Desde La Izquierda Diario Chile, reproducimos la declaración de la Coordinadora 18 de Octubre por la La Libertad de los Políticos, frente a la emergencia del Coronavirus, y la nula respuesta de la justicia chilena por su situación.
Miércoles 22 de abril de 2020
IQUIQUE, 22 de abril del 2020
A LA PRESIDENTA DE LA ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE IQUIQUE
AL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE JUECES DEL JUZGADO DE GARANTÍA DE IQUIQUE Y
ALTO HOSPICIO
AL DEFENSOR REGIONAL DE TARAPACÁ
AL FISCAL REGIONAL DE TARAPACÁ
AL DIRECTOR REGIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE
Nos dirigimos con mucho dolor a los órganos de Justicia, como familiares de los jóvenes presos por manifestarse públicamente durante el estallido social, para denunciar los procedimientos que se han estado llevado a cabo en torno personas, en su mayoría jóvenes que, injustamente, se encuentran presos el día de hoy sin aun ser condenados, compartiendo espacio y corriendo riesgo, incluso vital, primero entre presos por delitos comunes y segundo, por la amenaza ya palpable del COVID-19 que según las noticias emitidas en distintos medios regionales, ya ha contagiado a al menos cinco funcionarios de gendarmería.
En medio de una pandemia mundial declarada, a los presos políticos de la Cárcel de Alto Hospicio, se le ha negado uno por uno la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario. Cabe mencionar que son jóvenes, varios de ellos no superan los 20 años, y fueron detenidos en el contexto del estallido social, muchos sin pruebas consistentes que los incriminen, siendo no un peligro para el resto de la sociedad, sino para un sistema político y un gobierno que tiene nula credibilidad y contra quienes vimos por meses levantarse a miles de personas.
El requerimiento es simple, cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario, y así evitar cualquier tipo de riesgo vital a quienes se encuentran en investigación y no condenados. Los abogados defensores han solicitado la realización de audiencias de revisión de la prisión preventiva y presentando nuevos antecedentes -como peritajes psicológicos- que prueban que los imputados presos no son un peligro para la seguridad de la sociedad, y que la necesidad de cautela se cumple proporcionalmente con el arresto domiciliario, pero lamentablemente se han encontrado con un sistema judicial viciado y altamente politizado, quién sin más niega el requerimiento.
Sobre lo anterior, es importante recordar que, en la causa RIT 5373 – 2019 del Juzgado de Garantía de Iquique, el Ministerio Público solicitó, respecto del imputado JORGE GALLARDO PEREZ (hijo de la funcionaria de la Fiscalía Regional de Tarapacá XIMENA PEREZ OSTOJIC) como medida cautelar personal y proporcional al hecho investigado –lanzar una bomba molotov encendida a un carabinero-, únicamente el ARRESTO DOMICILIARIO NOCTURNO. Mientras que por los mismos hechos se mantienen en prisión preventiva una decena de jóvenes.
Uno de los motivos que se dio para negar la modificación de la medida cautelar en las audiencias llevadas a cabo las primeras semanas de abril, fue que fiscalía asegura, sin mostrar pruebas ni nada similar, que dentro de la cárcel se están tomando las medidas sanitarias pertinentes para enfrentar la pandemia y que existe un espacio de aislamiento en caso de que sea necesaria la pandemia. Esto contrasta gravemente con la realidad que describen los presos a sus familiares en las visitas, quienes dicen no tener a su disposición ni mascarillas, ni alcohol gel, ni cloro, ni nada de lo que sabemos en necesario para combatir el virus, especialmente en una situación de hacinamiento como es la carcelaria. Hecho que días después sería corroborado, cuando recién el 20 de abril, se publicaran noticias señalando que “autoridades de Salud, Justicia y de la Dependería Penal Pública visitan Centro Penitenciario de Alto Hospicio” pasadas semanas de la pandemia a nivel regional.
Junto con lo anterior, denunciamos nuevamente con mucho dolor e impotencia, que se nos ha negado la posibilidad de presenciar las audiencias de nuestros hijos de manera virtual, ya que, le han puesto contraseña a la sala virtual en que éstas se efectúan, dejándonos afuera con una tremenda incertidumbre.
No puede ser que sea este el trato que se les da a quienes deberían tener con quienes se les presume inocentes y a nosotros, sus familias. Esta postura hace notar que nos enfrentamos a un Poder Judicial frío que no tiene las consideraciones básicas humanitarias que debiesen ser la base del derecho.
Adhieren los familiares de LINCOYAN RIOS PINTO, MARCO IBARRA TOLEDO, BRAYAN IBARRA VALENZUELA, SEBASTIAN TAPIA OREGO, TOMAS PARODI MENESES, DIEGO CONTRERAS BUSTOS, MAURICIO GUAJARDO VALDES, NICOLAS MIRANDA MORALES y FRANCISCO MIRANDA MORALES.
