Este miércoles finalmente fue entronizado Sergio Massa como nuevo “superministro”. Antes de la ceremonia oficial posaba para la foto con Cristina Kirchner y recibía el abrazo de su hijo Máximo. La postal de Alberto Fernández apurándose a bajar del estrado escenificaba un cambio de gobierno. Los aplausos llegaban desde un público compuesto por representantes “del pueblo” corporativo, desde los titulares de la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de Comercio, la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio y sectores de empresarios –empezando por los sponsors de Massa como Vila, Manzano, Mindlin, Brito–, hasta lo más granado de la burocracia sindical con Daer, Acuña, Moyano hijo, Cavalieri, Yasky, pasando por los gobernadores representados por Kicillof, Arcioni, Quintela, Jaldo, Bordet y Jalil. La noche de la asunción, Sergio Berni sintetizaba las esperanzas de buena parte de los presentes: “con Massa el gobierno ya encontró un conductor”.

Sin embargo, el nuevo timonel “nacido el 4 julio” en su primera aparición vistiendo el traje de ministro se encargó de dejar claro que no se consideraba un mago ni un salvador, pero sobre todo que ya había tenido una primera reunión “productiva” con el Fondo Monetario. Los presentes podían aplaudir tranquilos. El superministro ratificó la meta de 2,5 % de déficit fiscal, lema técnico del ajuste. Más tarifazos en energía, congelamiento de la planta estatal, apriete para quienes cobran planes sociales. Nuevos beneficios a cuantificar para los “exportadores”: agropower, cerealeras, mineras, petroleras. Extractivismo redoblado. Junto con esto, la apuesta a aumentar el endeudamiento externo.

Sin los eufemismos de la prensa local, el diario El País titulaba: “Sergio Massa presenta en Argentina un plan de ajuste acorde a las exigencias del FMI”. La banca norteamericana, sin embargo, ya anunció que quiere más, según el JP Morgan: “Las medidas económicas develadas se quedan cortas en un plan de estabilización”. La materialización de los anuncios de Massa, la durabilidad de los aplausos corporativos y los efectos de las mayores exigencias de los piratas del capital financiero aún están por verse, pero el sentido de la flecha quedó bien claro: más plan de ajuste acorde a las exigencias del FMI… y un “bono” para los jubilados.

Ahora bien, a todo esto: ¿quién lo votó a Massa para estar a la cabeza del poder ejecutivo y tener en sus manos la decisión sobre temas cruciales que hacen a la vida de las grandes mayorías? Nadie, o mejor dicho, solo quienes dejaron su foto de apoyo y aquellos que lo aplaudían en su asunción. Cada cual hizo lo suyo para llegar a este resultado. La pata patronal impulsando el golpe de mercado, con el gran aporte del agropower sentado sobre las silobolsas. La burocracia de la CGT y la CTA cuidando las calles, en la medida de sus posibilidades. Los gobernadores llamando al orden a Alberto. Qué mejor para intentar cumplir el plan del FMI que un hombre directo de la embajada norteamericana como Massa.

Ante este escenario desde el PTS en el Frente de Izquierda, junto con la necesidad de organizarnos e imponer a las centrales sindicales un paro nacional y un plan de lucha en la perspectiva de una huelga general para derrotar el plan de ajuste acordado con el FMI y 6 medidas urgentes para una salida de la clase trabajadora a la crisis, hemos hecho el planteo de luchar por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana. A continuación nos vamos a concentrar en el contenido de esta propuesta de Constituyente y los debates que ha suscitado en la izquierda.

Una Asamblea Constituyente que exprese la voluntad popular

Contra toda aquella ingeniería institucional que se viene realizando a espaldas del pueblo trabajador para redoblar el ajuste y satisfacer al FMI es que le proponemos al movimiento obrero, estudiantil, de mujeres, a los sindicatos y organizaciones del movimiento de masas luchar por imponer la institución más democrática concebible dentro de la democracia representativa: una Asamblea Constituyente.

