Más de cinco meses de juicio, dos audiencias por semana. Un cúmulo de pruebas testimoniales aportadas por los abogados de la familia del joven trabajador rural, desaparecido el 5 de noviembre del 2011 en Choele Choel.
Mirta Pacheco @mirtapacheco1
Sábado 28 de julio de 2018
Son 7 los policías acusados de haber sido los autores de la desaparición forzada de Daniel Solano, que fue visto por última vez la madrugada del 5 de noviembre del 2011, cuando los policías lo sacan del boliche Macuba y desde ese momento permanece desaparecido.
Se trata de los policías Sandro Berthe, Pablo Bender y Juan Barrera, que están acusados de ser autores del delito de desaparición forzada de personas, Pablo Quidel y Pablo Albarrán como partícipes primarios de esa desaparición y Héctor Martínez como partícipe secundario de ese mismo delito. Los siete están acusados a su vez de vejaciones, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Los abogados querellantes, Sergio Heredia y Leandro Aparicio, para llegar al juicio realizaron una exhaustiva investigación durante esos seis años, donde salió a la luz la trama de esa desaparición del joven trabajador rural.
Lamentablemente Guadalbreto, el padre de Daniel (quien se trasladó a poco de conocerse la noticia de la desaparició de su hijo, desde Salta, su provincia natal, de donde era oriundo también su hijo, a Río Negro para encabezar la búsqueda y la lucha contra la impunidad del Poder Judicial y de la Policía de Río Negro), no pudo llegar al término del juicio para conocer la sentencia. El 3 de abril de este año su cuerpo no resistió y murió de una afección cardíaca.
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¿Qué destapó este juicio?
Daniel Solano trabajaba para Agrocosecha, una tercerizada de Expofrut. Agrocosecha debía quincenas y no les pagaba lo que había prometido a 400 trabajadores, incluído Daniel. Solano venía reclamando esa deuda que tenían con él y sus compañeros.
Pero la empresa que tercerizaba el trabajo de recolección de frutas, Expofrut, de la cual era uno de los directivos Fernando Oris de Roa, un empresario del agronegocio –los grandes beneficiados del Gobierno de Cambiemos-, que a partir de noviembre del año pasado fue nombrado por Macri embajador de Estados Unidos.
Esta empresa, Expofrut, que gozó no solo estos años, sino también durante el kirchnerismo de grandes beneficios para explotar trabajadores migrantes temporarios con la connivencia del mismo UATRE (antes con el fallecido Momo Venegas) y ahora con Ramón Ayala al frente del sindicato que sigue permitiendo la precarización, el trabajo semi esclavo, el engaño de las condiciones laborales para que los obreros se trasladen de provincia en provincia.
Al mes de la desaparición de Solano, el anterior gobierno de Cristina Kirchner crea el RENATEA, dejando sin efecto el RENATRE, con el supuesto objetivo de controlar las condiciones laborales de los trabajadores rurales. Pero año a año, esas condiciones continuaron beneficiando a las empresas y los trabajadores siguieron bajo las mismas condiciones. Un registro laboral, no modificó esas condiciones.
Los abogados de la familia Solano denunciaron públicamente a la delegada de la Secretaría de Trabajo del pueblo donde trabajaba Daniel, por buscar ocultar esas condiciones para favorecer a las empresas, tanto a Expofrut como a Agrocosecha, y luego por esforzarse por deslindarlas de la responsabilidad de la desaparición.
A pesar de todas las evidencias, los únicos que están sentados en el banquillo de los acusados son los policías, que por otra parte son los autores materiales del final que le dieron a Daniel.
Pero se logró llevarlos a juicio, no sin esfuerzo y sin las movilizaciones que realizaron organismos de derechos humanos y miembros de la comunidad de Choele Choel y la solidaridad de referentes como el diputado del PTS/FIT, Raúl Godoy, que estuvo acompañando en esas marchas a la familia y se hizo presente en el comienzo del juicio, donde también estuvieron familiares y amigos de Luciano Arruga.
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La investigación que los abogados expusieron es que el móvil de la desaparición y muerte de Solano fue el intento de ocultamiento de la estafa realizada por las empresas que contrataron a Daniel y sus compañeros de trabajo.
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