Violencia de Género. Denuncias de violencia dentro del Estado en Jujuy: ¿cómo enfrentarla?

Violencia es… cuando nuestras vidas están atravesadas por la violencia de género y la precarización laboral

No es novedad que la presencia femenina en los diferentes ámbitos laborales crece y crece, en Argentina el 47,8% de las mujeres trabaja o busca trabajo, pero nunca nuestra situación es la misma que la de nuestros compañeros, además de la conocida “doble jornada laboral” (las tareas domésticas que recaen principalmente en nosotras), mientras entre los varones la precariedad alcanzó en 2017 al 46% entre las mujeres llegó al 58%. Y no termina ahí, no basta con que seamos la mayoría entre las precarias, sino que entre las más jóvenes los derechos son un privilegio que pocas conocimos. Según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas en el segundo trimestre de 2018 el trabajo en negro en las mujeres adultas era del 30%, mientras en las jóvenes de 18 a 24 años alcanzaba el 58% y la desocupación en las primeras llegaba al 9% mientras en las últimas al 27,6%; respecto a los salarios las mujeres adultas cobran un 34% más que las jóvenes y finalmente el 55% de las mujeres jóvenes no tiene obra social.

Nadia trabaja hace cinco años para el Estado provincial con un contrato de obra (monotributista), "del sueldo de miseria que nos pagan tenemos que pagar AFIP y Rentas. Si nos atrasamos un mes en AFIP (que acaba de subir un 51%) perdemos la obra social inmediatamente ya que para cualquier trámite exigen estar “al día”. Obviamente no tenemos ningún derecho: ni paritarias, ni derecho a sindicalizarse y poder protestar, ni a organizarnos ni nada. Nos pagan la misma cantidad (poco más de $16.000) desde enero de 2019. Y ahora firmamos nuevamente contrato por esa cantidad y sólo por tres meses."

Esta postal de desigualdad de género, como dan cuenta numerosos análisis, se ha profundizado en los últimos años al calor de la crisis y las medidas de ajuste aplicadas por el gobierno de Macri. Medidas que el nuevo gobierno de Alberto Fernández ya ha demostrado que continuará, recibiendo por ello las felicitaciones del FMI.

Nuestra provincia no es ajena a esa realidad, de hecho cerramos el año encabezando los indices de destrucción del empleo registrado y con una desocupación del 4,8%, dónde otra vez, las mujeres nos llevamos la peor parte. Más aún en Jujuy, donde la precarización del trabajo y de la vida son la norma: 9 de cada 10 jóvenes trabajan "en negro"; y en la administración pública reina la precarización, una herencia de los gobiernos del PJ que Gerardo Morales ha sabido profundizar atacando los derechos más elementales.

Siguiendo con la vida de Nadia, nos cuenta que sus compañeros/as llevan 7, 10, 15 años en la misma situación "ninguno está en planta permanente, todos contratados en distintos niveles de precariedad. Pese a toda esta situación, sólo nos “regalan” - según sus propias palabras! - cinco días de “vacaciones”, porque nuestro contrato “no las contempla”".

Puede parecer una sumatoria de números y datos que nada tienen que ver con las denuncias que aquí queremos abordar, pero cabe preguntarnos ¿si la precarización de nuestras vidas, de la que el Estado es parte actuante cuándo permite los despidos en las fábricas u oficinas donde trabajamos (o nuestros padres, hermanos, parejas), cuando ataca la salud y la educación, cuando precariza más y más nuestros salarios, mientras nos niega derechos elementales; no afecta nuestra posibilidad de enfrentar esa otra violencia con la que muchas nos encontramos en nuestros lugares de trabajo?