Desde luego, no nos referimos a una farsa de Constituyente amañada como la de 1994, producto del Pacto de Olivos entre Alfonsín y Menem, donde se impuso el llamado “núcleo de coincidencias básicas” que establecía de antemano que solo se podían discutir detalles formales del funcionamiento del régimen pero excluyendo cualquier reforma en los aspectos centrales que pudiera afectar a la gran propiedad capitalista en beneficio de las grandes mayorías. Planteamos una Asamblea Constituyente libre y soberana, que sea capaz de expresar verdaderamente la voluntad popular, conformada por un diputado cada 20 mil habitantes, donde sus miembros no formen una casta privilegiada sino que sean revocables y cobren lo mismo que un docente, que tenga plenos poderes para abordar todos los grandes problemas nacionales sin restricciones, sin que ninguna de las instituciones del actual régimen tenga derecho a suspender o vetar las medidas que esta adopte.

Las patronales, la burocracia, los gobernadores, el conjunto del Frente de Todos y la propia oposición que espera que el gobierno haga el “trabajo sucio” –incluyendo la devaluación–, saben que la apuesta a que Massa avance con el ajuste para “cumplir” con el FMI solo se puede sostener a través de pactos entre cuatro paredes. Una Constituyente libre y soberana que exprese a las grandes mayorías obreras y populares sin limitaciones ni “contrapesos” no permitiría seguir adelante con el plan del FMI y el saqueo por el cual en los últimos 4 años 70 mil millones de dólares fueron transferidos a las grandes patronales del ingreso de las y los trabajadores que vieron retroceder su poder de compra entre un 20 % y 30 % según el sector, incluyendo las jubilaciones. Podría desconocer la estafa de la deuda con el FMI, resolver ponerle fin al manejo del comercio exterior por las grandes cerealeras y monopolios imperialistas que saquean el país mientras los salarios se hunden por la inflación, o sacarles a los banqueros la potestad de timbear con los ahorros nacionales.

Cuanto más democrática sea una Constituyente de este tipo mayor influencia podrán tener planteos claves para un salida de la clase trabajadora a la crisis como la nacionalización del comercio exterior poniendo a las grandes empresas del agronegocio bajo administración de los trabajadores; la reducción de la jornada laboral a 6 horas y 5 días por semana sin afectar el salario para trabajar menos y que todxs tengan un trabajo genuino; la nacionalización de los servicios públicos bajo control de sus trabajadores; la nacionalización del sistema bancario; y el desconocimiento soberano de la deuda y la ruptura con el FMI.

¿Por qué la izquierda debe proponer una Constituyente?

Para nuestra sorpresa, con el objetivo de señalar el carácter inoportuno de la propuesta de Constituyente, lxs compañerxs del Partido Obrero han argumentado a favor de la “institucionalidad” de la designación del “superministro”. Señalan que:

Massa es una pata de la coalición gobernante y fue impulsado por el conjunto de la misma como ministro de Economía. Sus credenciales ‘institucionales’ están fuera de discusión. La Cámara de Diputados inclusive avaló su reemplazo en el Congreso por una representante de su mismo espacio político. El Frente de Todos es integralmente responsable de las medidas que tome Massa.

Efectivamente el Frente de Todos es integralmente responsable –como lo era antes por cierto– pero la novedad es que hay una especie de golpe de mano palaciego con el objetivo de concentrar poder político para avanzar más rápidamente con el plan del FMI.

No es cuestión de leer La Izquierda Diario, sino a cualquiera de los muchos analistas que, en un sentido o en otro, tomaron nota de la novedad, desde van der Kooy que lo describe como “un casi primer ministro cuya suerte no depende del Congreso” hasta Mario Wainfeld quién titulaba “Primer ministro de facto, un diseño sin precedentes”. Es decir, asume el ejecutivo un personaje que en 2017 –antes de incorporarse al FdT– en su bastión de la Provincia de Buenos Aires sobrepasó la votación del Frente Izquierda por solo unas décimas, y lo hace para avanzar en medidas muy parecidas a las que defendió Juntos por el Cambio en las pasadas elecciones. A su favor, suma el apoyo de Cristina Kirchner que pasó de la crítica a Guzmán al apoyo a Massa que viene a realizar un ajuste aún mayor.

