Mundo Obrero. Debate: cómo luchar contra el ajuste macrista en el ex Ministerio de Trabajo

Buscan reducir la planta de personal para dar una lección al conjunto de la clase trabajadora. Esgrimen falsamente el argumento de la corrupción - que compromete a los funcionarios y empresarios y no a los trabajadores - y el déficit público cuya explicación hay que buscarla en el pago de la deuda externa y la fuga de divisas y no en los magros salarios estatales. El Gobierno aplica esta línea siguiendo las órdenes del FMI, los especuladores y el capital financiero. Por último, el nombramiento de Dante Sica, un hombre de la Unión Industrial Argentina, y la desjerarquización del Ministerio al rango de Secretaría, es un fuerte símbolo de la subordinación de las relaciones laborales al mando directo de las patronales.

En el caso particular del ex Ministerio de Trabajo, la superposición de funciones en las áreas transversales de los ministerios fusionados y la eliminación de programas que tienden a acotar el abuso laboral, a promover el empleo autogestionado o cooperativo, entre otros, están en la mira y son las vías del ataque al empleo estatal elegido por el Gobierno de Cambiemos.

Frente a esta situación los y las trabajadoras de la ahora Secretaría de Trabajo, tienen como primera tarea defender los puestos de trabajo planteando una lucha con el conjunto de la clase trabajadora contra el ajuste de Cambiemos y los Gobernadores que buscan hacer pagar la crisis al pueblo trabajador.

¿Ministerio garante de derechos?

Mientras peleamos codo a codo con todos aquellos compañeros y compañeras que defienden los puestos de trabajo, se hace necesario hacer un debate que hace a la orientación política para la lucha.

Por un lado, el kirchnerismo identifica la defensa de los derechos laborales con la continuidad del Ministerio como garantía de los derechos laborales y la reivindicación de la gestión de Carlos Tomada. Para estos compañeros y compañeras, el problema es la eliminación del Ministerio a quien consideran garante de los derechos laborales.

La mayoría de la Junta Interna incluso, representativa del activismo de las luchas del 2016, sostiene la "defensa del Ministerio de Trabajo ante la decisión del Poder Ejecutivo de reducirlo a una Secretaría dependiente de la cartera de Producción, subordinándolo completamente al lobby empresarial”. El problema de esta formulación de los compañeros y compañeras de la Junta Interna es que deja abierta la puerta a la idea de que hay un campo patronal que es relativamente independiente del "lobby empresarial" y por lo tanto se podría hacer un bloque político con el mismo en defensa de la institución ministerial.

Defensa de los derechos laborales

Hay que tener en claro que cuando las compañeras y compañeros estatales sostienen que el Ministerio que ataca el macrismo es garante de derechos, lo hacen reivindicando la tarea del trabajador estatal y defendiendo instituciones y programas que las movilizaciones sociales le impusieron al Estado como producto de las relaciones de fuerza generadas en la lucha.

Tiene que quedar bien claro que la conquista de derechos democráticos y sociales fueron conquistas de la movilización popular. Pero el kirchnerismo buscó sacarle su contenido de lucha y los presentó como derechos otorgados desde el Estado. Un ejemplo de ello son los programas de empleo y financiamiento a las cooperativas de la Secretaría de Empleo.

La incorporación de los movimientos sociales se realizó como cooptación de los dirigentes y figuras emblemáticas, con la corrupción de muchos de los mismos y con la consecuente desmovilización y pérdida de autonomía de sus bases. Y fue así porque luego de la crisis del 2001, la construcción de hegemonía burguesa en la Argentina, para no poner en peligro el orden político y social, se necesitó si o si de la intervención del Estado como árbitro entre las clases y sectores sociales enfrentados.

El cinismo de un ex ministro

Carlos Tomada, ensaya una defensa del Ministerio de Trabajo bajo el título “Defender el Ministerio de Trabajo, es defender el trabajo”. En dicho artículo, Tomada ensaya una defensa de su gestión al frente del ex Ministerio donde sostiene que en 2003: “nació una idea muy sencilla, pero revolucionaria para esos tiempos: no reprimir el conflicto social”.

