Otra debacle del capitalismo argentino nos pone otra vez frente al abismo. Retomando un debate abierto en este semanario a partir del libro Entre la década ganada y la década perdida, en esta nota abordamos la cuestión del programa y las alianzas que permitan que esta vez los trabajadores y sectores populares no paguemos los platos rotos.

En Ideas de Izquierda Semanario del domingo pasado, Francisco J. Cantamutto realiza un paralelismo entre la crisis actual y la eclosión de 2001-2002. Un aspecto acerca ambas coyunturas: estamos ante otra debacle del capitalismo argentino, de esas a las que nos empuja recurrentemente la clase dominante. Como ocurrió en cada una de estas bancarrotas nacionales (y ya vamos por la cuarta contando desde el final de la dictadura del ‘76), las condiciones de “funcionamiento” del capitalismo argentino, si así se pueden llamar, solo llegan a restablecerse después de que la burguesía y su Estado orquestan, por la vía de la crisis, un saqueo sobre los trabajadores y sectores populares.

Como concluye Cantamutto, no sabemos si Macri y su nuevo mandante desde junio, el FMI, podrán lograr que el plan evite el default (que Macri apuesta a sortear a fuerza de “hambre y sed” con un feroz ajuste del tipo de cambio, del gasto público y de la circulación monetaria), pero sí sabemos que independientemente de esto, el destino para los trabajadores y los sectores populares será el mismo: el abismo.

Esta amenaza impone discutir cómo organizamos la fuerza social que pueda derrotar semejante ataque, y con qué programa. Por eso, en este artículo queremos retomar el debate que quedó en el tintero a partir de nuestra reseña del libro Entre la década ganada y la década perdida. La Argentina kirchnerista. Estudios de economía política (Buenos Aires, Batalla de Ideas, 2018) y la entrevista a Martín Schorr y Agostina Costantino, que junto a Cantamutto son parte del nutrido colectivo encargado de la elaboración del libro.

Presente griego

La primera conclusión que se impone de la comparación con la trayectoria de las debacles que registra la historia económica argentina reciente es que hay que derrotar, lo antes posible, el mecanismo de saqueo en curso, puesto en marcha con la deuda y transferencias de riqueza mediante ajuste, tarifazos y rebajas de impuestos desde que Macri asumió y puso en marcha el “sinceramiento” (término que encierra una verdad: el ajuste venía desde diciembre de 2015 con cualquier administración que llegara al gobierno para asegurar las condiciones de valorización del capitalismo, fuera este Scioli o Macri), y profundizado desde que los “mercados” votaron con la corrida el fin de los elementos “gradualistas” del esquema económico de Cambiemos.

La segunda, que creemos se impone con igual contundencia, es que la salida para cortar este círculo vicioso de crecimiento, vaciamiento, debacle y saqueo, tiene que ser por fuera de los marcos del capitalismo dependiente argentino. El peronismo, que hoy en la oposición pretende que es posible desarrollar una política económica diferente sin afectar al bloque de poder económico dominante y sus prerrogativas. Así alimentan la pretensión de que la divisoria fundamental es macrismo vs antimacrismo.

Pero la crisis que atravesamos no es solo la del restablecimiento encarado por Macri de las facetas más desenfrenadas del neoliberalismo en el país (muchas de las cuales quedaron en segundo plano pero conservaron vigencia durante los gobiernos kirchneristas, y explican en buena parte el agotamiento del esquema de crecimiento desde 2012 con el freno a la economía y el deterioro en casi todos los indicadores sociales, y la primera instancia de ajuste más pronunciado en 2014). La crisis es del capitalismo dependiente argentino como tal, cualquiera fuera el “modelo”: tiene su principal componente en la insuficiencia de dólares, no solo para pagar la deuda, sino para sustentar los desequilibrios del comercio, los servicios y rentas (nada menos que las utilidades de las firmas extranjeras), y la fuga de capitales. En suma, para solventar todas los cargos que determina la dependencia nacional.

En la entrevista mencionada más arriba, Martín Schorr deja abierta la cuestión sobre las vías para generar alternativas desde el campo obrero y popular. Partiendo de que “este es el capitalismo posible en la Argentina”, observa que “hay muchas dudas respecto de qué actor del capital podría cargarse al hombro un proceso de desarrollo, con lo cual me parece que es evidente que todos los cañones apuntan a la clase trabajadora o el campo popular”. Al mismo tiempo, subraya que “hay un debate pendiente importante en términos de cómo estructurar un modelo distinto” ya que “la denuncia de que este es el capitalismo que tenemos no alcanza”.

Martín dice, con razón, que para cualquier alternativa obrera y popular “el poder económico y de veto que tenés enfrente es gigantesco”. Justamente de eso se desprende que solo es posible construir otra salida a la crisis atacando los pilares en los que se sustenta esta fuerza de los grupos dominantes. Y esta tarea solo puede recaer en una alianza hegemonizada por la clase obrera, enfrentando las falsas ilusiones, que sectores peronistas siempre buscan regenerar, de que algún sector patronal más “mercadointernista” pueda ser puntal de un proyecto “nacional y popular” que cuestione seriamente las condiciones del capitalismo dependiente.