Claro que si hay algo que caracteriza a la democracia capitalista son sus múltiples mecanismos para poner la mayor distancia posible entre la voluntad de las grandes mayorías y las decisiones estratégicas que hacen al destino del país. Empezando por el apotegma constitucional de que “el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”. Si alguna iniciativa que va contra intereses del capital es votada por la Cámara de diputados existe un Senado oligárquico para frenarla, de ser necesario un Presidente con poderes cuasi monárquicos para vetarla y, si todo esto falla una casta judicial vitalicia que puede dejar cualquier ley sin efecto por “inconstitucional”.

Pero el cambio de hecho de Fernández por Massa a la cabeza del ejecutivo va más allá incluso de estos mecanismos “normales” para burlar la voluntad popular. Una de las pocas prerrogativas políticas con las que cuentan las mayorías en los sistemas democrático-burgueses es el voto ciudadano cada 4 años. No porque con ello puedan decidir sobre el plan de gobierno –que como sabe cualquiera, usualmente es más o menos lo contrario de lo que se propuso en campaña– sino porque –al no existir la revocabilidad de mandatos– una de las pocas atribuciones del voto ciudadano consiste en sancionar o repudiar la política ya realizada. Lo nuevo en esta coyuntura es que ahora hasta esa atribución pasó abiertamente a ser patrimonio de las corporaciones patronales, la burocracia sindical, los gobernadores y la embajada norteamericana. Pasarlo por alto sería un error.

En el citado artículo del Partido Obrero también se señala que:

El planteo no se corresponde al momento político. Porque para que una constituyente pueda tener un rol progresivo tiene que ir atada a una movilización popular que coloque en agenda el conjunto de los reclamos de la clase trabajadora y que se enfrente abiertamente al poder político. No es la situación actual. La tarea central de la etapa es, justamente, desarrollar y ampliar la lucha contra el ajuste.

Desde luego que la lucha por una Asamblea Constituyente verdaderamente libre y soberana solo puede ser impuesta con la más amplia movilización obrera y popular. De ella dependerá que la propuesta tenga un carácter más propagandístico o se plantee la posibilidad de imponerla efectivamente. Pero en el planteo del Partido Obrero la lucha de clases se identifica exclusivamente con la lucha económica y la lucha política solo con lo electoral, la lucha contra el ajuste aparece divorciada de la lucha contra un régimen que profundiza sus rasgos bonapartistas. Lo cierto es que ambas están unidas y hacen a una misma relación de fuerzas. Por eso lejos de contraponerse con el desarrollo de la lucha contra el ajuste, la propuesta de Constituyente tiene la capacidad de potenciarla. Trotsky daba cuenta de ello cuando señalaba que:

Las consignas de la democracia formal conquistan o son capaces de conquistar no solamente a las masas pequeñoburguesas, sino también a las grandes masas obreras, precisamente porque les ofrecen la posibilidad (al menos aparente) de oponer su voluntad a la de los generales, los terratenientes y los capitalistas. La vanguardia proletaria educa a las masas sirviéndose de esta experiencia y las lleva hacia adelante.

Como contraejemplo, el artículo del PO plantea el caso de la constituyente chilena que se utilizó para desviar la enorme revuelta de 2019. Y efectivamente, como señalan nuestrxs compañerxs del Partido Revolucionario de Trabajadores (PTR) de Chile en su reciente declaración sobre el tema:

No debemos olvidar que la Convención Constitucional nace del “Pacto por la Paz y la Nueva Constitución” firmado entre cuatro paredes y a espaldas del pueblo por los partidos tradicionales y el Frente Amplio, como vía para salvarle el pellejo a Piñera, desmovilizar la rebelión popular y vaciar las calles en noviembre del 2019. Se pactó un proceso constituyente, que no era una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, para retomar la gobernabilidad que habían perdido producto de las movilizaciones populares.

