Cárceles de la miseria. Cuando en Magdalena el Día de la Madre fue un infierno

Innumerables veces la historia se vuelve a repetir. Pero no siempre tan calcada como aquel 15 de octubre del 2005 en la unidad penal 28 de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en la localidad de Magdalena.

En este diario los propios sobrevivientes de la Masacre del Pabellón Séptimo contaron el infierno vivido en la cárcel de Villa Devoto en el año 1978, en plena dictadura cívico-militar. Pero la Masacre de Magdalena, en cambio, fue bajo la presidencia de Néstor Kirchner y la gobernación de Felipe Solá, en plena “democracia” y cuando se decía que se defendían los “derechos humanos”.

Hace once años, a 111 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, se desataba el peor infierno en una cárcel desde la vuelta al orden constitucional, con un saldo de 33 personas muertas, calcinadas y asfixiadas, de un total de 55 internos alojados en el pabellón 16. Casi un calco de lo que pasó hace 38 años en la cárcel Villa Devoto. Y ese crimen sigue impune.

Los hechos

Según la reconstrucción de lo acontecido a partir de los testimonios de los sobrevivientes y del propio expediente (algunos de cuyos detalles vuelca en una reciente nota de la revista Crisis Diego Genoud), primero hubo una pelea entre dos internos, “Manzanita” y el “el Gordo Nico”. Tras un momento en el que volaron algunos bancos y que el resto de los internos intentaban separarlos, desde una ventana un oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) apellidado Castro disparó al aire del pabellón.

Los internos fueron entonces a increpar la actitud de Castro. Pero el agente no apuntó más al techo, sino directamente arremetió contra los presos. Ante la señal de alarma de conflicto en el pabellón cayó la División Canes del SPB. Entraron con perros, escudos, palos, escopetas y gases lacrimógenos.

Nunca se pudo determinar, hasta ahora, qué inició el fuego dentro del pabellón. Algunos dicen que los internos prendieron una manta ante la arremetida de los penitenciarios para que éstos se alejaran. Otros manifiestan que las mismas balas de las escopetas de los agentes contra los internos que se cubrían con los colchones de poliuretano hicieron que se prendan fuego.

Ante el fuego, los internos del pabellón 16 corrieron hacia la puerta para intentar salir, pero los agentes penitenciarios cerraron con candado la puerta. Por eso muchos murieron quemados vivos.

La política de Felipe Solá, hoy diputado del Frente Renovador y como gobernador también responsable directo de la masacre del Puente Pueyrredón donde cayeron Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, fue la construcción de cárceles a “bajo costo”. Eso implicaba aumentar el espacio físico de los pabellones y ciertas remodelaciones. Gracias a esa política de bajo costo en Magdalena, por ejemplo, las mangueras para apagar el incendio tenían las entradas de boca “hembras” y era imposible conectarlas. A su vez los matafuegos estaban vencidos. Y había solo cuatro letrinas para todo el pabellón.

Los presos tomaron esos matafuegos y le pidieron ayuda a sus compañeros del pabellón 18. Empezaron a golpear innumerables veces los muros y las ventanas de la cárcel haciendo un boquete. Así lograron rescatar a 22 internos.

Los bomberos llegaron. Pero con un camión cisterna vacío y no quisieron entrar al pabellón. Por eso los internos que sobrevivieron salvaron sus vidas por sus propios medios.

Los relatos

Los medios de comunicación masiva, como siempre, al día siguiente volcaron toda la responsabilidad a los presos. Los acusaron de encabezar un “motín”.

Pero eso nunca existió. No hubo rehenes, no hubo facas, no hubo nada de lo que se podría imaginar que hay comúnmente en un motín. Sobre todo, no hubo reclamos ni exigencias previas a que se desatara el infierno.

Poco después, una investigación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) le dio voz a los presos para que ellos contaran lo que pasó. “Si hubiera sido un intento de motín o un intento de fuga… muchos de los pibes llevaron los cuerpos pasando guardia armada. Pasas todo el perímetro de seguridad, es ideal como para irse pero no: iban y volvían. ¿Entonces qué intento de motín hay?”, reflexionó uno de los sobrevivientes y testigos.