Y nos respondemos con algunos ejemplos, cansada de los maltratos en su espacio de trabajo una joven se reúne con sus superiores y es atacada por Agustina Mulqui, Gabriela Aletti, Lucía Mulqui y María José Chara, las funcionarias a cargo de su repartición quiénes le bajaron los pantalones y le robaron el celular, amenazándola para que no prosiga con las denuncias de maltrato laboral y acoso. De la misma forma, la última denuncia al ministro de Trabajo la hace una joven que declaró “la mecánica es siempre la misma, ofrecimiento de una mejor situación económica y/o laboral a cambio de aceptar sus ofrecimientos de salir y tener encuentros sexuales; ante mi negativa y pedidos de que se ubique paso a ser irrespetuosa, por lo que acude a actos de violencia, ya sea con gritos, humillaciones de todo tipo, etc. Al momento de renovar contratación se repite el acoso con la presión de quedar sin trabajo y sin sustento para mi hija.” Todas ellas son monotributistas, es el Estado quien las precariza, sus funcionarios/as quienes las violentan.

Cierra Nadia su relato, reafirmando que no son casos aislados, sino una constante en la cotidianeidad de las trabajadoras “ni hablar las situaciones de violencia laboral y situaciones por demás incómodas que tenemos que vivir y aguantar las mujeres por parte de algunos jefes”. Y cierra “todo es doble para nosotras, pero la fuerza también!" aludiendo al resurgir del movimiento de mujeres que parece haber llegado para quedarse.

El Estado, el patriarcado, el capitalismo… y las mujeres

Nos dice Andrea D’Atri, a propósito de otro debate que “en los estrechos marcos de las democracias capitalistas, durante estos años de reacción (y “progresismo”) neoliberal, la feminidad quedó esencialmente definida en función de la vulnerabilidad sexual: el acoso, el abuso, la violación… Bajo este paradigma, pareciera que las mujeres deben ser “protegidas”, por su carácter de víctimas a priori impotentes y pasivas, ante una sexualidad masculina activamente depredadora, pero igualmente esencializada y naturalizada” y al ubicarnos en ese lugar el Estado capitalista busca negar su responsabilidad en la perpetuación y legitimación de la violencia machista, y a través de nuevas instituciones busca presentarse como el “tutor” de las mujeres, supuestamente velando por nuestra integridad física a través del fortalecimiento del sistema punitivo, así asistimos al reconocimiento y tipificación de violencias como delitos a los que se les otorga penas cada vez penas más duras mientras la violencia contra las mujeres lejos de cesar, se acrecienta.

Esta ubicación no es “ingenua” no se trata de un Estado ausente o ineficaz, sino que oculta en primer lugar que la violencia contra las mujeres y la diversidad sexual no es un problema individual, sino que es un fenómeno social que se sostiene en los marcos de una sociedad organizada para beneficio de un puñado de empresarios y terratenientes, y que es profundamente desigual y violenta con las mayorías populares; de esta forma busca presentar la violencia como producto de acciones individuales, por parte de hombres particulares a los que muestra como “enfermos” cuando en realidad son una muestra extrema de esa desigualdad y violencia social. También oculta que la visibilización de las violencias que sufrimos las mujeres (y la diversidad sexual) fue producto de la organización y la lucha de las mujeres que supimos ganar las calles y protagonizar grandes luchas por nuestros derechos, y donde las jóvenes son protagonistas indiscutidas.

Mientras más precario es tu contrato, más fuerte será el maltrato

Por eso, volviendo a Jujuy, no es casual que la violencia de los funcionarios busque la impunidad que les da ser parte de una casta de políticos llenos de privilegios, con vidas que nada tienen que ver con la de las mayorías trabajadoras. Más impunidad opinan tener cuando esa violencia se vuelca sobre quienes son sus empleadas/os y los niveles de violencia suelen ser directamente proporcionales al nivel de precarización de las y los mismos. No olvidemos que en el Ministerio de Trabajo sólo 50 trabajadores se encuentran registrados, los y las 100 restantes se encuentran contratados con diferentes contratos precarios.

Entonces una primera conclusión que debemos sacar las mujeres es que ningún Estado de clase ha renunciado a las herramientas de la opresión de género (etnia, y muchas otras), para seguir reproduciendo su propia existencia. Es esa precisamente la clave de la alianza entre patriarcado y capitalismo.

