Docentes mendocinas denuncian que el gobierno no paga el Item Aula, que supone un 10% del sueldo básico, a mujeres de licencia por enfermedades o complicaciones derivadas de embarazos. Los pacientes oncológicos si lo cobran, pero deben realizar un trámite para solicitar que no le descuenten del sueldo. Desde el SUTE aseguran que por semana llevan entre 20 y 30 casos de injusticias laborales
Martes 27 de noviembre de 2018 11:33
Foto: www.mendoza.edu.ar
Desde agosto de este año los y las trabajadoras de la educación han tenido que adaptarse a un nuevo sistema de licencias médicas, control y seguimiento médico. Desde el gobierno aseguran que el nuevo sistema funciona correctamente, que es eficaz y que se garantiza buena atención a la salud de los docentes. También aseguran que a enfermos oncológicos y a embarazadas sí se les paga ítem aula.
Sin embargo, hay varios casos de mujeres embarazadas a las que no se les ha pagado este ítem, que supone un 10% del sueldo básico, durante los meses que tuvieron que pedir licencia cuando se trataba de complicaciones derivadas del embarazo. Rocio, profesora de media, cursa un embarazo de cinco meses y comenta que no ha percibido el ítem aula en los meses en los que tuvo que pedirse licencia por complicaciones asociadas al mismo. “Desde el SUTE, me informaron que el gobierno dijo que sí pagaría en casos como el mío, pero nunca emitió la resolución, quedó todo en palabras”. Además, asegura que “mi sensación con los médicos de Osep era que si les llevaba el alta me trataban bien, y si por el contrario, mi médico me extendía la licencia, el trato era distinto”.
Alejandra Castelli, secretaria de salud Laboral del SUTE afirma que el ítem aula se lo pagan a personas con enfermedades de tipo oncológicas o enfermedades en las que corre riesgo la vida y a quienes padecen alguna enfermedad laboral (ART). A las personas embarazadas con alguna complicación no se les paga. Vale aclarar que a enfermos oncológicos no les pagan ítem aula automáticamente, hay que hacer una nota dirigida a recursos humanos. “Todo depende de vos, las personas que no tienen esa información ven vulnerados sus derechos”. “Ahora estamos a punto de firmar que las personas con cáncer que son suplentes reciban salario, no a todos los suplentes en esas condiciones de salud se las está sosteniendo actualmente. Hace poco tuvimos un caso de una docente de 26 años, ya fallecida, que iba a trabajar después de la quimioterapia y tenía que irse al baño mientras daba clases porque se descomponía. Eso lo hacía porque les descontaban su salario si se tomaba licencia”.
Para Castelli, “el ítem aula solo sirvió para que el gobierno ahorre plata. Los docentes que no llegan a fin de mes, efectivamente van a trabajar si se enferman, pero esa es la cuestión: van enfermos. Y ese es un gran riesgo para la salud de todos. He tenido casos de escuelas que se han contagiado sarna. Hay docentes que van con conjuntivitis y otro tipo de afecciones que son contagiosas”.
Hay varios casos de mujeres embarazadas a las que no se les ha pagado este ítem, que supone un 10% del sueldo básico, durante los meses que tuvieron que pedir licencia cuando se trataba de complicaciones derivadas del embarazo
Desde el SUTE aseguran que por semana llevan entre 20 y 30 casos de injusticias laborales, que les aplican mal la ley (ley 5811, régimen de licencias). Esta ley muchas veces es desconocida por los médicos que trabajan en salud laboral, al igual que los administrativos que trabajan en el nuevo sistema. También afirman que el sistema no es eficaz. “Actualmente queda un solo médico de cada especialidad, hay una sola psiquiatra y psicóloga no hay, atiende una de Osep. La coordinación de salud laboral sigue llevando la auditoria y esto no está centralizado. Cuando vamos a reclamarle algo, alguna licencia que no se le aplica el acuerdo paritario, una licencia que se queda sin cobrar porque no consignan que hay un cambio de patología, a ella no le llega la información de cada uno de los pacientes. Antes todo esto estaba junto, ahora se aplica la ley en un lugar y se auditora en otra. Al dividirse el control de ausentismo de la junta médica de calle San Juan, la coordinación de salud laboral no cuenta con elementos para aplicar la ley, no tienen el estado de información del estado de la licencia. Otra cosa muy irregular que sucede sobre todo en departamentos como Alvear o San Rafael que hay pocos médicos, es que los mismos que dan tratamiento por alguna patología son los que deben levantar o dar licencia”.
Desde el gobierno informan que el mayor porcentaje de licencias que se dan son por enfermedades psiquiátricas. Resulta al menos llamativo que no se le dé una explicación a esta problemática o no se haga ningún tipo de reflexión, más que el de castigar con el descuento del ítem aula. Los y las trabajadoras de la educación tienen que enfrentarse todos los días con diverso tipo de situaciones emergentes. Valeria, docente de secundaria comenta que una vez en el aula debatiendo sobre el tema del aborto, se encontró con que dos chicas eran o habían sido abusadas por familiares. “A esto hay que sumarle que tenemos adolescentes con padres que están presos, con madres que trabajan todo el día y no pueden acompañarlos en su proceso de aprendizaje, chicos a los que se les quemó la casa y están viendo dónde parar o que directamente duermen en una carpa”. Dar clases en estas condiciones supone un esfuerzo enorme para las docentes que no solo deben cumplir con el programa sino que tienen que contener situaciones emergentes de todo tipo. Y eso el gobierno no lo tiene en cuenta.
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También hay casos de docentes que son perseguidos por directivos en las escuelas. Lo que hacían era hacer un pedido de reevaluación, lo cual era una herramienta de persecución hacia los trabajadores de las escuelas, se les pedía un psicofísico y desde salud laboral les daban el no apto por psiquiatria. (los pedidos de reevaluación han podido ser frenados por reclamos el SUTE). Al respecto, Castelli explica que “la ley 5811 se divide en enfermedades laborales que las toma la ART y las inculpables. Salió un decreto en el año 2005 que dice que las inculpables se extienden hasta dos años las licencias pagas. Las únicas que se excluyen son las psiquiátricas y las psicológicas que son pagas durante 6 meses y si tenés carga de familia, hasta un año. Por eso es que buscan darle este tipo de licencias a los trabajadores, porque son más baratas para el gobierno. Y estas licencias son sumamente estigmatizantes. En los casos en los que directivos persiguen a docentes porque no les gusta cómo se desempeñan, muchas veces terminan enfermandolos por esa situación, si luego se piden licencia psiquiátrica y terminan en cambio de funciones, esos docentes ya no van a poder crecer en su carrera, no van a poder aspirar a otro cargo”.
Otra irregularidad muy grave que denuncia Castelli es que “no se respetan los diagnósticos de los médicos, hay una línea fuerte de levantar licencias rápidamente sin importar si la persona está en condiciones de volver a su trabajo”. En esto se ve claramente que hay presión desde la junta médica y también está la presión económica de no querer tomarse más días de licencia para no sufrir grandes descuentos, como fue el caso de Miriam Azzolina de Lavalle, quien falleció de un ACV que podría haberse evitado con una buena atención en salud. Sobre esto, Castelli asegura que “tenemos muchos testimonios de personas que están enfermas y que piden el alta voluntaria porque no solo no les van a pagar el ítem aula, sino que no les van a pagar nada porque les cortan el sueldo”.
