Datos que matan relato. Denuncian avance de “graves violaciones de derechos humanos” bajo el gobierno de Kicillof

La Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura presentó el informe anual con la información relevada concerniente al sistema de encierro y las políticas de “seguridad” que se llevan a cabo en el territorio bonaerense.

La información sistematizada da cuenta de “las graves violaciones de derechos humanos que persisten en lugares de encierro sobre personas adultas o niños, y en el despliegue policial en los territorios”.

Un sostenimiento de las políticas de “disciplinamiento y sometimiento de los grupos señalados como peligrosos que forman parte de los sectores populares”, que vienen implementando todos los gobiernos que han pasado por la casa de Gobierno bonaerense.

Durante el año 2021 “se consolidaron las políticas punitivistas” si vemos las cifras que muestran el crecimiento sostenido de la población detenida en cárceles, alcaidías, comisarías y monitoreo electrónico: de 50.148 personas en 2020 a 54.107 en 2021. Este aumento fue acompañado por una política de “saturación policial en los territorios, expresada en anuncios de incorporar en dos años de 40.000 nuevos policías, la mayor parte para trabajar en el Conurbano bonaerense, que se sumarían a los casi 100.000 con los que cuenta la Bonaerense”.

Cabe recordar aquí los 37 mil millones de pesos que destinó el gobernador Kicillof en 2020 para llevar adelante el ambicioso Programa de Fortalecimiento de la Seguridad, seguido de un sustancioso presupuesto para 2022, aprobado a los apurones a fin del año pasado, con nada menos que $261.816.673.000.

“Seguimos trabajando para jerarquizar el trabajo de nuestras fuerzas de seguridad con una inversión histórica. Una Policía más equipada, profesionalizada y mejor remunerada se traduce en más seguridad para cada bonaerense”, manifestaba con orgullo el gobernador del Frente de Todos luego de anunciar uno de los tantos incrementos en los ingresos de la fuerza; pero la realidad mata todo relato.

Los números hablan por sí solos

En 2021 se registraron 120 muertes producidas por policías en el territorio provincial; 25 víctimas eran menores de edad, manteniéndose la cifra de años anteriores, y 10 casos por razones de género: siete femicidios y tres femicidios vinculados. Casos como los de Úrsula Bahillo, José Luis Fernández, Luciano Olivera, Agustín Méndez son algunos de los que este diario ha venido denunciando cotidianamente.

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En lo que respecta a cárceles y comisarías existe una responsabilidad directa del ministro de Seguridad Sergio Berni en cuanto a las cientos de detenciones sin orden judicial llevadas a cabo por una policía cada vez más envalentonada. Para fines de 2021 había 4.445 personas detenidas en comisarías. En los últimos 10 años (2012-2021) la población detenida en comisarías aumentó un 397%. En cuanto a la sobrepoblación, en 2021 fue de 222%. Los años 2020 y 2021 presentan las cifras más altas desde 2006.

En ese contexto, las muertes en comisarías alcanzaron un récord: 25 personas fallecieron bajo custodia policial, la cifra más alta en los últimos 10 años, periodo en el que se registraron 187 muertes en dependencias policiales de la Provincia. “La mitad de las comisarías donde murieron personas en 2021 estaban clausuradas o no habilitadas”, detalla el informe. Esta política criminal de encierro tiene su correlato en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB): en diciembre de 2021 el número de personas alojadas en cárceles y alcaidías ascendió a 49.662 personas contra 45.392 de diciembre de 2020.

En materia de salud, las cuestiones sanitarias no atendidas provocaron la mayor causal de muertes en contextos de encierro. En 2021, 199 personas murieron en cárceles provinciales contra 178 en 2020. De estas 199 muertes, 8 de cada 10 ocurrieron por problemas de salud no asistidos.

En 2021 fueron contabilizadas más de 45 mil hechos de tortura, malos tratos o falta de acceso a la justicia, las que derivaron en 25.500 presentaciones judiciales. Sin embargo parte del sostenimiento de estas prácticas es por el rol cómplice de un Poder Judicial clasista que naturaliza y hasta “legaliza” este accionar.

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Otro de los datos que muestra que la política de criminalización y encarcelamiento se viene sosteniendo es el siguiente: casi 900 mil investigaciones penales fueron abiertas contra personas mayores de 18 años, fueron ordenadas más de 39 mil privaciones de libertad de las cuales el 90% fueron sin orden judicial previa.

Recordando al presidente Alberto Fernández, quien afirmó que a un presidente se lo juzga por el estado de sus cárceles, más de la mitad de las personas privadas de su libertad lo está con la prisión preventiva: a diciembre de 2021 sólo el 46% de las personas detenidas a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense tenía condena firme.

En estos dos años y medio de gestión del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, y en plena crisis económica y social, mantener a las tropas contentas para controlar a los pobres y reprimir la protesta es una cuestión de Estado. Mejoraron sostenidamente la condiciones materiales en las que la fuerza realiza sus tareas, al tiempo que se encargaron de encubrir a sus miembros en cuanto delito o crimen se vieron involucrados.

En este contexto, el empoderamiento de la Policía, del Servicio Penitenciario y demás agencias represivas no puede pensarse por fuera de los objetivos estratégicos del Estado para controlar y reprimir a los sectores más castigados de la sociedad, muchos de los cuales hoy están expresando su bronca en las calles y anticipan una situación aún más compleja en el marco del ajuste y la crisis.