Una verdadera falsificación de lo que sucedió durante los dos gobiernos kirchneristas. Para no aburrir recordemos quizás la más emblemática, las represiones en la ruta Panamericana a los trabajadores de Lear durante el 2014, con patotas del SMATA, gendarme carancho y Proyecto X incluidos.

Tomada plantea sin inmutarse: “Esto no se podría haber logrado (…) sin el combate al trabajo ilegal, sin el crecimiento del salario”. Es de público conocimiento que el 40% aproximadamente de la fuerza de trabajo en Argentina durante el kirchnerismo se encontraba precarizada y sometida al fraude de la tercerización laboral.

Sin ir muy lejos, durante su gestión frente al Ministerio de Trabajo, Tomada tenía el 70% de la planta con contratos fraudulentos o precarios, en el propio Ministerio y, a nivel general de los trabajadores estatales, durante toda la gestión kirchnerista se anunciaron muchas aperturas de concursos, pero en los hechos, la planta permanente se achicó y el Estado se mantuvo como el principal empleador con contratos "basura" del país.

Fue sobre esa herencia de la precarización laboral que el macrismo lanzó su ofensiva de despidos en el 2016 y hoy vuelve a amenazar a los trabajadores estatales. Y que sobre esa herencia de precariedad se apoya la ofensiva derechista.

El Ministerio de Trabajo y la lucha de clases

Para muchas compañeras y compañeros, Cambiemos está atacando un Estado cuya función y cuya gestión estaba destinada a garantizar los derechos del pueblo pobre y trabajador, para avanzar hacia un Estado neoliberal. Este es el sentido de degradar al Ministerio de Trabajo como Secretaría.

El problema de esta lectura es que define al Estado como una organización neutra que vacila según la orientación política de los gobiernos de turno. Pero el Estado es una fuerza de dominación de las clases dominantes, de la burguesía y los terratenientes, sobre el pueblo trabajador y su actitud nunca fue neutral. Al Estado hay que caracterizarlo por la clase social que lo domina y del cual es representante de sus intereses generales. En administrar un estado dominado por la burguesía coinciden los peronistas y su modelo de Estado inclusivo, y la derecha empresarial y su modelo de Estado de negocios.

En este marco la función fundamental del Ministerio de Trabajo es la de arbitrar en el conflicto social con el objetivo de desorganizar la fuerza de los trabajadores y cooptar a sus dirigentes.

El general Perón, cuya filosofía era la supuesta “armonía”, entre el capital y el trabajo, definía claramente dentro de esta concepción la función de la entonces Secretaria de Trabajo y Previsión Social: “El problema social se resuelve de una sola manera: obrando conscientemente para buscar una perfecta regulación entre las clases trabajadoras, medias y capitalistas, procurando una armonización perfecta de fuerzas (…) Una riqueza sin estabilidad social (…) será siempre frágil, y ése es el peligro que viéndolo, trata de evitar por todos los medios la Secretaría de Trabajo y Previsión”.

¿La casa de los trabajadores?

En la historia Argentina primero como Departamento Nacional de Trabajo, bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen, tuvo como función fortalecer al ala negociadora del movimiento obrero en detrimento de las posiciones anarquistas y revolucionarias.

Más tarde, como Secretaria de Trabajo y Previsión bajo el mando directo de Perón y luego como ministerio a partir de 1949, la función fundamental de la cartera laboral fue la de cooptar, corromper y regimentar al movimiento obrero y sus dirigentes, estimular la formación de una burocracia dirigente adicta al Estado patronal. De ahí la ley de asociaciones sindicales.

Las características particulares que el peronismo de los orígenes y su política de reformas sociales le imprimió a la cartera laboral, es la que mantiene el "aura" de institución reformista, presentándola como "la casa de los trabajadores". Sin embargo, la injerencia del ministerio de Trabajo desde entonces fue tal que, se llegó a la intervención de sindicatos, la ilegalización de listas opositoras o diversos procesos huelguísticos.

En extremo, esa misma institución, enfrentada al dilema de ser parte de una política de ajuste sobre el pueblo trabajador, fue utilizada por el mismo peronismo para fortalecer a los burócratas que integraban las bandas fascistas de la Triple A entre 1973 y 1976 y que mantenían a los tiros el Pacto Social y la disciplina laboral. O, nuevamente el peronismo, para liquidar las conquistas de los trabajadores bajo el menemismo, con Triaca padre como uno de sus ministros.

