Cambiemos presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley. Las multas podrían llegar hasta los $ 7 mil. Más castigo, menos educación y cero combate a la cultura machista.
Jueves 15 de marzo de 2018
Foto Daniel Campos
La lucha del movimiento de mujeres por visibilizar la violencia de género en todas sus aristas, logró sin dudas que el “piropo”, ese micro machismo naturalizado e incorporado por la sociedad a la vida cotidiana, sea entendido como acoso callejero.
No fueron pocas las campañas, en redes sociales sobre todo, llevadas a cabo en ese sentido por diferentes organizaciones de mujeres.
Este miércoles en el Senado bonaerense se intentó dar un mensaje desde el oficialismo, como si se hubiera recogido el guante. Capitalizando la postura del “feminista menos pensado”, Mauricio Macri, la senadora por Cambiemos Flavia Delmonte junto al vicegobernador Daniel Salvador, presentaron un proyecto para penalizar este micro machismo.
La definición que el proyecto toma establece como acoso callejero “toda conducta o acción física o verbal, de naturaleza o connotación sexual, basada en el género, identidad y/u orientación sexual, realizada por una o más persona en contra de otra u otras que no desean o rechazan estas conductas”.
El proyecto es acompañado en la Cámara de Diputados bonaerense por Anahí Bilbao de Cambiemos y la subsecretaria de Género y Diversidad Sexual de la Provincia, Agustina Ayllón.
Si bien el proyecto contempla la realización de campañas de difusión que contribuyan a visibilizar esta problemática, el énfasis está puesto en la pena.
Es decir que intentan sancionar una ley que imponga una pena de dinero a una conducta, partiendo de la premisa que el “castigo” es la solución para corregir un problema.
En principio pareciera que Cambiemos decidió tomar un atajo y saltearse algunos pasos. Es realmente difícil pensar que el acoso callejero pueda ser erradicado simplemente porque existe una ley que lo castigue.
Sobre todo si tomamos en cuenta que el proyecto es presentado justamente por quienes integran un gobierno que legitima y garantiza la violencia hacia las mujeres.
Macri ha reducido las partidas presupuestarias para toda la temática de género, lo que implica un deterioro brutal en programas que atendían diversas situaciones. Sin mencionar que sigue sin implementarse la ley de Educación Sexual Integral en las escuelas.
¿Es el castigo la solución?
Si se sanciona la ley, será aplicable en espacios de uso público y privado de acceso público. Entendiendo que el acoso sexual callejero puede manifestarse con conductas verbales, persecusiones y arrinconamiento; abordajes intimidantes; hasta exhibicionismo o masturbación.
Tendiendo en cuenta estas definiciones, varias preguntas surgen a partir de la “iniciativa” del gobierno provincial. ¿Se contempló la redacción de un protocolo de aplicación que delimite las acciones a tomar en estos casos? ¿Qué autoridad sería la encargada de aplicarlo?
Hacer hincapié en la condena y no en herramientas que permitan concientizar sobre este tema es entregarle por ley más poder punitivo al Estado, a las fuerzas represivas del gatillo fácil. Fuerzas comprobadamente misóginas y homofóbicas, como la Policía Bonaerense, que no harán más que seguir atacando a los sectores más vulnerables.
Por eso es importante remarcar que aumentar las sanciones y las penas no traerá soluciones. Diferentes estudios y estadísticas demuestran que incrementar la penalidad de los delitos no hace que estos desaparezcan ni mucho menos.
Hay que tener presente que es el mismo Estado quien naturaliza los diferentes tipos de violencia, entre los que se encuentra el acoso sexual callejero. No olvidemos, sin ir más lejos, los comentarios del propio Mauricio Macri al minimizar la violencia que provoca “un piropo”, con la lamentable frase que todos conocemos.
Solo con políticas públicas que destinen los fondos necesarios para campañas educativas y de prevención, y con programas que puedan actuar como una red paliativa, se estará en condiciones de empezar a abordar esta temática. Algo que, lógicamente, no está en las intenciones ni en los proyectos de Vidal y sus legisladoras y legisladores.