Otro diría que “la policía vio que no se podía detener el fuego y se tomó el palo. Cerró el candado y arréglate como puedas”.

Documental producido por la CPM

Como se ve en el documental, no hubo motín, hubo una masacre por parte del Estado, a través del Servicio Penitenciario Bonaerense.

De los 55 presos que estaban en el pabellón 16, solamente dos tenían sentencia dictada. El resto ni siquiera estaba detenido en condición de culpable de algún delito, ya que estaban bajo la figura de prisión preventiva. Todos eran menores de 26 años.

Los responsables

El juicio en el que se deberá determinar quiénes fueron los culpables de la masacre comenzará a mediados de 2017.

Según el equipo de abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que tomaron la causa y representan a sobrevivientes, lo que menos importa es quien prendió el fuego aquel 15 de octubre de 2005. Lo que importa, dicen, es quién no hizo lo que tenía que hacer para evitar la muerte de 33 personas.

Según dicta la cadena de mandos, los responsables son los integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense que cerraron la puerta y, a punta de pistola, esposaron a los sobrevivientes en un patio interno sin brindarles asistencia médica.

Por “abandono de persona seguido de muerte” deberán sentarse en el banquillo Jorge Martí, María del Rosario Roma, Marcelo Valdivieso, Raymundo Fernández, Juan Zacheo, Gualberto Molina, Juan Santamaría, Juan César Romano, Carlos Busto, Marcos Sánchez, Rubén Montes de Oca, Eduardo Villarreal, Maximiliano Morcella, Gonzalo Pérez y Mauricio Giannobile. En tanto que sobre Cristian Alberto Núñez y Carlos Oscar Tejeda, jerárquicos de la cárcel, pesan los cargos de “homicidio culposo”.

Sin embargo hay responsables máximos que no están imputados y no deberán rendir cuentas en el debate judicial. El entonces gobernador (aliado del gobierno kirchnerista) Felipe Solá y su mano derecha, el titular del SPB Fernando Díaz.

Un dato relevante es que varios sobrevivientes de la Masacre de Magdalena fueron muriendo a lo largo de esta década, la mayoría en circunstancias que no están claras. Enrique Augusto Moreno, Alberto Ayala Cajal, Carlos Antonio Acosta Sosa, Aldo Omar Luna, Claudio Marcelo Salvatierra, Walter Diego Salvatierra, Miguel Alejandro Bringas Paradiso, Alejandro López Córdoba y Ángel Andrés Sandez, además de haber vivido ese infierno eran testigos de suma relevancia para aportar a la verdad. Pero no estarán para acusar a los culpables.

Durante estos once años, atravesando distintos gobiernos, Fernando Díaz siempre ocupó cargos determinantes en la temática carcelaria. Tanto en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por cuyo paso en el Servicio Penitenciario Federal está imputado por un negociado con la comida en las cárceles federales (avalando como “auditor” que el Estado pague sobreprecios por una alimentación miserable).

Díaz estuvo a cargo del SPB entre los años 2005 y 2009, a las órdenes de Solá primero y de Daniel Scioli después. En su gestión ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos y se agravaron las condiciones de encierro en la Provincia de Buenos Aires. También aumentó la cantidad de muertes por enfermedades evitables y la salud cayó notablemente, perdiéndose los insumos en un círculo de corruptela que obviamente ningún funcionario puede desconocer.

Cuando se cumplen once años de la Masacre de Magdalena, los sobrevivientes y las familias de las víctimas siguen esperando que se termine la impunidad, garantizada por el Estado a lo largo de esta década.

Mientras tanto Fernando Díaz (el jefe de los agentes y jerarcas responsables de aquella masacre) volvió a ocupar con la gestión de María Eugenia Vidal el mismo cargo que ocupó junto a Solá y Scioli.

Tanto gobiernos kirchneristas como macristas están embarrados por igual de aquellos funcionarios que son responsables directos de masacres como ésta.