El último recordatorio de que la búsqueda de caminos intermedios lo constituye una vía muerta lo ofrece la experiencia de Syriza en Grecia. Un partido que hemos definido como neorreformista ganó en enero de 2015 las elecciones proponiendo el rechazo a la política de austeridad implementada y supervisada férreamente por la “troika” formada por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el FMI. Luego de su triunfo, Syriza constituyó una coalición “antiausteridad” con la derecha nacionalista (ANEL o griegos independientes) con el propósito de reestructurar compromisos de deuda y cambiar la política fiscal por una expansiva. Estos objetivos, de por sí moderados, se probaron inviables en las condiciones impuestas por la política impulsada por las principales potencias de la UE, con Alemania a la cabeza [1]. El gobierno de Tsipras creyó posible regatear con la troika algunos márgenes para administrar la integración subordinada de Grecia en la Europa del capital. Terminó siendo el ejecutor de los recortes destinados a cumplir con los acreedores, que continuaron ahondando la hecatombe social que vive el país desde que se inició la crisis de deuda en 2009.

En junio de este año, Macri asumió un compromiso con el FMI que se extiende hasta 2021. Terminar con la política de saqueo exige en primer lugar declarar nulo este Acuerdo Stand By que solo favorece a los acreedores y a quienes fugan capitales. Pero como señala Noemí Brenta en una conversación con Pablo Anino para Ideas de Izquierda, no hay antecedentes de un default con el organismo; por su rol en el orden monetario internacional (cuya función básica es asegurar la circulación global del capital y su valorización en todos los rincones del planeta), es una especie de tabú dejarle de pagar. Argentina dejó de pagar sus deudas en 2001, pero siguió cumpliendo con el organismo puntualmente. Romper el acuerdo y defaultear con el FMI solo es compatible con una firme decisión de romper con el organismo y el orden que sostiene.

Por todo esto, como ya señalamos, solo queda una hoja de ruta para evitar repetir como farsa trágica y decadente la historia de saqueos: que una fuerza política independiente de los trabajadores imponga un serie de medidas de ruptura con el imperialismo y sus socios nacionales.

¿Por dónde empezar?

Debemos partir, creemos, de las cuestiones críticas a las que la situación exige respuesta.

En primer lugar, la hipoteca de la deuda pública. Asegurar su pago empujó al gobierno de Mauricio Macri al acuerdo con el FMI, que desembolsará hasta 2020 USD 57,1 miles de millones, con el único objetivo de asegurar a los acreedores que sus deudas serán saldadas.

La deuda pública total, que en diciembre de 2015 era de USD 240 miles de millones (de los cuales 18 estaban en litigio en Nueva York), alcanzará a fin de año los USD 400 miles de millones.

La cuestión de la deuda es una responsabilidad compartida de todos los gobiernos. De los que se endeudaron hasta la bancarrota (como Menem, De la Rúa y hoy Macri), y de los que como Néstor Kirchner y Cristina Fernández, reestructuraron (con una quita que en los hechos fue casi inexistente, como mostramos acá), para después pagar serialmente mientras hubiera dólares (o imponiendo recesión para asegurarlos, como vimos desde 2012). Los pagos “seriales” durante esos doce años llegaron a USD 210 miles de millones, e insumieron dólares por USD 70 miles de millones según el balance cambiario del Banco Central (BCRA).

Seguir pagando esta deuda usuraria solo sirve al interés de los acreedores, de los que especulan con títulos de la deuda (en su abrumadora mayoría comerciados por fondo de inversión, instituciones financieras y grandes empresarios a título individual o de sus propias firmas), y de las empresas internacionalizadas que cotizan acciones en el extranjero y tienen inversiones en otros países que no quieren ver amenazadas.

Por eso, se impone pelear por el no pago de la deuda usuraria e fraudulenta, y la ruptura con sus garantes y auditores, es decir con el FMI [2].

Si la deuda es una de las principales sangrías que lastran la economía nacional, la acompañan como sombra al cuerpo la fuga de capitales, remesas de utilidades de empresas de capital imperialista y las maniobras realizadas con el comercio exterior. De esto se deriva que el no pago de la deuda es inseparabable de la nacionalización de la banca, expropiando a los bancos privados para formar una banca estatal única, y el monopolio estatal del comercio exterior.

Las entidades financieras cumplen un papel clave en la transferencia hacia “guaridas fiscales” de los activos financieros no declarados ante las autoridades fiscales de personas ricas y grandes empresas. Está ampliamente documentado el proceder en el país de los bancos extranjeros HSBC, Citibank y Río durante la crisis de 2001. El raquitismo del sistema financiero argentino está estrechamente relacionado a esta fuga de activos. No existe manera de parar la sangría de la riqueza nacional y el ahogo financiero, y de preservar los ahorros de las clases medias ante nuevas crisis, sin poner fin a este rol de los bancos privados. La concentración de todo el sistema de crédito en manos del Estado pondrá en las manos de este los medios necesarios, reales, es decir materiales y no solamente ficticios y burocráticos, para la planificación económica.

