientos en esa moneda.

Cuantos más dólares entregue el BCRA a los especuladores que se fugan del país para mantener momentáneamente calmo al dólar, menos quedarán a fin de año para pagar deuda. Las cuentas hoy dan que tiene menos de USD 30.000 millones disponibles para actuar ante una corrida (algunas estimaciones dicen que son menos de USD 20.000 millones), y que los activos que podrían pasarse a pesos en los próximos meses superan ese nivel. Tengamos en cuenta que en 2018 se fugaron capitales por USD 28.000 millones. No hay motivos para esperar que este año el monto sea menor.

Como ni las exportaciones ni la plata que va a aportar el FMI son suficientes para levantar la hipoteca, los “mercados” (es decir los bancos y fondos de inversión internacionales que le prestaron con furor a Macri hasta abril del año pasado ganando mucha plata) hacen cuentas y comprueban lo evidente: la bancarrota de la economía argentina. El riesgo país en 900 puntos no tiene que ver con el “riesgo político” como afirman desde el gobierno (entendido interesadamente como la posibilidad de que Macri no gane en octubre), sino con el hecho de que es un verso la pretensión de que el ajuste de Macri y el FMI, acompañado de los aportes de dólares que trajo el Acuerdo Stand-By, alcanzan para evitar un default. La deuda, además de ser una expoliación que se lleva a las plazas financieras imperialistas una gran tajada de la riqueza, es virtualmente impagable.

¿Renegociar la deuda o imponer una salida de los trabajadores contra el plan del FMI?

El default, como medida involuntaria a la que se ven arrastrados los Estados capitalistas, ocurre cuando el país está en bancarrota, y no hace más que profundizarla. En ese caso ocurren todos los males contra los que advierten Kicillof y Álvarez Agis. Con el desfalco que está haciendo Macri con aval del FMI, vamos más rápido hacia ese camino. ¿Es la renegociación de los pagos una alternativa a eso?

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Grecia renegoció la deuda en 2013, ante la evidencia de que no podía pagarse. Eso evitó caer en cesación de pagos, pero los ajustes contra el pueblo trabajador se siguieron profundizando. Hundieron a los salarios y las jubilaciones, y crearon híperdesempleo (por encima del 20 %), mientras el PBI cayó 30 %. ¿Un “alivio” de ese tipo es el que esperan obtener de patear los pagos hacia adelante? Difícilmente puedan lograr otra cosa sin romper el acuerdo con el FMI, que instaló oficinas en el país para controlar que Macri y quien lo suceda cumplan las metas fiscales comprometidas. Como en Grecia, y Portugal, acá también el FMI vendrá a exigir “contrarreformas” laboral y previsional. Este es el “mejor escenario” si se alcanzara una “renegociación” exitosa y no se entra en default. La otra posibilidad, como ocurrió en 2001, es que no haya ingeniería financiera que evite el escenario de “Titanic” al que vamos encaminados. Ese año anunciaron Blindaje, primero, y Megacanje, después, para terminar en el corralito y el default,abriendo paso a un salto de la cotización del dólar de 200% y una caída del 10,9% del PBI sólo en el 2002.

Mantenerse en el negocio de la deuda, reestructurando para seguir pagando, solo sirve a los intereses de los sectores del empresariado más concentrado y del capital financiero internacional. Pero para los trabajadores y el pueblo que venimos soportando desde hace décadas los costos que acarrea pagar la deuda, no hay motivos para seguir haciéndonos cargo de esta imposición. Rechazar de inmediato el chantaje de la deuda, declarando su no pago y terminando con todas las medidas de austeridad que acarrea intentar cumplirla, es lo que plantea Nicolás del Caño. Nada que ver con un “default” como el de 2001.

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Declarar el no pago de la deuda, si va acompañado de otra serie de medidas fundamentales, en ningún modo significa el escenario de “catástrofe” con el que amenazan Kicillof y Álvarez Agis. Es inseparable de la nacionalización de todo el sistema bancario, expropiando a los bancos privados para formar una banca estatal única, y el monopolio estatal del comercio exterior. Las entidades financieras cumplen un papel clave en la transferencia hacia “guaridas fiscales” de los activos financieros no declarados ante las autoridades fiscales de personas ricas y grandes empresas, que se agudiza en tiempos de crisis. Está ampliamente documentado el proceder en el país de los bancos HSBC, Citibank y Río durante la crisis de 2001. No existe manera de parar la sangría de la riqueza nacional y el ahogo financiero, sin poner fin a este rol de los bancos privados. La concentración de todo el sistema de crédito en manos del Estado, puede transformarse, en manos de un gobierno de los trabajadores, en una poderosa herramienta para poder generar crédito barato para la vivienda popular, para el pequeño comercio, talleres y pequeñas firmas. Algo que los bancos privados (y también los públicos bajo las condiciones que impone la reglamentación general) vienen haciendo poco, y por lo cual cobran muy caro. También puede permitir la decisión democrática de la clase trabajadora y los sectores populares de cuáles son los criterios y prioridades del crédito, para poder canalizarlo hacia inversiones que respondan a las necesidades de infraestructura y vivienda que vienen largamente postergadas. También permitirá asegurar el valor de los depósitos para los pequeños ahorristas, a diferencia de lo que ocurre siempre en las crisis y “defaults” cuando terminan saqueados por los bancos.

El monopolio estatal del comercio exterior, permitiría asegurar la disponibilidad de las divisas que hoy manejan discrecionalmente un puñado de firmas (solo 50 empresas manejan más del 60 % de las exportaciones). En tiempos como el actual apuestan a la especulación contra la moneda y profundizan la manipulación de operaciones que es moneda corriente. Las divisas son claves para el desenvolvimiento de la economía, y por eso el comercio exterior es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos privadas. Además de permitir definir las prioridades a establecer en las compras al exterior, de acuerdo a las necesidades de la producción y las inversiones en infraestructura más urgentes, y apropiar la renta agraria que hoy se lleva el agropower (junto con la expropiación de los grandes terratenientes), este monopolio permitiría aplicar políticas de precios sostenes para los pequeños productores, priorizando economías regionales (Mendoza, Alto Valle de Río Negro, etc.).

Si el no pago de la deuda va de la mano de estas medidas clave, junto con la ruptura con el FMI y su acuerdo, no solo se podrán evitar las catástrofes que el kirchnerismo agita como fantasma para justificar que está pavimentando el camino de seguir siendo “pagadores seriales”. Esto permitiría mucho más: es el punto de partida para frenar el saqueo y reorganizar la economía en favor de los intereses de las grandes mayorías. La lucha por este programa implicará avanzar en la organización independiente de la clase trabajadora y el pueblo pobre, echando a la burocracia de los sindicatos, y asumir, a partir de la propia experiencia, el objetivo de conquistar un gobierno de los trabajadores de ruptura con el capitalismo.