Pero esto justamente lo que demuestra es que tampoco amplias movilizaciones garantizan que el planteo de Constituyente cumpla un papel progresivo en sí. Puede ser un paso adelante en el movimiento o transformarse en su contrario. Pero es el mismo problema por el cual la revuelta en sí misma es incapaz de conducir a un resultado revolucionario sin la intervención protagónica e independiente de la clase trabajadora. Por eso es que la consigna de una Asamblea Constituyente, surgida del propio movimiento para terminar con los “30 años” del régimen pospinochetista y cambiarlo todo, pudo ser reconducida a una Convención Constituyente ni libre ni soberana, totalmente amañada para proteger los intereses de la burguesía chilena frente a la irrupción de masas.

En síntesis, a la pregunta sobre si la izquierda debe proponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, nuestra respuesta es sí. No solo porque responde al agotamiento histórico de un régimen de sometimiento al gran capital y al imperialismo, sino también porque, en medio de la crisis, este ha dado un nuevo salto entronizando a Massa para redoblar el ajuste exigido por el FMI. Por otro lado, porque una consigna democrático radical como esta puede ser tomada por las masas –tanto entre la pequeño burguesía arruinada como entre la clase trabajadora– con la intención de oponer su voluntad a la del régimen, las patronales y el imperialismo. Esto fortalece la lucha contra el ajuste en curso al tiempo que puede contribuir a preparar políticamente las fuerzas de la clase trabajadora para evitar futuros desvíos como el que sucedió en Chile pos 2019.

¿Una propuesta dentro de qué estrategia?

Otra polémica nos ha planteado Política Obrera de Jorge Altamira. Según dicen, el problema es que: “La formulación del PTS y el MST evita decir quién convocaría a la Constituyente, que es una condición para que sea ‘libre y soberana’, y asuma el poder político. O sea que la convocaría el gobierno… de Massa”. Para Política Obrera si la Constituyente no es convocada por “un Congreso Obrero, sólo tiene reservada una función electorera”. En el polo opuesto, el MST en su declaración sobre el tema se esfuerza por aclarar las vías legales para la convocatoria a una Asamblea Constituyente: “es un mecanismo que incluso existe en la Constitución actual para dar salida en tiempos de grave crisis económica y política, como sucede ahora. Se convoca a elecciones nacionales para votar diputadxs, pero no para integrar el Congreso sino para reformar la Constitución en todo lo que haga falta, sin ningún tipo de limitación”.

Así, mientras que Política Obrera destaca que la Asamblea Constituyente sería un punto de llegada luego de la conformación de un “Congreso Obrero”, el MST resalta que el llamado a elecciones para Constituyente sería una posibilidad inscripta en el marco constitucional actual. Pero en ninguno de los dos casos el problema pasa por las posibilidades que plantea la propuesta de una Asamblea Constituyente desde el punto de vista de la acción revolucionaria. Esta cuestión estratégica y no las especulaciones sobre quién convoca es la central.

Es útil, desde este ángulo, retomar el abordaje que hiciera en su momento Trotsky en torno a la propuesta de Asamblea Constituyente para China. Allí sostenía:

Si en la hora de su derrota el gobierno del Kuomintang [partido nacionalista chino] trata de convocar algún tipo de asamblea representativa, ¿cuál será nuestra actitud? Es decir, ¿cómo aprovecharemos mejor la situación en interés de la revolución, boicoteando las elecciones o participando en ellas? ¿Lograrán las masas revolucionarias formar un organismo gubernamental independiente que convoque a una asamblea constituyente? ¿Logrará el proletariado crear soviets en el curso de la lucha por las consignas democráticas? ¿La existencia de soviets hará superflua la convocatoria a una asamblea constituyente? No es posible responder estas preguntas de antemano. Pero nuestra tarea no consiste en hacer predicciones mirando el calendario sino en movilizar a los obreros alrededor de las consignas que surgen de la situación política. Nuestra estrategia es de acción revolucionaria, no de especulación abstracta”.

