Un ex militar asegura haber presentado pruebas de que en las tierras que el gobierno intenta vender en Tunuyán funcionó un centro clandestino de detención y habría cuerpos enterrados
Jueves 1ro de junio de 2017
Fotos: Diario Los Andes
Jesús Villegas, ex chofer del Ejercito entre 1980 y 1984, se presentó ayer ante la Secretaría de Derechos Humanos de los Tribunales Federales de Mendoza y asegura haber presentado pruebas de la existencia de cuerpos de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar en los terrenos de La Remonta que el gobierno nacional pretende vender.
En las 10 mil hectáreas de terreno, funciona la base militar “Campo Los Andes”. Allí, Villegas asegura que funcionó un centro clandestino de detención donde hoy están las caballerizas. El ex militar denunció haber visto personas encapuchadas detenidas (y asegura haber aportado pruebas fotográficas de marcas en las paredes que registrarían el paso de detenidos por el lugar) y haber escuchado de otros militares que detenidos que habían sido asesinados estaban enterrados en el lugar.
El fiscal general Dante Vega investiga una denuncia similar de otro poblador de la zona, por la que se realizaron excavaciones hace algunos meses, sin haber encontrado restos humanos.
Villegas realizó esta misma denuncia en 1984 en un juzgado de San Rafael y la causa fue cajoneada. Además Villegas denunció que cuando realizó la denuncia en esa oportunidad fue detenido ilegalmente por personal militar. “Estuve secuestrado por 92 horas en la sede del Comando del Ejército, en la calle 9 de Julio. Querían que me dejara de averiguar”, relató el ex militar.
Además denunció que esta semana, cuando se presentó para reactivar su denuncia (que había sido cerrada definitivamente en 2013) se encontró con que en su legajo militar había sido dado por muerto.
Los terrenos en cuestión, son parte de las tierras que hoy se encuentran en disputa por el intento del gobierno nacional de venderlas. Pobladores de la zona se resisten al remate de las tierras y, tras reiteradas denuncias y movilizaciones, consiguieron una medida judicial que frena momentáneamente el proceso de venta hasta que la corte se expida sobre el tema.
