Ante el ascenso cada día mayor de la “cuarta ola” de la pandemia de covid-19 en México, el gobierno federal se ha limitado a continuar con la campaña de vacunación, sin tomar ninguna medida para reducir los riesgos de contagio.
Jueves 20 de enero de 2022 18:59
El discurso oficial, en voz del subsecretario en prevención de la salud, Hugo López Gatell, parte del supuesto de que la variante ómicron del virus, que está predominando, si bien es más contagiosa que las anteriores provoca enfermarse de forma menos grave, a lo que ha contribuido también -según el funcionario- la vacunación de la mayoría de la población, así como el refuerzo que comienza a aplicarse.
Esto pasa por alto, entre otras cosas, que ómicron no es la única variante del virus en circulación, por lo que no está descartada la posibilidad de enfermarse de gravedad. Tampoco toma en cuenta las secuelas que puede tener la enfermedad, más allá de si se manifiesta gravemente o no, que pueden mermar la calidad de vida de la población que la padece a mediano y largo plazo.
Saturación hospitalaria
Esto se confirma en que, aún cuando las hospitalizaciones por covid-19 están creciendo a un ritmo menor que los contagios, al incrementarse éstos de forma exponencial están provocando la saturación de clínicas y hospitales. En algunos estados del país esta situación ya es crítica y amenaza con replicarse en más entidades.
El 19 de enero se reportaron 3 estados con 70% o más de ocupación de camas con ventilador en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI): Zacatecas, con 88.8%; Aguascalientes, con 85.7%; y Coahuila, con 76.9%. Y cuatro estados más con 50% o más de ocupación de este tipo de camas. Durango, 69.7%; San Luis Potosí, con 58.1%; Chihuahua, con 56.4%; y Querétaro, con 56.2%.
Sin embargo, en ningún caso, el semáforo epidemiológico se ha vuelto a poner en rojo, con la intención de no tener que poner nuevamente restricciones a las actividades económicas, en un contexto nacional en el que la recuperación de la economía, luego de la drástica caída ocasionada por la pandemia, aún es incipiente y endeble.
El hecho es que muchos hospitales ya están saturados. El día referido, en todo el país, 185 unidades médicas reportaron 70% o más de ocupación de camas en hospitalización general; 56 unidades médicas reportaron el mismo nivel crítico de ocupación de camas con ventilador; y 40 unidades médicas tuvieron el mismo nivel de ocupación de camas con ventilador en UCI, según el Sistema de Información de la Red IRAG. Saturación que se ha vuelto evidente para todo aquel que ha tenido que recurrir a una clínica u hospital, por más que las autoridades pretendan negarla.
La saturación de los servicios públicos de salud ha dificultado la atención de los propios enfermos de covid-19, obligándolos ya sea a renunciar a la atención médica, o a recurrir a servicios de salud privados y a comprar medicamentos cuando lo requieren, lo que representa un gasto muy oneroso para las familias de escasos recursos, que además han tenido que enfrentar en esta “cuesta de enero" los aumentos de precios de muchos productos de primera necesidad.
A esto hay que añadir que las pruebas de diagnóstico gratuitas, aplicadas en los llamados “kioskos Covid”, son insuficientes ante el gran número de personas que las requieren, lo que obliga a quienes no alcanzan a conseguirlas por un alto costo en laboratorios privados.
Por otra parte, la “reconversión hospitalaria”, obligada por el nuevo ascenso de la pandemia, está teniendo como consecuencia postergar la atención de pacientes con otros padecimientos, lo que puede agravarlos.
La actitud irresponsable y negligente de considerar al covid-19 como una gripa que puede tratarse con apapachos, tecitos y Vic Vaporub, como política oficial ante la continuidad de la pandemia, va en contra de tomar medidas preventivas efectivas para salvaguardar la salud y la vida de la población, atentando contra el derecho humano a la salud establecido en el artículo 4 constitucional.
Escuelas abiertas, alumnos y maestros enfermos
Como parte de esta política, el gobierno federal niega que en las escuelas haya habido un aumento significativo de contagios, con el fin de evitar a toda costa decretar nuevamente la suspensión de las clases presenciales, por el impacto económico que esto puede significar.
No obstante, luego de las vacaciones de diciembre, varios estados tuvieron que postergar el regreso presencial a clases y muchas escuelas, a lo largo y ancho del país, han tenido que volver a implementar las clases a distancia, ante el importante número de contagios que se han presentado entre alumnos y docentes.
Pero en muchas otras, los directivos y autoridades superiores se niegan terminantemente a permitir que se deje de asistir a las escuelas, aún habiendo contagios y a pesar de los reclamos de docentes, madres y padres de familia, a los que siguen sin tomar en cuenta. Al parecer, como en sexenios anteriores, para este gobierno valen más las ganancias de los empresarios que la salud de los hijos de los trabajadores y de quienes los educan.
Algo similar ocurre en muchas otras dependencias y sectores, tanto públicos como privados. Pero a pesar de que la enfermedad ha sido reconocida formalmente como riesgo de trabajo, salvo casos graves no se recibe la atención médica necesaria ni se le da tratamiento a sus secuelas.
Por un plan de emergencia obrero y popular para frenar la “cuarta ola”
Ante esta situación crítica, los dirigentes de las principales organizaciones obreras y populares, miran para otro lado, al estar subordinados a la política del gobierno federal o a la de los partidos de la oposición neoliberal. Mientras que los trabajadores y sus familias se exponen al contagio, al tener que salir a ganarse el sustento y son quienes pagan las consecuencias.
Las organizaciones que se dicen democráticas y combativas, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Mexicano de Electricistas y otras, deberían de llamar a un plan de lucha para exigir que se vacune a toda la población mayor de 5 años que lo requiera; que se liberen las patentes para elaborar vacunas suficientes; que se garanticen pruebas de diagnóstico gratuitas para toda la población que las solicite; que se centralicen todos los servicios de salud, públicos y privados, para que no se saturen ni le falte atención médica a nadie; que se dote de insumos sanitarios a las escuelas, hospitales, dependencias públicas y a todos los centros de trabajo, entre otras medidas. Lo cual podría financiarse dejando de pagar la fraudulenta deuda pública; reorientando a la salud los recursos destinados a las fuerzas armadas; e imponiendo impuestos progresivos a los empresarios multimillonarios.
