OPINIÓN. De la extorsión policial al dólar y las calles: emergentes de la crisis estructural

La Argentina vertiginosa no había tenido tiempo aún de recuperar el aliento después de días de extorsión policial, cuando el anuncio de nuevas medidas de restricción a la compra de dólares comunicadas por el Banco Central entró en escena para sincerar otro frente de batalla.

Las pantallas de TV, ganadas durante meses por las múltiples aristas del problema de la pandemia, las campañas de mano dura o los banderazos, habían relegado a un segundo plano del debate público aquel viejo problema estructural del país llamado restricción externa, es decir, la escasez crónica y estructural de divisas que estrangula periódicamente a la economía nacional.

En el propio relato oficial, ese problema supuestamente estaba bajo control después del canje de deuda con los bonistas privados (que pateó una crisis hacia adelante) y los comienzos de una negociación con un FMI que, a diferencia del pasado, ahora sería más benevolente con nuestro país. “Ahora está despejado el horizonte”, había señalado Alberto Fernández.

Como una ironía de la coyuntura, uno de los últimos grandes responsables del saqueo del país decidió retornar a la escena política justo unos días antes de las nuevas restricciones del BCRA. Mauricio Macri lo hizo mediante un texto publicado en La Nación, en el que por supuesto no se hizo cargo de haber sido durante cuatro años la cabeza de un Gobierno durante el cual un endeudamiento rápido y furioso hipotecó el futuro del país para financiar una desenfrenada fuga de capitales de más de 86.000 millones de dólares, motorizada por agentes internacionales pero también por capitales "nacionales" como Techint, Arcor o Clarín.

El Gobierno actual del Frente de Todos decidió no desconocer de forma soberana esta "herencia recibida", sino que a pesar de contar con arcas del Banco Central casi vaciadas, tomó la decisión de convalidar que ese saqueo continuara, administrando la decadencia en lugar de tomar medidas para revertirla.

Incluso con una economía apremiada más que nunca por el coronavirus, el oficialismo decidió pagar, en los pocos meses que lleva de mandato, 4.500 millones de dólares de deuda a los especuladores del capital financiero internacional, mientras que entre enero y julio continuó la fuga de capitales por una cifra de 1826 millones de dólares. Por otra parte, el impuesto a las grandes fortunas que comenzó a discutirse en el Congreso Nacional resultó tardío y escaso, ya que poco recaudará y dejará sin afectar a muchos de los grandes ganadores de siempre, como los bancos o las privatizadas de los tarifazos.

A pesar de todo esto: ¿la culpa es de los pequeños ahorristas que compran hasta 200 dólares para proteger sus ingresos? Parece más verosímil señalar que ese discurso es una operación para proteger el saqueo de los grandes pulpos.

Las opciones tomadas por el oficialismo no solo dejaron que se siguieran vaciando las reservas del Banco Central, sino que también impidieron que se destinaran los fondos necesarios para fortalecer el sistema de salud o evitar que millones caigan en la pobreza como lo están haciendo durante los últimos meses.

Dicho de otro modo, las tensiones actuales que llevaron a las medidas de esta semana no cayeron del cielo. La alarmante escasez de dólares de la economía argentina que condujo al súper cepo es un capítulo más de una larga historia de saqueo nacional. Para dar solo un dato, desde la dictadura hasta hoy se pagaron más de 600.000 millones de dólares de una deuda ilegal que según un fallo del Juez Ballesteros se constituyó en gran parte mediante 477 ilícitos durante la dictadura. ¿Por qué será que faltan dólares?

Hacia adelante, la escasez de divisas es un factor crítico que presiona por otra devaluación y condiciona fuertemente la recuperación económica. En palabras del ministro Martín Guzmán, el rebote económico esperado (que no compensará la caída ni mucho menos revertirá problemas estructurales) sería más por la vía del uso de capacidad instalada ociosa que por el camino de las inversiones reales.

En las próximas semanas y meses el FMI vendrá con sus condicionamientos para que Guzmán le explique con qué ajustes garantizará devolver el multimillonario préstamo que el organismo le hizo al país y que fue usado de forma fraudulenta para la fuga de capitales. El presupuesto 2021 ya es un anticipo de políticas de recorte fiscal, prórroga de jubilaciones de miseria y fin de subsidios como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), a pesar de que la pobreza ya alcanza a casi el 50 % de la población.

Problemas estructurales y lucha de clases

La combinación entre la decadencia estructural del país, la profundidad de la crisis económica y sanitaria y la mayor debilidad de un Gobierno que viene cediendo ante los reclamos de los poderosos y la policía, deja al desnudo los problemas de fondo y las tensiones y luchas que surgen al calor de ellos.

Los sectores más concentrados vienen planteando con fuerza sus exigencias. Después de sus triunfos en Vicentín y de la negociación de la deuda privada, ahora usan la retirada de empresas del país o la disminución de operaciones (Latam, Glovo y otras) como extorsión para pedir menos regulaciones y controles, quejarse por el “costo laboral” o pedir mayores flexibilizaciones para explotar y despedir.

Los medios hegemónicos les dieron mucho aire estos días a los empresarios para expresar sus demandas, al igual que a la Policía Bonaerense y su reclamo de la semana pasada.

En cambio, en esos mismos grupos mediáticos suele presentarse a la ocupación de terrenos en distintos puntos del Gran Buenos Aires y el país como “usurpaciones”, acompañando los discursos de mano dura criminalizadores de la protesta y la pobreza. En esto no hay grieta entre Clarín y La Nación con Sergio Berni o Sergio Massa. Todos juntos contra los más vulnerables.

Pero al revés de lo que indica ese discurso, las tomas dan cuenta de los miles que ya no quieren seguir viviendo como antes, y dejan en evidencia el drama de la pobreza y de la vivienda en un país donde el saqueo del capital financiero, los fraudes de Vicentín o las estafas de las privatizadas están aceptadas por el poder político, pero el reclamo elemental por vivienda es amenazado de represión.

Mientras que distintas tomas de terrenos ya fueron reprimidas violentamente, en la emblemática de Guernica se acelera la cuenta regresiva para la orden de desalojo dispuesta para el período que va del 23 al 25 de septiembre.

Contra estos atropellos de los poderosos, por justicia por Facundo Castro, por Fuera Berni, contra la represión, por el derecho a la vivienda y al trabajo, por el salario y los derechos de las mujeres, este jueves hubo una gran jornada en las calles de apoyo a todas las luchas.

En la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos del país se movilizaron organizaciones sociales e importantes sectores de trabajadores junto a la izquierda. Hubo marchas, cortes, caravanas y actos, uno del Plenario del Sindicalismo Combativo en Plaza de Mayo y otro en el Obelisco. Se escucharon las voces de los representantes de las luchas.

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Porque las burocracias sindicales son cómplices, pero nuestro futuro está en las calles, que no se las regalaremos a la derecha, y además pelearemos por sacar a los sindicatos de su parálisis y poner la enorme fuerza social de la clase trabajadora y la juventud para salir a pelear.

Pero también, porque de ahí saldrá la fuerza para enfrentar los ataques, pero a su vez para pelear por un programa de salida a la crisis que no implique administrar la eterna decadencia que perpetúa la pobreza y el atraso, sino por uno de salida a los padecimientos de las grandes mayorías, con medidas como el desconocimiento soberano de la deuda, la nacionalización de la banca y el monopolio estatal del comercio exterior para frenar el saqueo, o la gestión bajo control obrero de los resortes estratégicos del país.

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