En este tipo de aproximación la clave no es especular sobre quién convoca a la Constituyente por fuera del devenir político y de la lucha de clases, sino tener claro dentro de qué estrategia se inscribe aquel planteo. La Asamblea Constituyente es la forma más democrática de la representación parlamentaria, pero el Estado capitalista es más que esto. Está basado en un ejército, en unas fuerzas represivas que tienen un carácter de clase, burgués, y que nadie debe esperar que acepten pacíficamente ninguna decisión que vaya verdaderamente contra los capitalistas. No es necesario remontarse al golpe militar de 1976. Si en el 2008 la burguesía agraria, simplemente ante la amenaza de la suba de las retenciones, estaba dispuesta a “incendiar” el país, no hace falta mucha imaginación para pensar cuál sería su respuesta si se avanzara en las medidas de fondo contra los capitalistas y el imperialismo necesarias para frenar el saqueo actual.

Sin embargo, cuanto más abierta sea la resistencia de los capitalistas a las resoluciones democráticas de una Constituyente, también más quedará expuesta ante las masas la mezquindad de la democracia representativa que los capitalistas están dispuestos a aceptar y mayores podrán ser los sectores del movimiento de masas que lleguen a la conclusión de que es necesario construir un verdadero poder propio del pueblo trabajador y un partido revolucionario con influencia de masas que pueda dirigir ese proceso. Todo esto, a diferencia de lo que sostiene Política Obrera, no es un presupuesto para la propuesta de Constituyente sino justamente un objetivo estratégico.

Democracia burguesa y democracia de la clase trabajadora

Como socialistas, luchamos por expropiar a los capitalistas y peleamos por una democracia muy superior a la más democrática de las repúblicas burguesas por una república organizada a través de Consejos de diputados electos por unidad de producción (empresa, fábrica, escuela, etc.), revocables, que cobren el sueldo de un trabajador y no tengan ningún privilegio. Sabemos que esta perspectiva no es compartida hoy por hoy por la mayoría del pueblo trabajador que, con gran recelo, aún confía en los mecanismos de la democracia representativa y ciudadana. La propuesta de Asamblea Constituyente Libre y Soberana, en tanto forma más democrática dentro de este tipo de democracia, busca que se exprese verdaderamente la voluntad popular frente a la crisis en curso. Es por esto que la izquierda debe plantearla en oposición al régimen actual y los pactos “por arriba” con los que se quieren decidir los destinos del país.

En este sentido, el planteo de Asamblea Constituyente puede cumplir una enorme función tanto pedagógica como para incidir en la relación de fuerzas, para organizar a amplias franjas de la clase trabajadora y sectores populares alrededor de una salida de conjunto antiimperialista, anticapitalista y verdaderamente democrática. En la lucha alrededor de una Constituyente, ya sea para conquistarla o para imponer las medidas que aquella resuelva, sectores cada vez más amplios del pueblo trabajador pueden hacer hasta el final su experiencia con la democracia representativa y ver la necesidad de organizarse y coordinarse desde las empresas, fábricas, el transporte, las escuelas, las facultades, etc. para desarrollar sus propios organismos democráticos de poder y sus propias organizaciones de autodefensa; así surgen de hecho los Consejos (Soviets) de los que hablábamos y que son las instituciones centrales de un gobierno de trabajadores.

Por medio de los Consejos la clase trabajadora puede salir del estado de atomización social. La estructura del poder construido a partir de ellos se vincula directamente a los problemas reales de gestión de la sociedad. De esta forma una amplia democracia y participación se puede combinar con un amplio poder de las y los trabajadores, liquidando los privilegios tradicionales de clase de la burguesía para gobernar en el sentido más amplio del término: no solo definiendo el rumbo político de la sociedad sino también la planificación racional según las necesidades de las mayorías de los recursos económicos sobre la base de la propiedad estatal de los medios de producción. Así, los Consejos o Soviets no expresan solamente un tipo muy superior de instituciones democráticas, sino la forma política para poder llevar adelante una transición al socialismo –que necesariamente es internacional– para terminar con este sistema capitalista de explotación y opresión.