La Comisión Provincial por la Memoria presentó un habeas corpus colectivo, luego de una inspección en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Denunciaron graves violaciones en las condiciones de detención. El Juzgado de Garantías N° 5 de La Plata ordenó medidas para garantizar condiciones dignas para las personas privadas de su libertad.
Valeria Jasper @ValeriaMachluk
Domingo 5 de junio de 2022 20:42
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su cáracter de Mecanismo de Prevecnión Local de la Tortura denunció las graves condiciones de detención detectadas en el relevamiento que realizaron en los sectores de admisión, el pabellón 2 y el sector de aislamiento de convivencia (SAC) de la Unidad Penitenciaria 9 de la ciudad de La Plata.
La CPM constató prácticas de aislamiento ininterrumpido en celdas sin servicios básicos, la nula o escasa posibilidad de asistencia a actividades educativas, laborales y recreativas, la ausencia total de atención médica o psicológica y la falta de alimentación adecuada, enmarcado en una deterioro generalizado de las condiciones estructurales del edificio.
El habeas corpus fue presentado ante el Juzgado de Garantías N° 5 de La Plata a cargo de Marcela Garmendia, quien dispuso pericias sobre las condiciones de alojamiento, el estado edilicio, y solicitó un informe a la Superintendencia de Seguridad Siniestral del Ministerio de Seguridad.
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De los informes y las visitas realizadas por parte de integrantes de la Asesoría Pericial se constató el “agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención”: falta de instalaciones sanitarias para la higiene personal, precariedad en las conexiones eléctricas: falta de insumos médicos, atención sanitaria extramuros y urgencias sin respuestas; por lo que el fallo ordenó que en el término de noventa días la directora de Política y Gestión Penitenciaria dependiente del Ministerio de Justicia, el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense y la Dirección General de Salud Penitenciaria adopten las medidas necesarias para garantizar condiciones dignas de detención en esos pabellones y el sector de internación de sanidad.
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De acuerdo a lo consignado en el fallo, la Unidad Penitenciaria N° 9 aloja actualmente cerca de dos mil personas, superando ampliamente el límite de cupo establecido para el establecimiento que es de 1450 detenidos. Según detalló la pericia social hay 11 agentes penitenciarios por turno de 24 horas para toda la unidad “lo que a nuestro entender sólo puede derivar en la pérdida de derechos humanos básicos para personas en contextos de encierro…”, explicitaron las peritas sociales.
Según los datos abiertos que brinda la CPM, al mes de mayo de 2022, 50.851 personas se encuentran privadas de libertad en el Servicio Penitenciario Bonaerense, lo que representa un incremento del 6% respecto del mismo mes del año pasado.
Estos datos dejan al desnudo, una vez más, las inhumanas condiciones en las que están encerradas, en su mayoría por delitos menores contra la propiedad o venta de drogas al menudeo (no narcotraficantes). Además el 50% aproximadamente de la población carcelaria está en situación de prisión preventiva, es decir, que no se ha demostrado en juicio sin son culpables o inocentes de los supuestos delitos de los que se los acusa.
Sobrepoblación y condiciones de hacinamiento se han vuelto una fórmula característica de la política carcelaria llevada a cabo por todos los gobiernos, aún de aquellos que, como el Frente de Todos, se arrogan discursos de derechos humanos pero en la realidad siguen sosteniendo a las cárceles como centros de tortura.