El capítulo de Martín Schorr en Entre la década... demuestra que las 200 empresas que integran la cúpula económica concentran casi el 70 % de las exportaciones. En realidad, el grueso lo explican las 50 primeras firmas que operan en el país (más del 60 %). No es necesaria mucha imaginación para establecer de qué firmas hablamos: las grandes cerealeras (Cargill, Bunge, AGD, Vicentín, Dreyfus, Toepfer (Alemania), Molinos Río de La Plata y Nidera), automotrices, mineras, grupos nacionales altamente trasnacionalizados como Techint o Arcor. Conforman un verdadero monopolio privado del comercio exterior que les confiere, como sostiene Martín, un “ostensible poder de veto”. Que sustraer el manejo del comercio exterior de los caprichos de unos pocos grandes conglomerados es una medida de autodefensa elemental ante los vaivenes económicos globales y la rapacidad imperialista (y la de sus socios locales), lo muestra el hecho de que incluso gobiernos burgueses avanzaron en ese sentido cuando necesitaron defenderse del capital extranjero; un ejemplo es Perón en el primer gobierno con el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) y la Junta Nacional de Granos. También muestran que esto tiene patas cortas si no es parte de un plan de conjunto para atacar las raíces de la dependencia.

Encarar estas iniciativas, es impensable sin romper de conjunto con todos los compromisos asumidos por el Estado argentino para asegurar la valorización del capital imperialista en el país y el estatus privilegiado de sus prerrogativas: denunciar los tratados bilaterales de inversión y rechazar la presencia en instituciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio donde se custodia la disciplina del mercado mundial capitalista.

La expropiación de los grandes terratenientes para avanzar en la apropiación de la renta del suelo que hoy se concentran en pocas manos y encarar una reorganización profunda de la producción agraria, y poner punto final al manejo privado de los servicios públicos esenciales (subordinados a la ganancia), completan el pelotón de medidas urgentes para poner fin al saqueo nacional.

Una fuerza para que la crisis la paguen los capitalistas

Las medidas que planteamos para frenar el saqueo y reorganizar la economía en favor de los intereses de las grandes mayorías implican conquistar un gobierno de los trabajadores y el pueblo de ruptura con el capitalismo impuesto por la movilización de los explotados y oprimidos. Sabemos que la gran mayoría de los trabajadores y el pueblo no comparten hoy esta perspectiva, y aún confían en los mecanismos de la democracia representativa y ciudadana. Por eso, contra los pactos a espaldas del pueblo que están preparando Macri, los gobernadores, senadores y diputados de los partidos del régimen, y también para evitar la perspectiva de que la movilización termine siendo expropiada por maniobras de la burguesía como en 2002 con Duhalde, proponemos luchar por imponer la institución más democrática concebible dentro de la democracia representativa: una Asamblea Constituyente.

¿Sería difícil imponer estas medidas, habría resistencia e intentos de “veto”? Sí, por supuesto, podemos estar seguros de que la clase dominante, ese 1 % que concentra y gerencia los principales medios de producción (no solo de las empresas grandes sino también medianas), no dudará en emplear todos los recursos para defender este orden que sustenta sus privilegios. Esta minoría tiene de su lado el aparato del Estado con sus fuerzas represivas, sus partidos, los dirigentes sindicales vendidos, los medios de comunicación de masas, la propiedad privada de las fábricas, el transporte, los bancos, la energía, la tierra, así como a la clase media alta que actúa como su base social más permanente (el 15 % de la población constituido por los estratos más elevados de la pequeña burguesía: patrones medianos y pequeños, directivos de nivel medio y jefes de oficina, etc.). Por eso es vital arrancar los sindicatos de las manos de la burocracia, desarrollar a partir de cada lucha los organismos de coordinación y autoorganización obrera y popular, así como la autodefensa contra la represión y ataques paraestatales.

La clase trabajadora (que hoy suma 17 millones considerando solo la Población Económicamente Activa) y junto a la pequeña burguesía pobre que constituye una aliada natural, representan casi ocho de cada diez habitantes del país. Por supuesto, solo podrá conquistar este rol hegemónico a partir de la más amplia independencia respecto a toda variante patronal y con un programa como el que fuimos desarrollando.

Los desafíos son enormes, pero cualquier otra alternativa será la que imponga desde arriba un sector u otro de las clases dominantes. Por eso necesitamos construir un gran partido independiente de todas las variantes de la burguesía, una fuerza anticapitalista, antiimperialista, socialista. De aquí la urgencia de abrir el debate en la izquierda, empezando por las fuerzas que conformamos el Frente de Izquierda que viene sosteniendo un programa de independencia de clase desde 2011, y convocar a los amplios sectores combativos del movimiento obrero que vienen enfrentando el ajuste, a los sectores de izquierda del movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres, la intelectualidad crítica ligada a la clase trabajadora, a tomar en sus manos también el desafío de poner en pie un partido de estas características que apunte a cortar con el círculo vicioso de la dependencia y el atraso conquistando un gobierno de los trabajadores en ruptura con el capitalismo.