Eso nos lleva a una segunda conclusión igualmente importante, las mujeres no podemos depositar nuestras expectativas en que sea ese Estado el garante de nuestros derechos, y esa certeza la tenemos por haber protagonizado luchas en las calles, paros internacionales de mujeres, haber llevado al Congreso y al Senado nuestra demanda por el aborto legal, seguro y gratuito, y ver cómo los representantes de los partidos tradicionales daban la espalda a nuestros demandas. Por eso no bastan las leyes de como la 26.485 (Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales) o la ley Micaela (27.499), la creación de más juzgados de género, ni más mujeres a la cabeza de los Estados o sus instituciones.

Las mujeres que supimos transformar nuestro dolor y bronca en organización aprendimos que a lo largo de la historia que cada derecho se pelea y se arranca; y que para que todas esas leyes y esa “igualdad” que nos reconocen en el papel se haga carne, es necesario cuestionar profundamente al sistema social que sostiene, fortalece y reproduce la desigualdad y la violencia: el capitalismo.

Queremos el pan, pero también las rosas: ¿cómo garantizamos nuestros derechos?

Las mujeres no sólo somos cada vez más en los espacios laborales, sino que también venimos peleando nuestro lugar en los debates políticos y sociales actuales, lo mostramos poniendo en pie un gran movimiento por #NiUnaMenos o la #MareaVerde. Pero esa fuerza que mostramos en las calles es imperioso que la transformemos en organización también en nuestros lugares de trabajo a partir de la creación de Comisiones de Mujeres en cada uno de ellos. Las Comisiones de Mujeres no son novedosas en la historia de la clase trabajadora, en sus orígenes sólo permitían la organización de la solidaridad de las mujeres ante conflictos obreros (como vimos en el Ingenio La Esperanza cuando Morales dejó en las calles a cuatrocientas familias), actualmente juegan además un rol unificador alrededor de temas que se vuelven estratégicos en una clase obrera feminizada. En ambos casos la organización brinda a las mujeres la posibilidad de ingresar rápidamente a la vida política y, a la vez, abre reflexiones sobre cada lucha particular pero también sobre cuál es nuestro lugar en la sociedad.

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El Protocolo de actuación ante casos de violencia en el Estado provincial creado por el Concejo de la Mujer de la provincia puede ser una herramienta para que las mujeres peleemos por garantizar la protección de las víctimas de la violencia machista, y para terminar con la impunidad y la doble moral del poder político, rompiendo las ataduras que impone el interés de los gobiernos de turno, de sus funcionarios, de los poderosos, de los amigos y de los hijos del poder. Pero para esto es clave nuestra autorganización, independiente de los partidos patronales, que exija que este “Protocolo...” armado a nuestras espaldas sea tratado por todos los sindicatos de la provincia en asambleas dónde las mujeres podamos debatir y apropiarnos del mismo, y sobre todo garantizar su aplicación y avanzar en organizar la pelea para terminar con la precarización laboral, enfrentar el ajuste que quieren seguir imponiendo sobre las y los trabajadores para cumplir con los mandatos del FMI, lo cual no puede más que aumentar los agravios y el deterioro de nuestras vidas, exigiendo a los sindicatos que se pongan a la cabeza de esta pelea.

Este es el rol que deben tener para las militantes revolucionarias de Pan y Rosas las Comisiones de Mujeres, porque es con la participación democrática de las trabajadoras registradas, precarizadas y en negro, que se puede enfrentar las violencias que sufrimos y no detenernos ahí, sino ir por todo. Que estas sean una herramienta para pelear por las demandas laborales, por terminar con la precarización de nuestras vidas y las violencias en nuestros espacios de trabajar, pero sobre todo para fortalecer la lucha en la que, confluyendo con el conjunto de las y los trabajadores, y todos los sectores populares, conquiste un mundo nuevo, donde nuestras vidas merezcan ser vividas.