Unos 4200 médicos de familia y 700 pediatras comenzaron el 21 de noviembre una huelga indefinida por la mejora del servicio, exigiendo para ello al gobierno regional de Madrid un aumento del gasto para sanidad en los presupuestos de 2023.
Lunes 12 de diciembre de 2022
Hoy comienzan su cuarta semana de huelga, sin noticias de la Consejería de Sanidad de la comunidad desde el pasado 2 de diciembre cuando tuvo lugar la última reunión, fallida por no cumplir con las demandas esenciales que pide el comité de huelga.
Los sindicatos denuncian que las soluciones propuestas están vacías y no resuelven la crítica situación en la que se encuentra la sanidad madrileña. El problema es estructural y por ello sin un aumento de la financiación de la sanidad pública que implique una mayor contratación de personal, la situación seguirá siendo insostenible. El sindicato AMYTS, convocante de los paros, pide 42 millones de euros para contratación de personal en primaria.
Hay que recordar que Madrid es la comunidad más rica del país y en la que menos se invierte en sanidad por habitante, siendo aún mayor esta falta de inversión en los servicios de atención primaria. Para dar cuenta de la situación solo hace falta ver los datos de los profesionales que rechazan estas plazas tras la residencia o las abandonan por otras después de un tiempo debido a la excesiva carga de trabajo que suponen. El número de pacientes atendidos al día por médico supera con creces lo establecido por Europa (35), deteriorando la calidad del servicio, o lo que es lo mismo, poniendo en riesgo la salud de la población.
Además, en los próximos años un 35% de la plantilla comenzará su jubilación, lo que es importante tener en cuenta a la hora de planificar el relevo de personal.
La inspección laboral exigió a la administración de Díaz Ayuso el pasado 23 de noviembre que tomará las medidas necesarias, que siguen sin producirse, esperando así que el agotamiento de los sanitarios acabe por desconvocar los paros. La presidenta de la comunidad de Madrid y miembros de su gobierno, dedican sus esfuerzos en arremeter contra la movilización de los sanitarios diciendo que esta es política e ideológica y no atiende a la situación de la población que se encuentra con la falta de personal.
Pero lo cierto es que desde los colectivos de profesionales se cuenta que la plantilla está decidida a persistir porque la situación es límite. Además, existe un gran apoyo popular a las reivindicaciones, como quedó demostrado en la masiva manifestación del pasado 13 de noviembre.
Lejos de ser una situación aislada, la sanidad pública se encuentra cada vez más deteriorada en todo el Estado por una falta de financiación. Esto alimenta la expansión de la privada, poniendo en riesgo la salud de las clases más vulnerables.
Es urgente luchar por construir una fuerte movilización en todo el estado por la defensa de los servicios públicos de calidad, desde abajo, con la solidaridad de todos los sectores de la clase trabajadora que frene los ataques de la extrema derecha y denuncie la responsabilidad del gobierno que aprueba un aumento sin precedentes del gasto militar mientras la sanidad pública se deteriora.