El cambio de orientación del gobierno de la derecha empresaria, con total apoyo de las patronales que aprovechan para la licuación del salario y el avance de la reforma laboral y previsional, necesita voltear el "aura" reformista de un ministerio y profundizar su papel represivo de las luchas obreras y el activismo en las empresas.

En oposición a este ataque reaccionario, defendemos y reivindicamos la función social de los trabajadores del estado y aquellos programas y proyectos que fueron fruto de la relación de fuerzas impuesta por la movilización popular y que constituyen un punto de apoyo para el pueblo trabajador en su relación cotidiana con el Estado y las patronales.

Lo que oculta el relato tomadista

La gestión Tomada, más que garante de derechos, fue una gestión puesta al servicio de los peores burócratas sindicales. Fue el mismo que le negó durante 12 años la personería al AGTSyP de los trabajadores del Subte, en beneficio de los traidores de la UTA. La que bloqueó sistemáticamente el reconocimiento de la personería a la CTA, en claro apoyo a los burócratas de la CGT y fue su gestión, la que sostuvo a UPCN y al criador de caballos de pura raza Andrés Rodríguez como único interlocutor de los trabajadores del Estado, en detrimento de ATE.

Ni que decir que Tomada es abiertamente cómplice de haber sostenido la tercerización y el fraude laboral en los ferrocarriles argentinos y de proteger y rescatar al asesino del militante del PO Mariano Ferreyra, un símbolo de la lucha contra la tercerización laboral, el dirigente de la Unión Ferroviaria José Pedraza. Tomada nunca fue juzgado por su complicidad con Pedraza, ni con el fraude laboral en los ferrocarriles, se mantuvo completamente impune en su cargo.

Derrotar el ajuste de Cambiemos, el FMI y los gobernadores del PJ

El macrismo es hoy el instrumento de un nuevo saqueo nacional orquestado por el FMI, que va a empobrecer a los trabajadores y permitir una mayor expoliación de nuestras riquezas. La devaluación brutal, que liquidó los salarios y el objetivo del déficit cero, se harán a costa del despido de miles de estatales y la destrucción lisa y llana de cientos de programas públicos.

A su vez, la ofensiva macrista, quiere desarticular todo aquello que le ponga un freno a las apetencias patronales en el terreno institucional y sentar el mojón ideológico de que son los empresarios quienes mandan en las relaciones laborales. Los trabajadores estatales somos el centro de este ataque y, como respuesta, tenemos que defender nuestros puestos de trabajo y alertar a la población que es la punta de lanza de un ataque contra toda la clase trabajadora.

La defensa de los derechos de los trabajadores, del salario y los puestos de trabajo, no pasa por la defensa de un modelo de Estado patronal frente a otro, sino por la lucha con el conjunto de la clase trabajadora contra el ajuste y los despidos hasta derrotar el ajuste macrista. Demás está decir que las conducción sindical kirchnerista de ATE Capital hace una defensa de palabra de su modelo, ya que en los hechos se niega a un plan de lucha serio, que unifique a los estatales y que imponga el camino de la huelga general y por el contrario es un relato preparatorio de la campaña electoral del 2019, único horizonte posible en sus narices.

Así como reivindicamos la función social que cumple el trabajador estatal y nos oponemos al desmantelamiento de los programas sociales, la Seguridad Social y los organismos de control sobre las patronales, no nos engañamos con la idea de que la alternativa al ajuste de Cambiemos, los gobernadores peronistas y el FMI, sea reivindicar un supuesto glorioso pasado de un Estado burgués garante de los derechos populares y un ministerio preocupado por los derechos de los trabajadores. Mucho menos aún en momentos de crisis económica, donde la disyuntiva es entre quien paga la crisis: ellos o nosotros.

Para los socialistas, solo la clase trabajadora como fuerza dirigente del pueblo y la Nación oprimida, puede terminar con el saqueo nacional que significa el plan del FMI. Solo el Estado que pongan en píe los trabajadores y el pueblo pobre bajo su propio poder, será un Estado de pleno derecho.